'Caso Pokemon': Un juzgado archiva la investigación que señalaba a los exediles Julio Flores y José Nogueira

José Luis Jiménez

Santiago

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29/03/2023
Actualizado a las 18:54h.

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El castillo de naipes en que se ha convertido la 'operación Pokemon' sigue su derrumbe. En esta ocasión, un juzgado de La Coruña ha decretado el sobreseimiento de una pieza en la que estaban señalados los exediles Julio Flores (PP) y José Nogueira (PSOE), por hechos cometidos supuestamente hace más de una década. Pilar de Lara los acusó –junto a otras nueve personas– de 'enchufar' a personas en contratas del grupo Véndex a cambio de facilitar información de concursos públicos a este grupo empresarial, así como adjudicaciones a su favor.

La juez Pura Caaveiro archivó el pasado 23 de enero la causa, desgajada del tronco principal de la 'Pokemon' con argumentos que ya se han convertido en comunes: pese a toda la instrucción desarrollada en su día por Pilar de Lara, esta es deficiente. «No están debidamente concretados» los hechos de que se acusa, «se señala de manera genérica a autoridades y funcionarios», «se menciona a otros miembros de la Corporación municipal de esos años que no consta que después se siguiera el procedimiento respecto a ellos» y tampoco «queda debidamente acreditada la concurrencia de estos ilícitos penales de tráfico de influencias y cohecho».

La titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de La Coruña reprocha que pese a «toda la instrucción practicada», los hechos investigados «no están debidamente esclarecidos»ni tampoco se ha «individualizado» la responsabilidad concreta de los acusados. Es un argumento similar al empleado por otros jueces para cerrar las piezas separadas sobre la financiación del PP y el PSOE de Santiago o de las relaciones entre Aquagest y el gobierno local del popular Gerardo Conde Roa. O el esgrimido por la Audiencia de Lugo para exonerar por completo a José Ramón Gómez Besteiro en el 'caso Pulpo'.

Esta pieza es una de las 33 en que se troceó la causa principal de la 'operación Pokemon', las ya famosas diligencias sobre los supuestos amaños fraudulentos del grupo Véndex con distintas administraciones públicas. Esta división fue ordenada en julio de 2020 por la Audiencia Provincial de Lugo, después de que un año antes la Audiencia Nacional rehusara la competencia, al entender que no se trataba de una trama criminal de carácter nacional, por mucho que la compañía tuviera tratos con ayuntamientos de toda España.