La Casa Cornide, tras los pasos de Meirás
El Estado, la Xunta de Galicia y el Concello de La Coruña ultiman su estrategia para reclamar judicialmente el antiguo palacete que la familia Franco posee en la ciudad vieja herculina desde 1962
Con el Pazo de Meirás inmerso en dos procedimientos judiciales (la reclamación de la propiedad del inmueble, a la espera de la eventual casación en el Tribunal Supremo; y la titularidad de una parte de los bienes muebles, pendiente de resolver por la vía civil en un juzgado coruñés), el patrimonio de la familia Franco en Galicia vislumbra un nuevo conflicto legal con las administraciones públicas: la Casa Cornide, el viejo palacete que Carmen Polo compró en los sesenta en la ciudad vieja de La Coruña.
La pasada semana, la Xunta de Galicia inició el procedimiento para declararlo Bien de Interés Cultural (BIC), a instancias del ayuntamiento herculino, que ha hecho de su recuperación un caballo de batalla para esta legislatura. Cuando este lunes remate esa incoación inicial con su publicación en el Diario Oficial de Galicia , Cornide dispondrá de una protección patrimonial similar a Meirás. El guión ya visto en la antigua residencia de verano de Franco parece repetirse miméticamente aquí. Catalogación BIC como antesala de la reclamación por parte de los poderes públicos.
Hay similitudes pero también alguna diferencia notable entre uno y otro inmueble. La principal, que Cornide nunca tuvo un uso público o institucional una vez que se incorporó al patrimonio de la familia Franco. Hasta el momento los investigadores e historiadores no han encontrado rastro documental de que se gestionara, como ocurría con el Pazo, desde la Casa Civil del Generalísimo, y por tanto, con cargo al erario estatal. De hecho, Cornide fue una residencia utilizada principalmente por Carmen Polo y no tanto por Franco, sobre todo tras la muerte de este en 1975 y con mayor asiduidad si cabe después del incendio de Meirás tres años más tarde. No se ha acreditado actividad oficial en Cornide. Formó siempre parte de la esfera privada de la familia Franco.
Pero, al contrario que Meirás, Cornide sí fue de titularidad pública en algún momento antes de pasar a manos de los Franco. La historia de la casona de la calle Damas ha encontrado un primer relato en el estudio que hicieron público en julio del pasado año un grupo de expertos dirigidos por el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela, Emilio Grandío Seoane. Hasta ahora, se creía que Cornide fue adquirida por el Estado a un particular en 1949 para ubicar allí el Conservatorio de Música. El Ayuntamiento decidió permutarlo por otros terrenos en 1958 –aunque el canje se materializó en 1962– y cuando recibió el inmueble lo sacó a subasta pública, donde el financiero Pedro Barrié de la Maza lo adquirió para transmitirlo casi en tiempo real a la esposa del dictador.
Sin embargo, los expertos intuyen una intencionalidad desde mucho antes de 1962 para que Franco acabara poseyendo la Casa Cornide, y la atribuyen al entonces alcalde, Alfonso Molina, supuesto ideólogo de la operación, que no vería culminada tras morir en febrero de 1959. «Esto estaba en su cabeza», opina Grandío Seoane en conversación con ABC, «Carmen Polo venía más a La Coruña que Franco, y necesitaba un espacio que no fuera tan grande como Meirás». Era una necesidad «que no estaba registrada en ningún papel oficial, pero que Molina la contempla como tal», en su condición de «amigo estrecho de los Franco».
Influencias francesas
La Casa Cornide recibe su nombre del polígrafo coruñés José Andrés Cornide Folgueira y Saavedra, que se cree nació en una vivienda ubicada en ese emplazamiento en 1734, en una de las plazas más importantes del casco histórico, frente a la Colegiata de Santa María del Campo. El edificio que hoy existe se cree se pudo construir hacia 1763, y los distintos estudios artísticos destacan en su fachada una intensa influencia de «modelos de casas urbanas y burguesas y señoriales dieciochescas francesas» en lugar del «barroco gallego» o el «academicismo» habitual en Madrid en aquellas fechas. Esa es una de sus singularidades y sobre las que se apoyan Ayuntamiento y Xunta de Galicia para la declaración de Bien de Interés Cultural.
La titularidad del inmueble sufre distintas vicisitudes a lo largo de su historia. Propiedad de la familia Cornide y sus descendientes desde su construcción, se tiene constancia de que fue sede de la casa consistorial de La Coruña durante el XIX. En el siglo siguiente ya se acredita su propiedad por parte de los Vázquez Queipo. En 1949 pertenecía a Carmen Vázquez Pardo, que aunque no residió nunca allí sí lo cedió o arrendó para diversos usos. Ese año lo adquiere el Ministerio de Educación Nacional por 339.000 pesetas con el fin de convertirse en el nuevo ‘Conservatorio de Música y Declamación’ de la ciudad. En el primer proyecto constructivo se hacía constar que la distribución interior no valía para tal propósito, y que tan solo se conservaría la fachada del edificio original. Así que el Ayuntamiento empezó a barajar la opción de llevar el conservatorio a la zona Figueiras, en las afueras, donde se acabó construyendo. Para eso ofrece en 1958 la citada permuta al Estado. Según Grandío, «desde el 57 ya hay una intención muy clara, contrastada con planos y proyectos» de que se pretende ese canje. La decisión es adoptada en un pleno municipal el 15 de septiembre de 1958, por la tarde.
