Lorenzana insiste en que Altri depende de la política energética del Gobierno

En sus intervenciones, tanto nacionalistas como socialistas definieron el de Altri como un «proyecto político» en vez de estratégico, apelando al «clamor social» de este fin de semana en la protesta llevada a cabo en A Pobra do Caramiñal. La diputada del PSdeG, Patricia Iglesias, quiso «dejar la pelota» de nuevo en el tejado de la Xunta, después de que dijese que ahora la decisión dependía del Gobierno central, que tiene la competencia tanto para solicitar los fondos europeos como en la planificación eléctrica. Es la Xunta, aseguró la diputada, la que debe dar la autorización ambiental integrada y la autorización para la puesta en funcionamiento.

Por su parte, el nacionalista Brais Ruanova condenó que el objetivo de la intervención de la conselleira fuese «equiparar proyectos punteros en tecnología de hidrógeno con la eucaliptización, expolio de recursos y depredación del territorio de la empresa portuguesa Altri«. Su grupo, expuso, no se opuso a otros proyectos como el de Triskelion o la planta de fibras blanqueadas de Ence, pero sí lo hace contra lo que considera una industria que solo busca consumir recursos y crear valor añadido fuera. La Xunta solo ofrece »turismo, celulosa y salarios bajos«, denunció, y pretende instalar un »falso relato« tras la contestación social del fin de semana.

Unas declaraciones que fueron contestadas con rotundidad por el diputado popular Alberto Pazos, que recordó que, en su momento, el BNG dijo que no a Alcoa, a la AP-9 y a Sogama, y también a la eólica, aunque ahora estén a favor del hidrógeno verde. «¿Me pueden explicar como se va a potenciar en Galicia el hidrógeno verde sin energía eólica?», cuestionó. Acusó, además, a los nacionalistas mentir cuando piden que los 250 millones de financiación que pide Altri se dediquen a la comarca de A Ulloa, algo que «saben perfectamente que no es posible» porque son fondos Perte. Un argumento que el popular definió como «un fraude masivo« a los vecinos de la zona.

Por su parte, la conselleira de Industria dedicó su tiempo a explicar la situación de las inversiones industriales en la Comunidad, especialmente de los proyectos estratégicos –calificación de la que dispone Altri–. A la hora de instalarse o no en un territorio, expuso Lorenzana, las empresas tienen en cuenta una serie de parámetros. Algunos, dijo, son más importantes que otros, como los factores económicos y de mercado, el marco legal o la agilidad en los trámites. «Un gobierno que realmente se preocupa por la industria debe intentar crear un marco en el que todos estos factores sean positivos con respecto a otros territorios», esgrimió. Algo que se hace en Galicia, con figuras como los Proyectos Industriales Estratégicos o los sectores estratégicos –son, actualmente, nueve–, con la creación de la Oficina Económica de Galicia o de mecanismos para facilitar el suelo industrial. Pero esto, dijo, no es suficiente. «Hay dos elementos que cualquier inversor, sea o no gallego, necesita: apoyo económico y energía». Algo que, lamentó, la Xunta «tiene claro»; pero el Gobierno central «no tanto».

El primero de estos aspectos responde a la necesidad de descentralizar los fondos europeos, gestionados íntegramente por el Gobierno central, una batalla en la que los populares llevan tiempo insistiendo. De los 41.000 millones de euros asignados a los Planes de recuperación, Transformación y Resiliencia, expuso, solo se han convocado 25.000, un 60,22%; mientras que las resoluciones suponen tan solo el 41%. Algo que no es «por falta de proyectos» ni de «ideas», sino por una «mala gestión», censuró. En este sentido, aseguró que «hay una falta de encaje de los proyectos industriales estratégicos gallegos», puesto que solo dos han recibido estos apoyos. Hoy en día, son 14 los PIE que hay en la Comunidad, que suponen una inversión superior a los 2.000 millones de euros y 4.325 empleos.

Por otro lado, la conselleira también destacó la necesidad de que estos proyectos tengan acceso a la energía que requieren. «El Gobierno no está acompasando el desarrollo de la red de transporte eléctrico con el desarrollo industrial de España», algo que no solo afecta a Galicia, aseguró. «Perdemos oportunidades y proyectos industriales que requieren grandes cantidades de electricidad», condenó, aseverando que los proyectos estratégicos no pueden esperar por los plazos «extremadamente largos» del sistema de planificación de redes tal y como está concebido actualmente.

Por ejemplo, continuó, los proyectos previstos en las zonas de As Pontes y Ferrol «tienen que esperar a la construcción de dos subestaciones que se incorporaron a las modificaciones del planeamiento de 2021-26», que, «con suerte, »estarán operativas en el año 2028«. Para los de Curtis y La Coruña, en cambio, no hay ninguna previsión en la planificación de la red de transporte. »¿Qué significa todo esto? Que hay proyectos industriales estratégicos que ya se están tramitando en Galicia, como Triskelion, H2Pol, o H2Meirama, que están pendiendo de un hilo«, lamentó.

En este contexto, es urgente que se tomen medidas para revertir la situación, y, para la titular de Industria, hay «una norma clave» para conseguirlo: el proyecto de ley de industria y autonomía estratégica aprobado por el Gobierno. Esta norma, aseguró Lorenzana, «no soluciona ni uno de los problemas que afectan a la industria española», por lo que aprovechó su intervención para pedir a los grupos con representación en el Congreso que apoyen las enmiendas de los populares. Por un lado, reclaman que se incremente la participación de las autonomías en la política industrial, que con este texto queda reducida a la «mínima expresión». Por el otro, más conexión entre la política industrial y la energética. «La energía es lo que puede ser decisivo para que un proyecto llegue a Galicia», esgrimió, y serán el BNG y el PSdeG los que tendrán decidir si están del lado de Galicia o de La Moncloa.