El ataque de Santiago de Compostela al piso turístico obliga a anular 40.000 reservas en pleno Xacobeo

Mientras el gobierno liderado por el socialista Xosé Sánchez Bugallo se abraza a una sentencia del TSXG que en un caso particular indica que es precisa la obtención de una licencia municipal para operar como VUT, el resto de propietarios recuerdan que el decreto que rige este modelo de alojamiento depende de la Xunta e indica que «solo es precisa una inscripción en el registro autonómico (REAT)», con la que la mayoría cuentan. Este es el quid de una guerra con dos bandos bien diferenciados que está causando estragos en la capital xacobea, un año más a punto de batir cifras de peregrinos y visitantes. El problema ahora, manifiestan los dueños de pisos turísticos, es que el concello se niega a conceder nuevas licencias (solo 36 pisos en la ciudad la tienen) y son los propietarios los que están teniendo que hacerse cargo de los gastos derivados de la cancelación de las reservas que tenían contratadas para el verano, en muchos casos con meses de antelación.

La cuestión es simple. Si anulan la reserva y la plataforma a través de la que se gestionó no encuentra un alojamiento similar, el dueño debe poner de su bolsillo la diferencia de precio con la opción habitacional que se le proponga al cliente. Lo explica la portavoz de Aviturga, Dulcinea Aguín, para quien «Santiago no tiene capacidad para absorber todas estas reservas, lo que daña la imagen de Galicia entre unos viajeros a los que les amargan las vacaciones». «Como propietarios plataformas como Booking te dan la opción de cancelar la reserva por impedimento legal. Ellos intentan recolocar al cliente al mismo precio y siempre que él acepte, pero si el precio es mayor lo tenemos que abonar nosotros» expone. Este está siendo, para muchos dueños de VUT, el día a día desde el inicio de la guerra con el concello.

«Desesperados y muy nerviosos», los propietarios trasladaron su malestar al gobierno local por cómo están gestionando el asunto —que explotó en pleno verano— en una reunión en julio en la que estuvieron presentes el alcalde de la ciudad y la responsable de Urbanismo. Pero no hubo acuerdos, ni siquiera un mero acercamiento. Raxoi se limita a apuntar que los propietarios llevan tiempo siendo advertidos por carta de que su actividad «es ilegal» y que «exigir esa licencia es un derecho constitucional para cualquier municipio». Además, indican que la Xunta «ya determina en su propio decreto de 2017 de Turismo de Galicia que los que hacen la declaración responsable tienen que tener toda la documentación completa y entre ella está la licencia municipal».

Consultados por ABC sobre esta cuestión, desde el Gobierno gallego manifiestan que «el conflicto actual se da entre los propietarios y el concello, que es el que tiene potestad para no permitir las viviendas de uso turístico como responsable en materia de ordenación urbanística». Pero la respuesta no satisface a un sector que opera en toda la Comunidad (hay más de 13.000 registradas) y que solo encuentra trabas en la capital. «No tenemos constancia de que ningún otro ayuntamiento gallego esté poniendo problemas. Solo lo está haciendo Santiago porque parte de un planteamiento político puro y duro» asume Aguín.

El colapso para los servicios jurídicos de Aviturga es evidente. «Ni en Sanxenxo, ni en Coruña está pasando esto. Porque el problema es que Santiago busca erradicar los pisos turísticos con argumentos muy poco sostenibles. Cogen la sentencia que les interesa, pero hay otras muchas contrarias» revela la portavoz ante una campaña en la que los propietarios habían puesto todas sus esperanzas tras dos años de sequía por la pandemia. «Después de dos años de solo gastos y ningún ingreso, ahora nos encontramos con esto. Ya no es por el dinero, es que tenemos una puntuación, un prestigio, y ahora te dejan en pañales sin saber qué deriva va a tomar esto» explica Estrella, una de las afectadas.

Entre tanto, y mientras los cierres y las anulaciones se suceden, a pocos pasos de la catedral el ayuntamiento trabaja en una modificación del PXOM (Plan general de ordenación municipal) que se dará a conocer a principios de septiembre. Entre los cambios que Raxoi plantea para regular este negocio está la prohibición de VUT en la zona monumental de la ciudad (donde ahora mismo más proliferan) y su limitación a bajos y primeros pisos en el Ensanche. La propuesta, asumen los propietarios, «es un corta y pega de normas que igual en otros lugares funcionan, pero que aquí son un disparate». «¿Qué pasará si un fondo de inversión se empieza a hacer con todos estos bajos? Pues que la ciudadanía va a pasear por una ciudad sin escaparates» censuran con amargura los afectados, que concentran sus quejas en un chat de Whatsapp «al que ya resulta desolador entrar».

Lejos de resignarse, los dueños de VUT han recogido firmas de apoyo entre los comerciantes de la ciudad e incluso han requerido la intermediación en el conflicto de la Valedora do Pobo. Su respuesta llegó la pasada semana, aceptando la queja «al entender que reúne los requisitos formales» y solicitando al concello «que en un plazo de 15 días les facilite toda la información sobre los problemas que motivan el problema». Sin un modelo de ciudad claro, el concello compostelano insiste en que quiere evitar que el casco viejo, Patrimonio de la Humanidad, se convierta en un decorado, y que la idea es devolver a los vecinos a las calles empedradas. Sostienen que parte importante del problema habitacional que atraviesa la ciudad, y que está expulsando a familias y estudiantes a ayuntamientos limítrofes, radica en la proliferación del uso turístico y plantean limitarlo «a dos meses al año si el resto se dedica, por ejemplo, a acoger estudiantes». Pero el plan de Raxoi no acaba de recabar el consenso necesario entre todos los sectores afectados para una ciudad tradicionalmente turística, incapaz de encontrar el equilibrio ante un fenómeno al alza, que reivindica su espacio, y su propia esencia.