Alcoa aceptará ofertas vinculantes por San Cibrao a partir de junio
Afirma que en la segunda mitad del año el complejo podría alcanzar la insolvencia
La aluminera perdió 600 millones de euros en 2023
Alcoa avanza en la marcha contra reloj por salvar su planta de producción en San Cibrao (Lugo). El complejo lleva años sin ser solvente; véase el parón al que estuvo sometido hasta hace un par de meses, o los 136 millones de euros que la planta le costó, en pérdidas, a la multinacional aluminera en 2023 –de los 600, en total, que perdió en ese año, cinco veces más que en 2022–. Desde su reactivación, la empresa recorre una senda tortuosa en su búsqueda de un modo de garantizar la viabilidad de la fábrica gallega respetando, a la par, el acuerdo firmado con sus trabajadores en cuanto a los plazos de arranque y las inversiones que tiene previstas. En este escenario, en el que el protagonista está siendo el diálogo entre Alcoa, comité y administraciones –nacional y autonómica– para debatir posibles vías de actuación –llegó a ponerse sobre la mesa un rescate público–, la empresa anunció que se abría al diálogo con «posibles compradores» interesados en adquirir San Cibrao. Ahora, avanza que será a partir de junio cuando acepte recibir las primeras ofertas vinculantes.
Según ha informado este jueves el comité, tras asistir a la reunión de seguimiento en Madrid con la secretaria de Industria, la conselleira del ramo y representantes de Alcoa, la reunión se inició retomando una conclusión a la que se había llegado en anteriores encuentros entre las administraciones y la empresa: que, en su situación de crisis, la aluminera no es apta para recibir «ningún tipo de ayudas», ni «siquiera» las vinculadas a la compensación por CO2, de acuerdo al estándar europeo, por lo que ella misma abría la puerta a una posible venta. Según ha explicado la propia firma en un comunicado, la previsión que maneja es que en la segunda mitad de este año se terminen los fondos y, posiblemente, también se alcance una «situación de insolvencia». Ante este escenario, ha anunciado que, tras haber iniciado contactos con potenciales compradores, comenzará a recibir ofertas no vinculantes «a mediados de mayo» y vinculantes «a mediados de junio», según ha indicado el comité al término de la reunión.
Precisamente, concreción en los plazos de venta previstos es lo que le había pedido a la compañía la secretaria de Industria, Mariola Torró. La titular de área ha fijado como «requisito» que el potencial comprador «tenga vocación de continuidad con la empresa y la industria gallega», y ha asegurado que su Administración acompañará a la firma «en todo lo necesario» para que la venta «sea efectiva y fiable». También desde el Ejecutivo autonómico se muestran «a favor» de apoyar el proceso «con todos los instrumentos necesarios» y de participar en él de forma «activa». Sin embargo, ha aclarado la conselleira, María Jesús Lorenzana, la Xunta de Galicia «no ve que sea bueno» que la empresa acceda al depósito de fondos creado en vigor del acuerdo –como tampoco lo aprueba el comité–.
Durante la reunión, Alcoa ha puesto sobre la mesa una lista de medidas propuestas para cada una de las partes, una suerte de distribución de roles mientras se desarrolla todo el proceso. Por ejemplo, al Gobierno le pide valorar una potencial extensión de la concesión portuaria a partir de 2027 y que le ofrezca su apoyo en los permisos restantes sobre las PPA –contratos de compraventa de energía– que ya tiene firmadas. A la Xunta, únicamente le solicita la aprobación de la balsa de lodos rojos (DBR) prevista para la fábrica –por el momento, ha dicho Lorenzana, Sanidad «solicitó aclaraciones» sobre el último informe enviado– y «flexibilidad en la gestión del agua que empleará».
La propia aluminera también se fija metas, mayormente relacionadas con la búsqueda, a corto plazo, de maneras de optimizar sus operaciones, ampliar su capacidad de mercado e incrementar su producción. Y al comité, como a la Xunta, le ruega «flexibilidad»; tanto en los plazos de rearranque de las cubas del complejo, «en función de la viabilidad»; como respecto a un «retraso» en otra inversión, la de un horno de ánodos, «hasta 2026, ligado a la viabilidad de la operación»; entre otros puntos. También a los trabajadores dirige la petición de recurrir al depósito de garantía del acuerdo, ante lo que estos han ratificado su postura: «No vamos a permitir que Alcoa acceda al depósito financiero ni vamos a modificar el acuerdo de viabilidad». La plantilla también pide crear una mesa técnica que aborde la «urgencia» de las tramitaciones del DBR y parques eólicos, con técnicos de ambas administraciones.
Por su parte, Gobierno y Xunta han asegurado estar «de acuerdo» en crear esa mesa técnica y ambas administraciones se han declarado «preocupadas por los tiempos planteados por la empresa para el proceso de venta». La semana que viene habrá una reunión a tres bandas, Alcoa-Gobierno-Xunta, para ver cómo trabajar «todos unidos», avanza el comité.
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