El Parlamento aprueba la ley gallega de la IA con el apoyo de populares y socialistas

La norma, tal y como expuso en su intervención el diputado popular Julio García Comesaña, tiene «dos prioridades fundamentales». Por un lado, busca asegurar «los beneficios que podrán obtener de esta tecnología el tejido productivo y la ciudadanía en su relación con la Administración pública» y, por el otro, «garantizar» los derechos de los usuarios. «Dos objetivos sencillos pero de mucho calado, que hace que este proyecto de ley tenga, de verdad, potencial transformador», aseveró. Para ello, la Xunta «ofrece a la ciudadanía un marco jurídico estable que le dará la confianza y certeza necesarias en su relación con la administración pública gallega», regulando hasta donde lo permiten las competencias autonómicas –sujetas, en todo momento, al marco jurídico europeo y al estatal–. De esta forma, la norma regula solo las actividades, en este caso, de la Xunta, por lo que no aplica a las actividades del sector privado.

Para asegurar estas dos cuestiones, la Ley para el desarrollo e impulso de la IA en Galicia está estructurada en cinco títulos, que, entre todos, suman 72 artículos. En definitiva, tal y como aseguró Corgos, esta ley lo que hace es «complementar» e «impulsar» todos los beneficios que deben redundar del uso de la IA para los gallegos, fomentando a la vez la formación y la capacitación para el uso de esta herramienta tanto entre las familias como en el sector público. «Lo que buscamos es seguir manteniendo a Galicia en la vanguardia del uso de las nuevas tecnologías adaptadas al territorio y a la sociedad gallega», expuso, mejorando también el «bienestar» y la «aceleración de la riqueza en este nuevo ámbito de desarrollo».

El proyecto de ley salió adelante con el apoyo de la amplia mayoría de la Cámara, con los votos a favor de los populares y también de los socialistas, y ninguno en contra. Ellos, aseguró el diputado Julio Ernesto Abalde, consideran que la ley debería ser «más ambiciosa» e incluir «más avances», concretamente en lo referido al ámbito empresarial privado, la ausencia de sanciones o una relación insuficiente con la Agencia Española de Supervisión de la IA –con sede en La Coruña–. Pero, con ánimo de actuar como una «oposición constructiva», no quisieron ser un inconveniente para su aprobación. «Daremos un apoyo crítico a esta ley que deja muchos deberes para el futuro», aseveró.

Tampoco los nacionalistas fueron un «obstáculo» para dar la luz verde al trámite, como destacó Daniel Castro García, quien expuso que, pese a tener «muchas carencias como para votar a favor», su grupo tampoco iba a votar en contra. Ellos, aseguró Castro, no quieren «copiar» al PP ni al «rodillo que pasa siempre en el Parlamento». Se abstuvo, de igual modo, el diputado de Democracia Orensana, Armando Ojea, que cedió su turno de palabra y no intervino en el debate.