Galicia, enfrentada por la proyección de una planta de fibras textiles a base de celulosa

El origen del proyecto Gama se remonta a 2020, con la movilización de los fondos europeos Next Generation. El por aquel entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, indicaba en noviembre que uno de los proyectos que aspiraban a esas ayudas era la creación de la primera fábrica de viscosa de la Comunidad. Después, se anunció que la encargada de hacer realidad el proyecto sería la pastera lusa Altri; y que, en vez de viscosa –cuyo proceso de producción es más contaminante–, sería lyocell. Una fibra semisintética de origen vegetal biodegradable y más sostenible que otros materiales, como el algodón o el poliéster.

En febrero de 2022 se acordó por unanimidad en el Parlamento de Galicia que la planta iría a Lugo. Entonces, el PSdeG pedía que se situase en la comarca de A Mariña, castigada por la crisis de Alcoa, por lo que se estableció este emplazamiento como preferente, siempre que «las características técnicas del proyecto lo permitiesen». No fue así y, en abril, Altri se decantó, finalmente, por Palas de Rei, en la comarca de Ulloa –en la que nace el río Ulla–, estratégicamente situada en el centro de la Comunidad. El socialismo habló de «traición de la Xunta» a A Mariña [Fran Cajoto, alcalde de Foz]. En julio de 2023, la Secretaría Xeral aprobó el cambio de titularidad de Gama a favor de Greenfiber, sociedad participada por la multinacional portuguesa y Greenalia, con sede en Pontevedra, que es la promotora de la fábrica, declarada proyecto industrial estratégico (PIE) para Galicia en diciembre de 2022.

Fue al conocerse las necesidades de materia prima del proyecto cuando se dispararon los resortes de los que se oponen a la instalación de la fábrica. La voz más crítica ha sido la de la Plataforma Ulloa Viva –red de asociaciones de diversa índole–, pero se han sumado otras como la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) –en la que desemboca el Ulla–, Adega o Greenpeace.

La portavoz de Ulloa Viva, Marta Gontá, denunció que «la provincia de Lugo duplicará su consumo de agua», dado que la instalación está diseñada para captar un máximo de 46.000 metros cúbicos de agua al día. La empresa, incidió, «prevé devolver 30 millones de litros de agua al río Ulla», que afirman que estará «tratada en la planta de Altri, pero contaminada», terció, según recogió EP. Otras voces critican los posibles efectos en la flora y la fauna amenazadas, la situación ya deficiente del embalse de Portodemouros –del que se extraería el agua–, o la posible proliferación de las plantaciones de eucalipto, cuya moratoria termina en 2025.

Pero lo que ha causado más revuelo es el objetivo de producción de Gama, que ha dado pie a que se tache de planta de «celulosa encubierta»; como la de Ence en Pontevedra, pero más grande. Desde Ulloa Viva, apuntan que en el proyecto se habla de una capacidad final de producción de «400.000 toneladas de celulosa y 200.000 de lyocell», anuales, y reclaman saber «a dónde van las otras 200.000». Desde PDRA ven «incompatible construir una celulosa y pretender que sobreviva la ría de Arousa». Adega habla de «macrocelulosa», «depredadora e insostenible»; y anima en sus redes sociales a presentar alegaciones antes del 17 de abril, cuando expira el plazo.

Al respecto, el director del proyecto Gama, Bruno Dapena, explica a ABC que su producto «no tiene que ver con la pasta de papel», sino con la industria textil. «No es una celulosa encubierta», aclara. «La celulosa es un componente de la madera» y «los procesos y los impactos» de su planta «son diferentes a los que tiene una celulosa papelera, que es lo que probablemente tenga la gente en mente por otras referencias que hay cercanas», explica.

«El proyecto tiene dos fases», detalla Dapena. «En la primera se producen 250.000 toneladas de esta pasta soluble de base celulósica, de las que 190.000 se venden a la industria textil para hacer otros productos textiles, y 60.000 se transforman en nuestra fábrica en lyocell», convirtiéndose en la primera planta del mundo «que integra los dos procesos en uno». Más adelante, esta proporción pasará a ser de 400.000 toneladas de pasta soluble y 200.000 de lyocell. Proporción que no está establecida al azar. «El proceso de producción de la pasta soluble es excedente en energía térmica y eléctrica»; que, a su vez, demanda la producción de lyocell. La cantidad de esta fibra que se producirá «es lo que cierra el balance energético, para que lo que le sobra a una parte del proceso» lo consuma la otra, expone.

