maltrato animal
Condenan a dos ganaderos de La Coruña por dejar morir a más de 30 caballos: «Fue enseñamiento»
La sentencia acredita las lamentables condiciones en que estaban los animales: falta de agua, de comida, de higiene y de espacio
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El Juzgado de lo Penal número 2 de La Coruña ha condenado a dos ganaderos de Melide (La Coruña) a 17 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para la tenencia y cuidado de animales por dejar morir a más de 30 caballos y otros equinos.
Se trata de los propietarios de una finca ganadera ubicada en Melide y que, según la sentencia, recogida por Servimedia, cometieron un delito continuado de maltrato a animales domésticos.
El juez acredita que los acusados «mantuvieron una gran cantidad de equinos -caballos, potros, ponys y mulos- en una situación de subalimentación constante, suciedad, falta de agua, falta de espacio, de higiene, y en general falta de los más básicos cuidados».
«Mantuvieron de manera consciente y voluntaria a decenas de animales en unas condiciones absolutamente incompatibles con una existencia mínimamente digna», indica la sentencia, lo que contraviene la normativa estatal y autonómica en materia de bienestar animal.
El Partido Animalista Pacma pidió en 2019 una «condena ejemplar» por cada animal maltratado o muerto que aparecieron en esa explotación ganadera. En 2020, el Juzgado ordenó la retirada cautelar de los animales que aún permanecían con vida y su entrega a la Xunta de Galicia.
Ensañamiento
El juez reconoce que la situación «no puede calificarse de otro modo que ensañamiento, pues a simple vista se aprecia el sufrimiento de los équidos», y reprocha a la veterinaria que visitaba la finca que no llamara la atención sobre esos hechos.
«Ella era la responsable de denunciar y no lo hizo», señalando que, aunque no se ha encontrado base legal para imputar un delito, «moralmente es responsable de la muerte de los animales».
Para el Pacma, «esta sentencia es un paso, pero no es suficiente» y no se ha dictado con «la contundencia necesaria» porque y los dos acusados debían haber sido condenados por los delitos de grupo criminal y delito ecológico, así como de falsedad documental para uno de ellos.
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