La reforma de la malversación rebaja una condena por corrupción en el PSOE de Vigo

Francisco Javier Gutiérrez Orúe era un alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo durante los gobiernos socialistas de Abel Caballero. Fue condenado en febrero de 2019 por la Audiencia de Pontevedra a cinco años y tres meses de prisión por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil.

Los magistrados han considerado probado que Orúe era el responsable de una red de facturas falsas que permitió el enchufe de la cuñada de Carmela Silva en una contrata municipal de Vigo. Esta mujer cobró unos 108.000 euros durante cinco años. Se ignora a cambio de qué, porque no fue nunca a su puesto de trabajo. Por no ir, ni siquiera acudió al juicio a pesar de estar convocada al mismo como testigo, lo que obligó a los magistrados a declararla en rebeldía y mandar a la Policía a su casa para que compareciera ante la Sala. Tampoco reintegró al Ayuntamiento el dinero percibido porque su delito había prescrito cuando se inició la investigación judicial. Su factura la acabaron abonando solidariamente el exfuncionario Orúe y el otro condenado por este caso, un exapoderado de la concesionaria, al que se le impuso una pena de prisión inferior a dos años.

La defensa de Orúe reclamó a comienzos de mayo que, de acuerdo con el nuevo delito de malversación, la condena de su cliente debía ser recalculada a la baja. En su escrito estimaba que la reducción debía ser de seis meses. La plataforma Xuntos por Galicia, denunciante del caso, ya reconoció a ABC entonces que, con el Código Penal en la mano, iba a abaratarse su condena, como efectivamente ha sucedido. La Audiencia de Pontevedra accede a la rebaja, pero la limita a tres meses. Así, la condena final se fija en cinco años.

Lo que todavía está pendiente de conocerse es cuándo empezará a cumplirla, por más que la condena sea firme desde que la ratificó el Tribunal Supremo en noviembre de 2021 y a la vista de que el Gobierno parece haberse desentendido de la solicitud de indulto parcial que el condenado presentó ese diciembre, sin que hasta la fecha haya tenido respuesta.

Su defensa solicitó la suspensión de la ejecución de la pena mientras se resolvía la petición de la medida de gracia. La Audiencia accedió. Entre las alegaciones que Orúe remitió al Ministerio de Justicia figuraba su compromiso con los derechos de los trabajadores, que acreditaba con su militancia de varias décadas en el PSOE y la UGT. Su compromiso político estuvo a la altura de su silencio: Orúe fue el dique de contención cuando la investigación judicial quiso conocer qué responsables políticos del Ayuntamiento habían dado la orden de enchufar a la cuñada de la entonces teniente de alcalde y mano derecha de Abel Caballero. Pero el funcionario calló. El mutismo aún le dura.

Su última intentona para eludir la cárcel es un recurso de súplica de sus abogados a la Audiencia, alegando que los magistrados no habían fijado en su auto de suspensión de la condena un plazo para que la petición de indulto fuera resuelta. Desde Xuntos por Galicia han respondido a la Sala que la súplica «no tiene carácter suspensivo», y que sobre Orúe hay dictada una providencia del 11 de abril en la que se le daban cinco días para su entrada en prisión, que sigue sin producirse. Mientras Orúe espera por su futuro, Carmela Silva asegura el suyo: volverá previsiblemente al Senado tras perder la Diputación de Pontevedra.