El Gobierno licita por tres millones de euros los trabajos para localizar el buque Villa de Pitanxo
Enviar robots al pecio para investigar las causas del naufragio era una de las grandes demandas de los familiares de las 21 víctimas mortales
El pesquero, el cuarto testigo de la tragedia: «El buque puede ser un libro abierto»
![El pesquero gallego Villa de Pitanxo, en una imagen de archivo](https://s3.abcstatics.com/abc/www/multimedia/espana/2023/02/03/1445079046-RIhNDDgXzdDH0auze0ueqRM-1200x840@abc.jpg)
Cuando faltan menos de dos semanas para el aniversario del naufragio del pesquero Villa de Pitanxo, en el que perdieron la vida 21 de sus 24 tripulantes en aguas próximas a Terranova (Canadá), el Gobierno central ha publicado el anuncio de la licitación de los trabajos para encontrar el buque e investigar las causas del hundimiento.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estima en unos tres millones de euros el coste de todas estas tareas. El propio anuncio recoge que el objetivo de esta iniciativa es contribuir a «la investigación del accidente que está llevando a cabo la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim)».
La de la Ciaim, de carácter técnico, y cuya razón fundamental es averiguar lo que sucedió para que no vuelva a ocurrir, es una de las dos investigaciones abiertas por el naufragio del Villa de Pitanxo. La otra está sobre la mesa de la Audiencia Nacional, que investiga las posibles responsabilidades penales en el naufragio del patrón del pesquero, Juan Padín. Todo ello después de que el tercer superviviente del accidente, el marinero de origen ghanés Samuel Koufie, contradijese la versión de Padín, de su sobrino y también tripulante, Eduardo Rial, y de la propia armadora, el Grupo Nores, sobre las circunstancias del naufragio, apuntando a posibles negligencias del patrón.
Enviar al Villa de Pitanxo robots para tratar de esclarecer las circunstancias del hundimiento ha sido una de las grandes reivindicaciones de los familiares de las 21 víctimas mortales. Al salir a la luz la noticia, María José de Pazo, portavoz de las familias, ha aplaudido un anuncio que llevaban «mucho tiempo esperando». «Es un paso que se consiga finalmente la adjudicación a una empresa que pueda bajar en 2023. No pudo ser en 2022, pero este año se podrá bajar o obtener todas las pruebas que pueda haber tras un año», ha añadido de Pazo.
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