La Fiscalía abre diligencias e inspeccionará el psiquiátrico La Robleda
Lo hará a raíz del informe del Defensor del Pueblo que le atribuye malas praxis, retenciones mecánicas a pacientes e, incluso, acusaciones de abusos sexuales
Las pesquisas están abiertas. La Fiscalía Provincial de La Coruña investiga la actividad que se desarrolla en el centro psiquiátrico Hestia La Robleda, en el concello de O Pino, después de que la Defensora del Paciente denunciase presuntas irregularidades sacadas a la luz por un informe del Defensor del Pueblo. El escrito menciona contenciones injustificadas de los residentes e incluso eleva acusaciones de abuso sexual ejercido por el personal de las instalaciones. Ahora, la Fiscalía Provincial ha anunciado que se realizará una inspección del psiquiátrico en el marco de sus investigaciones.
Fuentes de la Fiscalía Superior de Galicia confirmaron a Europa Press que fue la propia institución liderada por Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, la que acudió al Ministerio Público para trasladar el informe en el que denuncia estas conductas, elaborado después de que uno de sus equipos de técnicos acudiesen al sanatorio, sin previo aviso, el pasado mes de septiembre. Durante su visita, el grupo describió presenciar numerosas "malas praxis". Entre ellas, como había adelantado el periódico El País, el internamiento de pacientes durante años y de forma involuntaria "pese a su estabilidad clínica"; o la aplicación de una suerte de régimen disciplinario basado en "castigos" –término que escucharon emplear a una enfermera para referirse a la contención habitacional–, práctica que "resulta poco terapéutica".
Estos periodos de aislamiento se daban de forma "habitual", apostilla el documento, pudiendo durar días, aun con el paciente no mostrando signos de agresividad. "Se pudo corroborar en una de las historias clínicas, no siendo un caso aislado, una contención de nueve días, seguida de tres días más de aislamiento habitacional. Esto supone una vulneración grave de los derechos básicos de las personas ingresadas", señalan los técnicos. Además, denuncian que en el centro "no existe un protocolo bien establecido y operativo" para denunciar violencia y malos tratos, y que este tipo de medidas no las ampara "ningún soporte legal". También indica el Defensor en su informe que las ratios de personal "no se consideran idóneas": en el momento de la inspección, había una sola psicóloga para atender a 94 pacientes.
Y el documento no solo denuncia malos tratos como esos hacia las personas ingresadas. Entre los testimonios recogidos se encuentra el de una paciente que manifestó "haber sufrido episodios de abuso sexual" por parte de un trabajador, que le realizó tocamientos en sus partes íntimas y le insultaba mientras estaba inmovilizada.
Medicamentos y vigilancia
El mal proceder no terminaría ahí. El informe da por comprobado que, sin existir ningún "plan de reducción o racionalización del tratamiento farmacológico", un "número elevado" de dolientes recibía "politerapia de antipsicóticos y otras clases" de fármacos, y a algunos se les suministraban dosis "fuera de la ficha técnica". Según los técnicos, "en prácticamente todas las entrevistas" con personas ingresadas a las que se les preguntaba por sus tratamientos, "ninguna conocía" qué estaba tomando. Igualmente, aluden a un "trato discriminatorio" al prohibir a los pacientes el empleo de dispositivos tecnológicos: "Siendo que hay personas ingresadas desde hace más de 20 años, privarlos del uso de tecnología supone una situación clara de vulneración de derechos".
Del mismo modo, el Defensor denuncia la violación de su derecho a la intimidad y privacidad al haber cámaras de videovigilancia instaladas en parte de las habitaciones y teniendo la dirección del centro "previsto ampliar el área de cobertura" a todos los cuartos. Acción, añade, "especialmente irregular" que no se contempla en las bases legales que rigen el funcionamiento del centro.
Por último, se constata en el informe que las instalaciones llegaron a acoger a menores de edad y, en esos casos, se optó por cerrar dos habitaciones en la segunda planta "para generar un falso espacio diferenciado". De esa forma, el menor disponía de "poco más que su habitación y una pequeña sala común", sin acceso al resto del centro con la misma libertad que el resto de personas.
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Además de todo esto, al final, el documento reprocha a La Robleda que la inserción en la comunidad sea "una parte de su enfoque", pero que el centro no cuente con ningún "procedimiento específico para diseñar un plan de rehabilitación individualizado.
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