El día D de Ence en el Supremo

La deliberación del Supremo llega envuelta en el ruido que ha acompañado al debate sobre Ence en los últimos años: por un lado, las consecuencias económicas que el cierre de la factoría tendría para la comarca; por otro, los supuestos beneficios ambientales que generaría su desaparición. Pero ni una cosa ni otra forman parte del meollo jurídico del caso, como quedó acreditado en las sentencias de la Audiencia Nacional. Se trata de un asunto puramente administrativo.

En esencia, la Audiencia anuló la prórroga porque no se justificaba que la actividad de Ence no pudiera desarrollarse más allá de su actual ubicación en las marismas de Lourizán, en plena desembocadura del río Lérez. Así lo exige la Ley de Costas de 1988. La Sala no entró a debatir cuestiones ambientales sino que no consideró debidamente argumentado este requisito por quien concedió la prórroga: el Estado. La paradoja es que fue este mismo Estado el que, una vez que llegó el PSOE al Gobierno, renunció a justificar su decisión, allanándose ante la denuncia contra la prórroga presentada por el Concello de Pontevedra y Greenpeace. Durante el proceso en la Audiencia evitó defender sus propios actos administrativos. Ence se quedó sola. Y perdió.

En el debate jurídico se entrecruzan dos normas. Primero, la Ley de Costas de 1988 que establece el citado requisito en su artículo 32.1; segundo, la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral, que permite las prórrogas excepcionales para las concesiones otorgadas antes de la normativa de 1988. Ence considera que en este caso –dado que su primera concesión data de 1958– solo le es de aplicación la 2/2013, y que su prórroga no está sometida a los requisitos que fija la Ley de Costas. Por tanto, no necesita argumentar la imposibilidad de trasladarse a otro sitio.

Este aspecto ya fue también evaluado por la Audiencia. La Sala de lo Contencioso no consideró que hubiese margen para la exención del requisito. Se amparó en una sentencia del TC de 2015 que establecía que las prórrogas para instalaciones industriales no son «indiscriminadas», sino que «solo puede afectar a las actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación». Sin embargo, un fallo del TS de diciembre de 2021 –aunque referido a una vivienda y no a una industria– sí concedió la primacía al texto legal de 2013 sobre la normativa sectorial.

Queda fuera de discusión el hecho de que la prórroga de 60 años fuera concedida en enero de 2016 por el Gobierno de Rajoy estando en funciones. No suscitó reproche jurídico a pesar de ser uno de los argumentos habituales de la izquierda y el nacionalismo en Galicia, contrarios desde hace años a la continuidad de Ence.

Una resolución contraria a la empresa significaría el cierre de la factoría pontevedresa. Sus consecuencias tendrían efecto directo en el tejido económico. Adiós a 400 empleos directos y otros 5.100 indirectos e inducidos, según estimaciones de la compañía. Ence representa casi el 30% del PIB del municipio de Pontevedra, pero también el 18% del tráfico de barcos y el 60% del volumen de mercancías del vecino Puerto de Marín. Anualmente, unas ochenta mil familias gallegas venden madera a Ence, que al no poder trasladar la planta derivaría las inversiones a su factoría de Navia, en la que prevé mejoras por valor de cien millones de euros. Además, la compañía ya provisionó en 2021 unos 200 millones de euros ante una eventual sentencia desfavorable. El posible impacto en sus cuentas está amortiguado.

El pasado viernes ya protagonizaron un acto conjunto la plantilla, los sindicatos, la patronal provincial y el tejido empresarial y asociativo de Pontevedra, alertando de los efectos de la marcha de Ence. El ámbito forestal sería un gran afectado: la actividad de la pastera garantiza una demanda estable de productos para más de 3.000 pymes, como recordó el presidente de Fearmaga, Elier Ojea, quien lamentó que muchas de ellas se verían obligadas a echar el cierre, al dejar de contar con un acuerdo de suministración a la pastera. «Si perdemos esta punta de lanza, este sector forestal que abarca casi un 2% del PIB de Galicia y que tiene más trabajadores que el sector textil o el de la pesca globalmente», señaló, se abrirá la puerta a que «cien mil familias o más» no puedan «seguir viviendo y comiendo del bosque».

La plantilla de Ence Pontevedra se mostraba este lunes «optimista» ante la resolución que adopte este martes el Supremo. «Vamos a ganar, porque lo creemos y estamos todos convencidos de ello», expresó un representante durante una concentración de trabajadores en la planta, «estamos convencidos de que los jueces nos van a dar la razón».

En el plano político, PSOE y BNG esperan que el TS ratifique la sentencia de instancia «y se empiece a trabajar para trasladar la fábrica», en palabras de la nacionalista Ana Pontón. Pero no existe ubicación alternativa dentro de Galicia. Nadie la ha puesto encima de la mesa. No lo ha hecho la empresa, pero tampoco sus críticos. El PP se alinea con los sindicatos y defiende la continuidad de la planta en la ría. «Pontevedra no puede ser una isla que se quede sin empresas», advirtió el presidente de la Xunta, «espero no tener que lamentar nada». Alfonso Rueda subrayó que «no hay un plan b» si la pastera sale de Lourizán. «No solo estábamos hablando de una empresa, porque Ence es muchísimo más que una empresa, son cientos de familias y es la potencia industrial de Pontevedra», añadió.

No obstante, Ence ha querido desvincular el futuro de su biofábrica en Pontevedra con el proyecto industrial que planea instalar en As Pontes, una planta de fibras naturales recicladas al calor de las ayudas para la 'transición justa' derivadas del cierre de la central térmica. La inversión anunciada para la fábrica sería de entre 330 y 350 millones de euros, crearía unos 1.500 empleos entre directos e indirectos y se empezaría a construir hacia finales de este año 2023.