Francia pide al instructor español de Pegasus que deje a sus jueces acceder al sumario

Según informaron en fuentes jurídicas a ABC, la solicitud que contenía la OEI no se ha resuelto todavía, porque la batería de información que recogía aquella comunicación como muestra de cooperación mutua motivó que el instructor reabriese la causa, archivada en julio de 2022 por falta de autor conocido, y encargase una pericial experta que permitiese acometer el cotejo que perseguían con la visita las autoridades galas.

En concreto, tal y como informó este diario, la justicia francesa, que tiene una causa abierta por múltiples infiltraciones con Pegasus desde el año 2021, compartió con la Audiencia Nacional los «indicadores de compromiso» (IOCs), una serie de datos que pueden indicar que un sistema ha sufrido una infección con ese software malicioso, así como información de ficheros de sistema, fechas de las actividades detectadas y los nombres de los dominios que encontraron al peritar todas las líneas infectadas que habían aislado.

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Sus investigaciones, como exponía el juez en el auto de reapertura de la causa, «determinaron que cada servicio que utilizaba el software Pegasus creaba una infraestructura que podía utilizarse para atrapar varios números» de modo que «es posible establecer comparaciones entre las pistas encontradas en los distintos teléfonos infestados para identificar una única fuente de infestación».

La pericial que encargó al Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, consistía en establecer una comparativa entre los indicadores que compartía Francia y las pistas recogidas durante su propia investigación en los móviles del presidente del Gobierno y los ministros del Interior (Fernando Grande-Marlaska), Agricultura (Luis Planas) y Defensa (Margarita Robles) a fin de intentar concretar si el autor de las incursiones en móviles franceses y españoles pudiera ser el mismo.

De acuerdo a las fuentes consultadas, ese informe pericial aún no se ha presentado en el juzgado y los investigadores siguen trabajando en ello, conscientes de que aunque se llegase a la conclusión de que el autor es el mismo, persistirá la dificultad de averiguar quién es el responsable.

Cabe recordar que Israel no colaboró con la investigación de la Audiencia Nacional ni facilitó la comunicación que el juez solicitaba tener con NSO Group, fabricante del software Pegasus, cuando en 2022, el magistrado envió solicitudes de cooperación para poder interrogarles. Ahora, con las relaciones diplomáticas entre ambos países severamente deterioradas, la posibilidad de que se aviniese a cooperar es muy remota. Sin embargo, durante sus pesquisas la empresa sí remitió alguna información a las autoridades francesas sobre el funcionamiento interno del software que la orden europea de investigación enunciaba someramente.

Al reabrir la causa, el juez dejó escrito que una vez tenga esa pericial del Criptológico Nacional «podrá llevarse a cabo un intercambio más amplio de información con las autoridades francesas, y así conocer el contenido de la información que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el proceso del control interno del software Pegasus y un detalle más completo sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI)». El acceso a esas pistas sí podría suponer un avance.

Entretanto, la causa lleva apenas mes y medio reabierta y ya no hay secreto de sumario sobre las actuaciones. Los partidos políticos Vox y Iustitia Europa solicitaron por ello personarse para ejercer la acusación popular, iniciativas a las que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no se opuso «siempre que se proceda al pago y constitución de una fianza de 10.000 euros, cantidad que se considera ajustada no solo a la entidad de quien se persona, si no teniendo en cuenta los hechos que se investigan».

Y eso es lo que ha resuelto el magistrado José Luis Calama en un auto al que tuvo acceso ABC, que da cuenta de que Iustitia Europa y Vox tienen luz verde para personarse en la causa como acusaciones populares sin necesidad de presentar una querella porque ya está en tramitación, pero sí consignando una fianza, algo que ambos partidos rebatían acogiéndose a sendas resoluciones del Tribunal Supremo que eximen de este requisito cuando se trata de diligencias en marcha .

«Al margen del contenido de las resoluciones citadas, lo cierto y real es que el Tribunal Supremo, en numerosas resoluciones posteriores, considera que la exigencia de la fianza para el ejercicio de la acción popular, independientemente del momento procesal en el que se encuentre la causa, hoy por hoy, es una exigencia legal, al estar expresamente prevista«, razona el magistrado, que cita otra batería de sentencias en las que sí se reconoce este requisito previo.

Fija por tanto fianza y considerando las que ha previsto el propio Supremo en causas como el procés (13.500 euros), la establece en 10.000 euros considerando que es una cantidad «asequible, moderada, y ajustada a la naturaleza y relevancia de los hechos investigados en las presentes actuaciones». Iustitia Europa, según las fuentes consultadas, va a recurrir la cuantía.