Alcoa reinicia las primeras cubas de San Cibrao «con retraso» y el comité le reclama transparencia

Pablo Baamonde

SANTIAGO

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29/01/2024
Actualizado a las 20:30h.

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El acuerdo, de momento, se mantiene en pie. En la tarde de ayer, la multinacional aluminera Alcoa dio inicio a los trabajos para retomar el funcionamiento del complejo industrial de San Cibrao, en Cervo (Lugo), con la puesta en calefacción de dos de sus cubas de electrólisis. El paso previo al rearranque de ambas, que tendrá lugar el próximo lunes, pero también un desajuste sobre la previsión inicial, que la fijaba para el quince de enero. Ahora, advierten desde el comité de empresa, se abre la puerta a que posibles eventualidades desarmonicen todavía más los avances que se den respecto a la hoja de ruta, que estipula que el 31 de marzo deben encontrarse operativas 32 cubas —y el 100% de ellas en octubre de 2025—.

Las cubas 104 y 108 de la serie B que la planta emplea para generar electrólisis fueron, tras dos años de parón, las que ayer por la tarde inauguraron el reinicio. En conversación con este medio, el presidente del comité de trabajadores, José Antonio Zan, explica que esas serán las que produzcan el baño electrolítico para «ir arrancando» el resto.

Será una reactivación paulatina, tal y como prevé el pacto de viabilidad que ambas partes, empleados y empresa, firmaron en diciembre de 2021 —y modificaron en febrero de 2023— pero desde el colectivo advierten que su cumplimiento depende de que las 32 «firmadas» estén funcionando para el 1 de abril. Critican que el pasado día 15 no se conectaron las dos primeras cubas «porque Alcoa no quiso» y que «ahora», que arrancan «con retraso», el proceso «es más arriesgado» y se expone a fallos que puedan causar demora sobre el rearranque progresivo; por el momento, abunda Zan, hay preparadas otras dos cubas, la 102 y la 103 de la misma serie, por si las primeras fallasen.

Mientras tanto, la directiva de la aluminera continúa las conversaciones con la Xunta y el Gobierno y la representación de los trabajadores le reclama transparencia, que sea «franca», y la insta a «aclarar realmente lo que quiere hacer» para «evitar más problemas» de cara a lograr la viabilidad de la fábrica lucense, recoge Ep. Sin embargo, la firma ya anunció que los fondos que financian el complejo se habrán terminado «en unos meses» —«dinero» que «ellos mismos» [por Alcoa] dispusieron para poder cumplir el acuerdo, critica Zan—. Y eso, sumado a la petición que hizo hace unos días la firma de posponer sin fecha el reinicio —de la que luego se retractó, frente a un escenario de rotura del pacto—deja una huella de intranquilidad entre los trabajadores, a los que «no» les ha «gustado» el trato recibido hasta ahora.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, abogó ayer por «ponerle las cosas muy claras a la empresa», a la que recordó que «tiene una serie de compromisos» que «cumplir» y que, de no hacerlo, deberá «afrontar la consecuencia». Y, de nuevo, se reafirmó en su apuesta de que Gobierno, Xunta y trabajadores avancen «todos juntos» y se siente cátedra con «un buen ejemplo de entendimiento en cuestiones fundamentales». No obstante, lo que no hará será comparecer en el Parlamento, como le había pedido el BNG, para ahondar más en la cuestión —y así aportar «luz y taquígrafos» sobre las gestiones de su gobierno ante una fase de «amenazas» por parte de la multinacional estadounidense—, tras una votación ayer en la Cámara autonómica en la que los votos populares tumbaron la solicitud que había emitido la parlamentaria nacionalista Olalla Rodil.

En lo que sí hubo, al menos parcialmente, una mayor unanimidad fue en la necesidad de una intervención pública para rescatar el complejo. Populares, socialistas y nacionalistas manifestaron distintos puntos de vista sobre la forma de ponerla en práctica, pero los tres grupos se mostraron proclives. El PP —de la mano de su diputado José Manuel Balseiro— afirmó, como también lo hizo Rueda, que vería bien esa posibilidad si la liderase el Gobierno central. En su turno, la socialista Olalla Otero aseguró el «compromiso firme» de su administración con los trabajadores de Alcoa e instó a la Xunta a «concretar» si estaría dipuesta a apoyar esta intervención «con fondos propios». Y, por la parte de los nacionalistas, Rodil defendió como «única garantía» para el mantenimiento de la actividad industrial en el complejo «una intervención pública a dos bandas» entre los gobiernos autonómico y estatal.