El francotirador de ETA que intentó matar a Don Juan Carlos recibe su primer permiso

La Sección Primera de la Sala de lo Penal, compuesta por Francisco Javier Vieira (presidente), José Ricardo de Prada y Jesús Eduardo Gutiérrez, acordó el pasado 30 de noviembre conceder el primer permiso penitenciario de tres días al terrorista, quien recurrió la decisión inicial del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de no otorgárselo al no haber cumplido con el procedimiento de arrepentimiento exigido en la ley.

En el auto de concesión del permiso, consultado por ABC, se expone que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Pamplona, donde está preso, propuso concederle la salida, aunque no de manera unánime. El juez de Vigilancia Penitenciaria decidió no concedérselo a pesar de que aportó «manuscritos asumiendo la responsabilidad del delito cometido», según alegó su defensa, en referencia a los documentos que los abogados de los miembros de ETA suelen presentar con diversas fórmulas en las que no se muestra un arrepentimiento real.

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Pérez Aldunate cumple una condena acumulada de 20 años de prisión por integración en organización terrorista, tenencia de armas de fuego con finalidad terrorista, depósito de explosivos con finalidad terrorista, falsificación de documento oficial con finalidad terrorista, conspiración para el asesinato terrorista y delito contra la Corona. De esa pena cumplió una cuarta parte en 2010, la mitad en 2015 y tres cuartas partes en 2020. El 5 de febrero de 2025 cumplirá la totalidad de la condena.

La sentencia de la Audiencia Nacional consideró probado que Pérez Aldunate, después de haber sido instruido en Francia en el manejo de armas y explosivos, recibió órdenes de ETA para trasladarse a Palma de Mallorca «con el objetivo de hacer los seguimientos y vigilancias correspondientes en los lugares frecuentados» por Don Juan Carlos, cuando ostentaba la jefatura del Estado, «con motivo de su desplazamiento a dicha ciudad en la época de Semana Santa» del año 2004.

Sería a través de su teléfono móvil como la dirección de la organización terrorista le comunicaría cuándo y dónde hacerse con el «rifle adecuado» para acabar con su vida. Y consta que estuvo en Mallorca desde el 6 de abril hasta el 12 de mayo de ese año, pero el plan trazado no salió según lo previsto «al no recibir el arma con que perpetrar la muerte» del monarca.

Además de Juan Carlos I, en el domicilio de Pérez Aldunate hallaron documentación de su puño y letra sobre otros objetivos, de quienes había ido recabando información y sometiendo a vigilancias con el fin de «acabar con su vida». Entre ellos, políticos del País Vasco como el exportavoz del PP vasco Leopolodo Barreda; el expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, o el exalcade de Vitoria Alfonso Alonso. También de varios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto agentes de la Comandancia de La Salve (Bilbao).

Los magistrados concluyeron que ETA le había encomendado la formación de un comando al que denominaron Adur -del que fue jefe y francotirador-cuya misión era «realizar actuaciones» para asesinarles. Lo respaldan otros manuscritos enviados desde Francia donde se fijaba la «inminencia» de algunos de los ataques. Entre sus pertenencias, la Guardia Civil además intervino tres documentos de identidad falsos con su foto (uno de ellos era el mismo que utilizó durante su estancia en Palma de Mallorca para atentar contra Don Juan Carlos), dos carnets de conducir, también falsos, un rifle desmontable del calibre 7 mm, una pistola con la inscripción «ETA 2002» grabada, 30 cartuchos y cuatro detonadores.

Desde 2020, según la información manejada en la Audiencia Nacional, Pérez Aldunate cursa una licenciatura en la Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED), así como se le califica con «riesgo normal». De ahí que, con esos datos, los magistrados resolvieron que «aunque no se otorgue relevancia a los escritos del interno en los que dice reconocer el daño causado, la buena evolución penitenciaria y sobre todo la cercanía del cumplimiento de la condena total, a menos de dos años en la fecha de la propuesta de la Junta de Tratamiento, aconsejan la concesión de un primer permiso de salida, de tres días, con las cautelas que considera oportuno la Junta de Tratamiento» y en contra de la decisión del Juez de Vigilancia Penitenciaria del pasado 4 de octubre.

En mayo de 2021, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, acordó aplicar el 100.2 del Reglamento Penitenciario a Pérez Aldunate para clasificarle en segundo grado y que pudiera optar a salidas diurnas de prisión por razones sanitarias.