El abogado de los Franco afirma que «son víctimas de un atropello, de una persecución»

En declaraciones a ABC, el letrado sostiene que el auto de la juez «obedece a la pretensión de la Abogacía del Estado de hacer extensiva la sentencia sobre la propiedad del Pazo como inmueble a todos los bienes muebles que hay en su interior», cuando estos elementos «no fueron en ningún momento objeto del procedimiento». Esto es, no estaban mencionados en la demanda civil de la Abogacía, no fueron abordados durante la vista oral del juicio tampoco en la sentencia de primera instancia que se conoció el 2 de septiembre. «La condena se circunscribe al inmueble», insiste una y otra vez Utrera Molina .

No es una opinión aislada. Hasta tres catedráticos de Derecho (Luis Míguez Macho y Ángel Luis Rebolledo, ambos de la USC; y José Manuel Busto Lago, de la UDC) conocedores del caso consultados por este periódico coincidieron en que en modo alguno la sentencia afectaba al contenido del inmueble . Tan solo Rebolledo planteaba alguna duda respecto a la biblioteca, pero que al no ser objeto de la sentencia requeriría de un nuevo procedimiento civil para su reclamación.

«El problema no son las medidas cautelares por sí mismas», explica el abogado de la familia, «un inventario con carácter general tiene todo el sentido cuando se trata de una ejecución provisional de una sentencia», sino que «la idea es el entendimiento de que lo que hay en el Pazo se queda en el Pazo y pasa a ser propiedad del Estado» . Para escarnio de la familia, la juez ordenaba en su auto que la Guardia Civil se personara en el inmueble y estableciera un dispositivo de vigilancia que impidiera el traslado de los bienes. Desde primera hora de la tarde del lunes, una patrulla se encuentra aparcada frente al edificio principal en cumplimiento del mandato judicial.

Luis Felipe Utrera-Molina, buen conocedor de la historia del Pazo de Meirás y muy próximo a la familia, asegura además a este periódico que los bienes muebles que hoy decoran Meirás «es en su mayoría procedente de finales de los 90 y fue comprado por Carmen Franco tras la reconstrucción del Pazo», después del incendio que lo devastó casi por completo en febrero de 1978. «Si quieren los muebles del Pazo, que acudan a la justicia y los reclamen», replica el abogado, «nadie ha planteado hasta la fecha que no sean propiedad de mis clientes».

En su opinión, «estamos ante un intento de apropiación indebida por parte del Estado de los bienes de mis clientes» , «nos parece una decisión que no se ajusta a la ley». En el auto, la juez Canales hace suyos los argumentos expuestos por Abogacía y Xunta. En ellos, se expone que dado que Meirás goza de protección integral por ser un bien catalogado como BIC, esta protección es extensible a su contenido. La reflexión que hace la defensa letrada de los Franco es que una vez realizado el inventariado, y a la vista de los argumentos expuestos, nada impide a las administraciones demandantes solicitar que determinados bienes no salgan de Meirás y pasen a manos públicas, en detrimento de los herederos del dictador. «Como se ha declarado que la propiedad del inmueble es mía, me quedo con el interior», lo formula Utrera.

Sin embargo, esta pretensión no estaría amparada por la Ley 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia que precisamente invocan Xunta y Abogacía del Estado. En su artículo 22.2.b se detalla que los bienes muebles afectados por la protección deberán ser expresamente detallados en la declaración BIC cuando esta se apruebe. En el caso de Meirás, la declaración que se aprobó en 2008 no hacía referencia a ningún elemento ornamental del Pazo con la excepción del retablo de la capilla . Ni siquiera mencionaba las estatuas pétreas de Isaac y Abraham atribuidas al Maestro Mateo y por las que pleitea el Ayuntamiento de Santiago : la Xunta hubo de incoar un nuevo expediente BIC para las esculturas.

Es más, el mismo día que Xunta y Abogacía argumentaban que la declaración BIC de Meirás abarcaba a su contenido, el gobierno gallego iniciaba la incoación de protección BIC para el fondo documental de Emilia Pardo Bazán que todavía permanece en el Pazo , compuesto por más de 3.000 volúmenes, entendiendo por tanto que necesita de una declaración específica.

«Mis clientes están siendo objeto de un trato discriminatorio respecto al resto de los españoles por el hecho de su apellido », acusa el abogado de la familia Franco, que no oculta «la desazón y la indefensión» que han generado en su seno las últimas decisiones judiciales. «El Código Civil reconoce la liquidación del estado posesorio y el abono de los gastos necesarios para todo poseedor, pero a los Franco se les ha negado», enumera. La juez se negó a aclarar este punto de su sentencia, pese a que los abogados de la familia lo solicitaron . Ahora, el malestar es extensivo al Estado, al que los Franco ofrecieron «una ejecución voluntaria» de la sentencia, sin necesidad de acudir al trámite de la ejecución provisional . «Se ha señalado una fecha concreta —el 10 de diciembre— para darle publicidad», lamenta Utrera-Molina, que además denuncia la imposibilidad procesal de «recurrir la cautelares». «Se han adoptado sin escuchar a esta parte».

La defensa letrada de los Franco estudia todavía qué respuesta jurídica dar a las medidas cautelares planteadas, aunque reconocen que oponerse no tendría mucho sentido a la vista de la inminencia de los plazos: el inventario de los bienes comienza este miércoles a la 10.30 de la mañana y la entrega de llaves se celebrará el 10 de diciembre. «Desazón, impotencia e indefensión» , admite sentir Utrera-Molina, «son las palabras más suaves que se me ocurren en este momento». El culebrón Meirás está lejos de concluir.