Los gastos de Meirás: desde el IBI hasta el sueldo de los guardeses

¿Qué gastos podrían reclamar los Franco? En todo caso, los considerados gastos necesarios para el mantenimiento de Meirás los últimos 45 años , que son reconocidos por el Código Civil a todo poseedor. En este capítulo entrarían, por ejemplo, las obras de restauración del Pazo después del incendio que lo arrasó en 1978, y que sufragó Carmen Franco. En el procedimiento judicial, la familia presentó facturas acreditativas de estos trabajos por valor de 800.000 euros, « pero sin carácter exhaustivo », apunta el abogado Luis Felipe Utrera-Molina, «no eran todos los gastos». Del mismo modo, la estructura de Meirás sufre de humedades y filtraciones, lo que ha obligado a importantes obras de mantenimiento en los últimos años en las cubiertas de la nave principal y la Torre de la Quimera.

Se entiende que encaja en este epígrafe el salario de los guardeses de la finca desde 1990 (fecha en que se jubiló el último guardia hortelano, cuyo salario costeaba el Ministerio del Interior), que entre sus funciones tenían el cometido del mantenimiento y vigilancia de Meirás. La última familia que se encargó de esta tarea, la compuesta por Carlos Villca y su mujer , no solo realizaban tareas de cuidado de los jardines, sino que se encargaban de reparaciones, pintura y pequeñas obras en la finca. El Estado tendría que resarcir por los salarios, las pagas extras y las cotizaciones sociales.

Dado que el fallo de la Audiencia ratifica que el propietario del Pazo siempre fue el Estado, todos los impuestos derivados de la propiedad deberían ser reembolsados , entre ellos la contribución urbana sufragada por los Franco desde 1975. Solo la finca principal que compone la parcela del Pazo tributa anualmente al Concello de Sada 3.000 euros, después de la revisión catastral efectuada en 1978. Además, la familia tendrá la vía abierta para reclamarle a Hacienda la restitución de las cantidades liquidadas en el impuesto de sucesiones y donaciones: primero, por la donación de Carmen Polo a su hija en 1982; y la herencia de esta tras su fallecimiento en 2017 a sus siete hijos.

Dada su nueva condición de poseedores de buena fe reconocida por la Audiencia de La Coruña, los Franco pueden reclamar también los gastos útiles , estos son, aquellos que sin ser necesarios para la estricta conservación revierten en una revalorización del bien. La familia entiende que en este apartado se podrán incorporar los gastos asumidos en seguridad desde que se obligó a abrir el Pazo a visitas guiadas por su catalogación como Bien de Interés Cultural.

Elementos como ventanas, puertas o suelos que se hubieran mejorado en Meirás durante estas cuatro últimas décadas podrían incorporarse a este punto. Incluso los consumos de electricidad y agua, este último principalmente para garantizar la conservación de los amplios jardines de la finca. En el caso de los gastos útiles , la jurisprudencia establece que el abono no sea necesariamente por el conjunto de los mismos, sino por la plusvalía generada en el inmueble.

No obstante, el reconocimiento del gasto no es automático . Deberá realizarse, de manera acreditada, a través de un procedimiento judicial en el trámite de ejecución de la sentencia de apelación, que regresará en principio al Juzgado de Instrucción nº1 de La Coruña. El temor de los nietos de Franco es que la juez Marta Canales —que en su fallo de diciembre de 2020 consideró que a los herederos no se les debía de indemnizar en modo alguno— sea la que ahora deba determinar y validar por qué cantidades deben ser resarcidos. En todo caso, las decisiones que adopte la juez Canales en la ejecución podrán recurrirse ante la Audiencia, que ha demostrado un criterio bien distinto al de la magistrada de primera instancia.

En su día, Canales llegó a tachar a los Franco de poseedores «de mala fe» , negándoles incluso la liquidación de gastos necesarios que reconoce el Código Civil. Tanto el comité de expertos del Parlamento de Galicia como la Abogacía del Estado en su demanda inicial admitían que los herederos tenían derecho a una compensación . El representante público cambió su criterio en la audiencia previa en enero de 2020, y con él el resto de administraciones participantes en el procedimiento, siendo aceptado por la juez de instancia de manera íntegra e incondicional.

Por el momento, la familia Franco no ejercitará su derecho a solicitar la restitución de los gastos porque su prioridad está en un más que probable recurso de casación ante la Sala Civil del Tribunal Supremo, su última oportunidad para recuperar la propiedad del Pazo, que tras el fallo de la Audiencia Provincial sigue en manos del Estado. La decisión se tomará esta misma semana, según indicaron a ABC fuentes próximas, dado que el plazo para su presentación es de 20 días hábiles desde que se notificó la sentencia de apelación.