Parlamento gallego
Luz verde a la ley que sitúa a la Xunta a la cabeza en transparencia
La norma sale adelante con los votos a favor del PP y PSOE y la abstención del resto de grupos de la oposición
La Ley de Transparencia y Buen Gobierno , una de las principales propuestas del Programa de Impulso Democrático de la Xunta —compuesto por 5 normativas y 50 medidas— recibía ayer el visto bueno de la Cámara gallega tras una intensa negociación que sirvió en palabras de la diputada del PP, Paula Prado, y los grupos de la oposición —a excepción de AGE— para «mejorar sustancialmente» una norma con la que la Administración gallega se sitúa a la cabeza en transparencia. Cuestiones como la obligación de los miembros del ejecutivo autonómico y altos cargos de hacer público el patrimonio al tomar posesión y cesar , así como de dar cuenta de su actividad laboral dos años antes de su designación y otros tantos tras su salida, quedan reflejadas en una normativa que pretende poner coto a las denominadas «puertas giratorias». Así, además de ampliar el control de la ciudadanía sobre la gestión pública, haciendo accesible desde el Portal de Transparencia información que hasta ahora no era obligatorio publicar, regula el traspaso de poderes y limita la acción del gobierno en funciones , que no podrá enviar proyectos de ley a la Cámara gallega, autorizar convenios, aprobar o modificar relaciones de puestos de trabajo ni adquirir compromisos de gasto más allá del gasto corriente o de «causas de urgencia debidamente acreditadas».
Durante su tramitación parlamentaria el anteproyecto presentado se enriqueció con las aportaciones de los grupos de la oposición, que llegaron a pedir la devolución íntegra del texto. Así, de las 280 enmiendas se aceptaron más del 60 por ciento de las presentadas por el PSdeG , más del 45 de las aportadas por el BNG y en cerca de un 20 de las notificadas por el Grupo Mixto , tal y como detalló ayer Prado, muy crítica con Alternativa Galega de Esquerda (AGE), formación a la que recriminó que «enmienda por enmendar, con propuestas que nada tienen que ver con la transparencia».
Y sobre la «generosidad» del PP durante la negociación y, en concreto, de la diputada conservadora se pronunciaron varios de los ponentes durante su intervención en el debate plenario, extremo que no fue óbice para identificar en la ley «taras de opacidad» . El silencio administrativo negativo o las puertas giratorias fueron denominador común en las alocuciones de los grupos que, salvo el PSOE que votó a favor junto al PP , se abstuvieron.
En este sentido, Xabier Ron desde AGE cuestionó, pese a los avances reconocidos, que las «prerrogativas» que se reserva la norma la convierten en un «boicot» al acceso a la información que no interese al gobierno de turno. Un argumentario que hizo suyo Consuelo Martínez (Grupo Mixto) quien indicó que «una de las cosas que más chirrían es el silencio administrativo negativo». Por su parte, Tereixa Paz (BNG) lamentó que no queden reguladas en su totalidad las «puertas giratorias» ya que, dijo, «no es lo mismo ir a trabajar a una mercería en Orense que a ACS». Mientras, la parlamentaria socialista Marisol Soneira , quien justificó su apoyo al texto en que «mejora más de lo que deja por el camino», reclamó la necesidad de que se hagan informes públicos de obras que superen el presupuesto asignado y se remitan al Parlamento para su análisis.
Tras escuchar las distintas alocuciones, Prado , que pronunció una emotiva despedida en la que fue su última intervención en O Hórreo antes de ocupar su escaño en el Senado, afeó a AGE que pida hacer pública la lista de todos los que reciban subvenciones y puso como ejemplo los datos sobre «mujeres víctimas de violencia de género» . Así, defendió el silencio negativo como «una garantía de los derechos de la ciudadanía».
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