El juicio de la pieza principal del 'caso Pokemon' sienta en el banquillo 10 años después a 11 acusados

La pieza principal del conocido como 'caso Pokemon' llega a los tribunales diez años después. El 20 de septiembre de 2012 estalló la macrocausa contra la presunta corrupción en distintos ayuntamientos gallegos coordinada desde el Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo, entonces en manos de Pilar de Lara. El exteniente de alcalde de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, Francisco Liñares y otras diez personas se sentarán en el banquillo acusados de la adjudicación irregular del servicio de la grúa municipal en la capital lucense. En la causa ya no está el exalcalde de Lugo, José López Orozco, después de que el nuevo instructor no apreciase «comportamiento delictivo alguno».

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) informó esta tarde de la apertura del juicio oral por las presuntas irregularidades cometidas en la concesión del servicio de la grúa por parte del Ayuntamiento de Lugo a la compañía asturiana Cechalva, en 2005, así como por la supuesta existencia de una caja B en la empresa para presuntamente realizar los pagos pactados por haber conseguido la adjudicación del servicio. Además de los 11 acusados también se juzgará a dos empresas.

El principal acusado es el exteniente de alcalde de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil Francisco Liñares, para quien Fiscalía pide una condena de nueve años y medio de cárcel y 32 años de inhabilitación por violación de secretos, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales. Además del exmandatario municipal del PSOE, que se convirtió en marzo de 2021 en el primer condenado por una causa derivada de la Pokémon, están acusadas otras diez personas para las que se solicitan penas de entre 2 y 8 años de cárcel. Además, para cada una de las dos empresas implicadas demanda el pago de una multa de 4.050 euros y la inhabilitación, por un plazo de siete meses, para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar en el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

En el auto, la jueza confirma la libertad provisional de los investigados dado que no han variado las circunstancias respecto a cuando acordó la medida. Debido a las responsabilidades pecuniarias en las que podrían incurrir, ordena requerirlos para que presten fianzas que oscilan entre los 2.400 y los 1.266.666 euros. Esta última, que es la más alta, es la solicitada a Liñares. Contra el auto de apertura de juicio oral de la pieza principal de la 'operación Pokemon', que consta de alrededor de 170.000 folios, no cabe presentar recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados.