La Fiscalía se empeña en exculpar a Adif de la tragedia del Alvia

Fuentes de la Fiscalía confirman que, en el recurso de apelación que están ultimando, y que presentarán la próxima semana, mantendrán el criterio que el fiscal del Área de Santiago de Compostela que se encargó del juicio, Mario Piñeiro. Pese a que inicialmente la Fiscalía reclamaba condenar a cuatro años de prisión por delitos de homicidios imprudentes y lesiones tanto a Francisco Garzón Amo, maquinista del Alvia, como a Andrés Cortabitarte, entonces jefe de seguridad de la circulación de Adif, al final de la vista el representante del Ministerio Público dio un volantazo.

En su informe final, tras el largo juicio que durante diez meses se celebró en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, y tras meditarlo mucho, Piñeiro consideró que los indicios contra el exresponsable de Adif eran demasiado difusos para condenarle: «Si tengo dudas, no puedo decir que este señor (por Cortabitarte) ha causado un delito», sostuvo en su intervención.

Entre otras razones para pedir exculparlo, el fiscal consideró en ese informe final que la decisión de Cortabitarte de autorizar la desconexión del sistema de seguridad ERTMS (que regula la velocidad del convoy y posiblemente hubiera evitado el siniestro) porque daba fallos de fiabilidad «no tiene relevancia penal» y «estaba justificada, independientemente de que se pueda discutir si era lo mejor». El tren descarriló la tarde del 24 de julio en la curva de Angrois, ya muy cerca de la estación de Santiago, después de que el maquinista la abordara al doble de la velocidad permitida. Garzón Amo iba absorto en una conversación telefónica con el interventor, que viajaba en el mismo tren, en la que trataban una cuestión relacionada con el servicio pero que no era urgente.

En su sentencia, sin embargo, el pasado mes de julio, la jueza Elena Fernández Currás, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de la capital gallega, enmendó a la Fiscalía y condenó tanto al maquinista como al entonces cargo de la empresa responsable del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Tanto el fiscal como la jueza vieron clara la responsabilidad del maquinista. Pero para la jueza es evidente también que «no había nada en la vía que lo protegiese en caso de que, por cualquier causa, el maquinista no cumpliese con la obligación que le imponía el cuadro de velocidades máximas de llegar a ese punto a 80 kilómetros por hora». La sentencia concluyó que fue lo que sucedió la tarde del 24 de julio de 2013: el maquinista se despistó y no había un sistema de seguridad adecuado para corregirle.

Aunque el movimiento de la Fiscalía fuese el previsible, o cuando menos probable, no ha dejado de causar «más dolor y frustración» a las víctimas y a las familias, según valora la Plataforma de Víctimas Alvia 04155. En declaraciones a Ep, el presidente de esta entidad, Jesús Domínguez, afeó el papel del Ministerio Público por sus «bandazos» y, también según su criterio, «defender los intereses de los poderosos». «Adif ya está suficientemente defendido por su defensa», dijo Domínguez, en referencia tanto al letrado de Andrés Cortabitarte como al Abogado del Estado: «Lo que faltaba es que también lo representase la Fiscalía».

Piñeiro, a propuesta del fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz, fue aupado el pasado septiembre a la sección penal del Tribunal Supremo.