Subasta pública
La ejecución de la permuta se retrasa hasta 1962, seguramente condicionada por la muerte de Alfonso Molina. Su sucesor, Sergio Peñamaría de Llano, es el alcalde que acuerda en pleno llevar a cabo la enajenación de la Casa Cornide a través de una subasta pública el 3 de julio de 1962, y la resolución de la misma será el 2 de agosto. Pero el día antes, el administrador de las propiedades de los Franco, Ricardo Catoira, manifiesta en una carta a un alto cargo del Ministerio de Hacienda que todo el proceso formaría parte de «la mejor fórmula, ya que de esta forma no se hace una adjudicación de bienes que fueron del Estado al propio Caudillo». «Los señores están encantados porque han logrado el deseo de poder tener una casa en La Coruña», añade la misiva incorporada al informe. Los Franco no compraban directamente. El ganador de la puja fue Pedro Barrié de la Maza, un notable coruñés que impulsó la Junta Pro-Pazo del Caudillo en 1938. El financiero pagó 305.000 pesetas, es decir, por debajo de lo que en su día abonó el Estado. El 6 de agosto, Barrié vendía Cornide a Carmen Polo por 25.000 pesetas, «una disminución injustificada del 1.220 por ciento en tres días».
El informe histórico también recoge, como novedad, una serie de gastos de reparación y mejora en el inmueble entre 1962 y 1976, es decir, siendo ya un bien privado de los Franco, sufragados por el Concello herculino, y que ascenderían a 8.105 euros, una cantidad ridícula comparada con los gastos documentados que el Estado asumió en Meirás. Esta parte, firmada por el jefe de Urbanismo del consistorio, estima que «faltaría por determinar si fueron pagados los impuestos municipales tanto de alcantarillado, recogida de residuos sólidos o el IBI que como tal inmueble privado corresponde».
La vía legal
En busca de una hoja de ruta judicial para reclamar la propiedad de Cornide, el Ayuntamiento encargó a tres profesores de la Universidad de La Coruña un estudio jurídico de la situación. Los catedráticos Carlos Amoedo y José Manuel Busto, junto con el profesor Carlos Aymerich, creen que sí hay margen legal para reivindicar la titularidad del inmueble. En un estudio que se hizo público el pasado diciembre, detectan una serie de anomalías y omisiones en los procedimientos administrativos que harían anulable la permuta entre Estado y Ayuntamiento, así como todos los actos posteriores, como la subasta y posterior compraventa entre Barrié de la Maza y Carmen Franco.
Según los expertos, Cornide adquirió la consideración de bien demanial en el momento en que fue comprado por el Ministerio a Vázquez Pardo, dado que estaba destinado a un servicio público estatal como era el conservatorio. Para su permuta, el inmueble debería haber sido desafectado de esta consideración, y con la legislación vigente entonces, esto no podía producirse de manera tácita sino que exigía «una declaración de voluntad expresa» por parte del Ministerio. «Sin la tramitación de ese expediente de desafectación (…) no era judicialmente posible» que pasara a ser un bien patrimonial permutable con un tercero, en este caso el Ayuntamiento. «La permuta está viciada de una causa de nulidad administrativa de pleno derecho».
En el procedimiento de la permuta tampoco se habrían observado «dos trámites esenciales», como serían una autorización de la Dirección General de Bellas Artes y la constancia de la misma en un protocolo notarial, como exigía la normativa de entonces para los edificios de más de cien años de antigüedad. Los juristas advierten también la anomalía de la «modificación sobrevenida» de los pliegos para la subasta, «causa de nulidad de la adjudicación definitiva de la Casa Cornide a Pedro Barrié», e incluso una vulneración de las incompatibilidades para contratar al venderse la casa a la mujer del jefe del Estado, dado que ambos estaban en régimen de gananciales y, por tanto, Franco también adquirió la propiedad. Por último subrayan una «posible nulidad, por simulación absoluta» en la compraventa entre Barrié y Carmen Polo derivado del proceso de adquisición por parte del primero y de entrega a la segunda a cambio de una cantidad muy inferior a la abonada en la subasta.
Revisión de la permuta
Para los autores del dictamen, la iniciativa legal debe partir del Estado, mediante «una revisión de oficio del expediente de permuta», e ir acompañada desde el Ayuntamiento por una acción reivindicatoria del inmueble. En diciembre, cuando participó en la entrega de llaves en la ejecución provisional de la sentencia del Pazo de Meirás, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, no mostró excesivo interés en la Casa Cornide. «Es un caso en el que el Estado no está legitimado para reclamar», afirmó entonces, dejando la pelota en el tejado del Ayuntamiento.
Por el momento, el gobierno municipal de la socialista Inés Rey no ha movido ficha, aunque todo apunta a que será inminente. Pero si el PSOE coruñés fue capaz de que la Abogacía reconsiderase su decisión inicial de no recurrir en casación la sentencia de Meirás que declaraba a los Franco poseedores de buena fe, no sería descartable que ahora lograra que el Gobierno cambiase de opinión. La familia Franco, mientras tanto, tiene colgado en Cornide desde julio el cartel de ‘se vende’, con un precio «a consultar» por sus once habitaciones, trece cuartos de baño y 1.430 metros cuadrados construidos.