Sobre la captación de agua, Dapena explica que «es una cuestión de diseño», y que la capacidad máxima de las infraestructuras –los 46.000 m3– está prevista para cualquier ampliación que se haga en el futuro, pero que lo que está contemplado es una «captación máxima de 20.000 m3 al día». Una cantidad que se devolverá «prácticamente» al 100%; y que, «en realidad, no se consume», sino que «se usa» en el proceso productivo. Después, continúa, se lleva a una planta de tratamiento «con una tecnología pionera», para asegurar «que el agua es tratada para ser devuelta al río con unas características similares o incluso mejores». Algo «rigurosamente cierto», acorde «a la legislación europea, nacional y comunitaria», asegura. Además, «los puntos de devolución del agua al río han sido especialmente seleccionados para no impactar en las especies amenazadas», señala.

Para diseñar el proyecto se realizó un estudio paisajístico para minimizar el impacto en el medio. «Todas las canalizaciones, tanto de agua como de electricidad, irán instaladas bajo tierra», y «las fincas se verán afectadas de forma parcial y puntual durante el período de obras», al final del cual los propietarios podrán volver a disponer de ellas. De las 360 hectáreas de terreno, 112 las ocupará la instalación industrial. «El resto de la superficie está destinada a áreas de protección medioambiental, la elaboración de un cinturón verde para la minimización del impacto visual y acústico» y otras zonas que se van a dejar en su estado natural, relata Dapena. «Está concebido como un proyecto de economía circular, con materia prima de proximidad y la integración de los dos procesos en el mismo lugar».

Por todo ello, el secretario de Estrategias Industriales de Comisiones Obreras de Galicia, Francisco Méndez Gómez, considera que es un «proyecto industrial importantísimo», que se implanta en una de las zonas más castigadas económica y demográficamente de la Comunidad. Una oportunidad, indica, que no es sólo para Lugo, sino para todo Galicia. «Esto va a traer los talleres (textiles) de vuelta», celebra, pero, tiene que «poder arrancar». La industria maderera gallega, añade, «debería» ser el mayor sector industrial de la Comunidad, y no lo es; de ahí la importancia que tiene poder cerrar aquí el ciclo de la madera.

Por el contrario, el secretario comarcal de la Confederación Intersindical Galega, Antonio Niño, dice a este diario que, si bien el proyecto «está bien» en cuanto a generación de empleo, ya que se implanta en un «desierto industrial» como es Ulloa, no es «el modelo de industria» que ellos promueven. Consideran que se deberían «potenciar más los sectores primarios», y que así se promueve una «eucaliptización».

Una opinión que no comparten desde la Asociación Forestal de Galicia, que, sin entrar en valoraciones ambientales, ve el proyecto con «buenos ojos». Su presidente, Antonio Rigueiro, explica a ABC que no cree que se vaya a producir «un incremento notable en las plantaciones de eucaliptos». Una argumentación fundamentada en que «en Galicia, en el año 2023, se comercializaron más de 5,6 millones de metros cúbicos» de esta madera cortada en la Comunidad, de la que un 50% fue a otras comunidades o países; por lo que los 1,2 que requeriría Altri se podrían abastecer «sin problema». Desde la perspectiva de los propietarios forestales –en su mayoría, de minifundio–, y «siempre que se hagan las cosas bien desde el punto de vista ambiental», avalan el proyecto, porque «aumentaría la competencia en la compra de madera de eucalipto»; y podría suponer «una mejora en los precios». Un sector que ya tiene una «gran importancia económica» en Galicia donde, en 2023, la facturación de venta de madera de eucalipto rozó los 150 millones de euros.

También el sector del transporte recibe positivamente el proyecto. El secretario general de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías, José Carlos García, transmite a este diario su posición «favorable». Valora «de forma muy positiva la implantación de una fábrica que permitirá transformar la madera de nuestros montes en fibra vegetal». Y no sólo porque permitirá «avanzar en la cadena de valorización del producto primario», la madera, sino por la creación de puestos de trabajo, tanto directos (500) como indirectos (2.000) –entre los que se encuentra el sector del transporte–; y más de 4.000 en determinados picos durante la construcción.

La conselleira de Economía e Industria de la Xunta, María Jesús Lorenzana, cree que la planta «puede cambiar Galicia». El sábado, un centenar de personas la rechazaron en Monterroso, junto al Ulla. El debate sigue abierto.