La fiscal, al jurado: «Estamos aquí por una cacería brutal e inhumana contra Samuel Luiz»

El escenario, la sala de vistas de la sección primera de la Audiencia Provincial de La Coruña, en el emblemático edificio de la antigua fábrica de tabacos. Y los cinco investigados sentados en línea, con sus respectivos abogados junto a ellos, y la mayoría, aunque no todos, cabizbajos. La fiscal los tenía detrás. Y a los nueve miembros del jurado, seis hombres y tres mujeres, delante. Dirigiéndose a los de delante, pero refiriéndose a los de atrás, la fiscal sentenció: «El mal ya está hecho y es irreparable, Samuel está muerto. A Samuel lo mataron, sólo tienen que decidir si estas personas son responsables de su muerte. Tomen nota y estén atentos».

Esas personas son Diego Montaña, Kaio Amaral, Alejandro Freire 'Llumba', Catherine Silva y Alejandro Míguez. El tribunal popular tiene un mes de juicio por delante para decidir si son culpables. Los tres primeros permanecen en prisión preventiva desde que fueron detenidos poco después del crimen. Los otros dos están en libertad provisional, pero todos se enfrentan a penas que oscilan entre los 22 y los 27 años de cárcel por su supuesta participación en la paliza mortal que acabó con la vida de Samuel. Cada uno con sus particularidades y acciones concretas, pero la fiscal tiene claro que todos «son coautores». Porque «todos sus actos fueron necesarios para conseguir el resultado». Es decir, acabar con la vida de Samuel en una persecución convertida «cacería» contra un joven que estaba «totalmente indefenso». Y siendo partícipes de una agresión tan cruel, «todos los acusados» tenían que saber que la muerte de Samuel era «previsible». Por tanto, también «aceptada» por todos ellos.

El jurado deberá valorar si, efectivamente, los hechos sucedieron como consideran la Fiscalía y las acusaciones particular y popular. En síntesis, su versión fue la siguiente de lo que sucedió la madrugada del 2 al 3 de julio de 2021 a las puertas del pub Andén, ubicado en el paseo marítimo coruñés, junto a Riazor. Samuel, que estaba con una amiga, inició una videollamada con otra amiga que aquella noche no había salido de fiesta. Allí al lado estaban Diego Montaña y Catherine Silva, su entonces novia.

Fue cuando se desencadenó todo. Diego Montaña pensó, equivocadamente, que Samuel le estaba grabando con su teléfono, y tras alguna amenaza e insultos homófobos, arremetió contra la víctima, que no pudo defenderse. Su novia, según las acusaciones, intentó que la amiga de Samuel no le socorriera. Y a la agresión fueron sumándose más individuos, entre ellos, supuestamente, los otros tres procesados –Kaio, Llumba y Alejandro Freire– y al menos otros dos jóvenes más, que eran menores en el momento de los hechos y ya fueron condenados por el crimen.

La víctima no pudo recuperarse de la brutal paliza y murió unas tres horas después en un centro hospitalario. «Samuel Luiz era un joven de 24 años que por las mañanas trabajaba como auxiliar de enfermería y por las tardes aprovechaba para estudiar», describió la fiscal del caso, recalcando que el joven no se había metido con nadie. No se conocían.

Una de las cuestiones a resolver en el juicio, de gran trascendencia mediática, además, será si el crimen tienen tintes homófobos. Las acusaciones creen que sí en el caso de dos acusados, Diego Montaña y su novia, y por eso piden para ellos el agravante de discriminación por orientación sexual. La fiscal está convencida de la «animadversión» de estos dos investigados hacia la condición sexual de la víctima, aunque el abogado de Catherine ya ha adelantado que en el caso de su clienta tratará de demostrar lo contrario: uno de sus mejores amigos es homosexual y otro es transexual.

Si la fiscal optó por el concepto de «cacería» para ilustrar al tribunal del jurado –alguna defensa le dio la vuelta para pedir que el juicio no se convierta en una «cacería»–, el abogado de la acusación popular se decantó por el término de «manada». Una palabra que, además evoca a aquella violación grupal en Pamplona durante las fiestas de San Fermín de 2016. La acusación popular la ejerce Alas Coruña, una asociación sin ánimo de lucro que defiende los derechos de personas LGTBI.

Menos barroca y abstracta que su compañero de estrado trató de ser Esther Martínez, abogada de la acusación particular, que representa a los padres de Samuel, Max y Loli. Recordó cómo les ha cambiado la vida desde que una turba mató a su hijo. «Acababa de cumplir 24 años y ese viernes se despidió de sus padres y les dijo que se iba a cenar con sus amigos. La siguiente vez que lo vieron fue para identificar su cadáver a las 6 de la mañana. Lo vieron con la cabeza reventada a golpes», previno la letrada al jurado.

La abogada de la familia se detuvo en la descripción de la agresión: «Samuel no podía caminar, iba en volandas, los golpes eran continuos y dirigidos a la cabeza». «El sentido común dice que si golpeas a una persona de manera continua durante cinco minutos y en grupo, lo normal es que lo maten. Dicen que no querían matarlo, ¿y que querían?, ¿dejarlo en silla de ruedas?, ¿mandarlo a la UCI?, ¿romperle todos los huesos? aceptaron que lo iban a matar, fue un asesinato», añadió la letrada ante el tribunal popular.

La abogada de la familia también desveló un detalle que no se conocía hasta ahora: después de la paliza mortal, alguno de los supuestos agresores intentó moverse para llegar a un acuerdo y evitar sus responsabilidad. «Alguno de ellos incluso fue al hospital para saber si Samuel estaba vivo o no, pero cuando coincidieron con el padre de la víctima se fueron». En la sesión de este jueves declararán dos acusados.