El abogado de los Franco: «Nos indigna que se plantee cómo incumplir una decisión judicial»

Tras notificarse este miércoles formalmente el auto de la Sección Tercera de la Audiencia a las partes, los letrados de los Franco ultiman el escrito que presentarán en los próximos días ante el Juzgado de Primera Instancia nº1 de La Coruña solicitando un plazo para realizar el traslado del mobiliario. « Vamos a pedir que se nos franquee la entrada, toda vez que el inmueble ahora es propiedad del Estado ». No obstante, «no somos tontos», reconoce Utrera-Molina, y esperan un movimiento por parte de la Abogacía del Estado que intente frenar la anunciada mudanza, bien sea por la vía civil a través de una nueva demanda que reclame la titularidad de los bienes muebles, o por la vía administrativa, a través de una eventual ampliación de la declaración BIC que recoja estos enseres.

«El Gobierno es capaz de utilizar cualquier ardid para salirse con la suya frente a la familia, aunque sea manifiestamente ilegal como quedó de manifiesto en el auto» de la Audiencia, que llegó a afear que la Abogacía solicitara la adopción de medidas cautelares en una ejecución de sentencia, figura no recogida por la legislación procesal. « Mis clientes, por ser nietos de Franco, son culpables por definición », lamenta el abogado, «si se les condena, se hace justicia; si se les absuelve, el juez es franquista».

Por el momento no ha trascendido cuál va a ser el movimiento de la Abogacía, que estudia las posibles vías de actuación para evitar que los muebles salgan de Meirás, como reconocieron el martes desde la Vicepresidencia primera del Gobierno a Europa Press. La Xunta, por el momento, también guarda silencio. Fuentes del Ejecutivo gallego aseguraron a ABC que « vamos a esperar a que el Estado, en su condición de legítimo propietario de Meirás, diga qué quiere hacer », y como ya sucedió en el recurso de casación al Supremo, la Xunta se planteará «acompañar» el procedimiento, «a la vista de la complejidad» que se vislumbra. Las mismas fuentes, que admiten que la asesoría jurídica está analizando el último fallo de la Audiencia, recuerdan que dado que Meirás está incorporado al Patrimonio del Estado, este tiene competencias para incoar expedientes por la vía administrativa en el caso de que se opte por la vía de extender la declaración BIC.

Las reacciones a la decisión de la Audiencia se sucedieron este miércoles. La alcaldesa de La Coruña, la socialista Inés Rey, expresó su «respeto» al fallo judicial pero no ocultó su discrepancia con el fondo del mismo. El PSdeG mostró su respaldo a una reclamación de muebles que puedan ser propiedad del Estado y sigan en Meirás. « No nos interesan ni las bacinillas ni el ajuar doméstico , sino aquellos bienes sustraídos al Estado», avanzó el viceportavoz parlamentario Pablo Arangüena.

En posiciones más extremas se situó el BNG. La portavoz nacionalista Ana Pontón cargó con dureza contra los magistrados de la Audiencia por una resolución «que es una bofetada a la dignidad del país» y pidió «trabajar» para evitar «el expolio» de Meirás. Su diputado en el Congreso, Néstor Rego, llegó a pedir que el Supremo adopte «medidas cautelares» hasta resolver los recursos de casación.