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Economía

El Supremo declara nulo el ERE de Alcoa

Los magistrados ratifican la sentencia del Tribunal Superior de Galicia, que tumbaba el despido colectivo de más de 500 trabajadores de la aluminera

Vídeo: EUROPA PRESS
José Luis Jiménez

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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que declaraba nulo el despido colectivo de la multinacional Alcoa Inespal, y que dejaba en la calle a más de 500 trabajadores de la planta que la aluminera tiene en San Cibrao (Lugo).

La sentencia de la Sala de lo Social del TSXG, de 17 de diciembre de 2020, había declarado la nulidad del despido colectivo promovido por el Grupo Alcoa Inespal en su planta de aluminio de San Cibrao, por entender que la empresa había incurrido en mala fe negocial durante el periodo de consultas. Este jueves se ha conocido el fallo de la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que confirma así lo dictaminado por los magistrados del Superior gallego.

En diciembre de 2020, el TSXG consideró nulo el ERE presentado por Alcoa en mayo de ese mismo año. La Justicia gallega acusó a la multinacional de negociar de «mala fe» . Los magistrados concluyeron que la intención de la compañía siempre fue «paralizar las cubas electrolíticas de la fábrica para su posterior cierre» y consideraron que con la oferta de ERE que realizó al comité de empresa pretendía «vestir lo mismo, pero de una manera diferente». Según el TSXG la multinacional entró en la negociación «con posiciones predeterminadas y un claro obstáculo para no llegar a un acuerdo final». Alcoa, que ha asegurado, que siempre actuó «de buena fe» recurrió el fallo.

Los magistrados gallegos recordaron que hasta en diez ocasiones, la Xunta instó a Alcoa a prolongar las conversaciones y la empresa aceptó «siempre en el último momento y con resistencias, arguyendo empecinadamente el elevado coste de mantener las cubas electrolíticas en funcionamiento». Pero los jueces apreciaban que la intención final de la compañía no era negociar las condiciones del ERE sino «dejar tiempo para negociar la venta con un tercero». Durante el proceso, Alcoa estuvo en conversaciones con el grupo inglés Liberty House, interesado en hacerse cargo de la factoría, pero no se logró llegar a un acuerdo. Alcoa tampoco aceptó transferir la factoría a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como pedían el Ministerio de Industria y la Xunta. Los jueces afirmaban en el fallo de diciembre de 2020 que los diálogos de Alcoa con una empresa para vender la planta «permiten sospechar de la existencia de una decisión estratégica», pues sostienen que la multinacional entró en la negociación «con posiciones predeterminadas y un claro obstáculo para no llegar a un acuerdo final».

El Tribunal Supremo desestima, así, el recurso de casación interpuesto por el Grupo Alcoa Inespal. En los próximos días se conocerá el texto completo de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

«Alcoa tiene que salir de este país»

Los operarios de la planta lucense han acogido con satisfacción la resolución del Tribunal Supremo. «Se demuestra una vez más que quienes teníamos la razón éramos los trabajadores y no la empresa, que quiso imponernos un despido injusto», ha valorado el presidente del comité, José Antonio Zan. En su opinión, detrás del fallo de la Sala de lo Social está «la posición de toda una comarca y de unos trabajadores que siempre creyeron que la solución no era parar las cubas sino seguir produciendo y tener una viabilidad y un futuro» para la comarca de la Mariña lucense. «El Supremo ratifica que el ERE fue nulo y que todo lo pasado fue una vergüenza» .

Para Zan, no obstante, «ahora solo falta saber qué hara el Gobierno» en el proceso de venta de la planta de Alcoa en San Cibrao, que atraviesa por un punto muerto. El presidente del comité entiende que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe aclarar «si de una vez por todas va a tomar cartas en el asunto para producir aluminio primario en España y va a defender los derechos laborales de todos los trabajadores» o «va a seguir mirando para otro lado mientras Alcoa sigue actuando de mala fe un día tras otro». «Alcoa tiene que salir de este país ya», ha reclamado el dirigente sindical, «y tiene que garantizarlo este Gobierno, y la única fórmula que hay se llama SEPI». Precisamente, el Ministerio de Industria se ha mostrado siempre reacio a que esta sociedad pública compre la planta siquiera de manera transitoria hasta que se encuentre un comprador óptimo.

Pero el Gobierno no parece haber captado el mensaje. En una nota pública, la ministra de Industria Reyes Maroto ha calificado el fallo como un «éxito sin precedentes tanto de los trabajadores de Alcoa como de la Xunta y el Gobierno central, que hemos velado por el mantenimiento de las capacidades productivas de la planta», y considera que «ahora toca mover ficha a Alcoa. Nosotros seguimos con la mano tendida a la empresa para colaborar en la búsqueda de posibles inversores».

«Largo camino»

Desde UGT se advierte que «la lucha no acabó aquí» sino que «queda un largo camino por delante para los representantes de los trabajadores y para las administraciones» en el que Alcoa y los poderes públicos «tienen que dialogar y sentarse con las partes, dialogar y negociar pero bajo el paraguas de la buena fe y con el fin de garantizar de una vez por todas el futuro de la fábrica», según han expresado en un comunicado remitido a los medios. «Las administraciones no pueden seguir mareando la perdiz en esta situación y están obligadas a garantizar el futuro de la factoría de la Mariña», han añadido.

Por su parte, la CIG acoge «con enorme satisfacción» el auto y precisa que ratifica «en todos sus aspectos» la sentencia por la que se declaró la nulidad del ERE de Alcoa, «tirando abajo punto por punto el recurso de la empresa», informa Ep. Para el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, hoy «se vuelve a confirmar judicialmente la razón que asiste a los trabajadores en su lucha contra los despidos y el cierre de la fábrica». «Alcoa debe tomar nota, dar un paso atrás y permitir una solución que garantice la continuidad productiva y de todos los empleos», ha afirmado.

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