La fragilidad del Gobierno provoca una sesión caótica con una votación cercana a la medianoche

Esta tarde, a las ocho y media, el presidente socialista de la comisión, Alejandro Soler, anunciaba un receso de «unos minutos». Más de una hora después, ha regresado para informar a los diputados de que se suspendía hasta las once de la noche, cuando, en teoría, debería votarse el dictamen de la norma tras haberse hecho lo propio con las enmiendas transaccionales y parciales. «¡Qué vergüenza! ¿Dónde está la conciliación?», clamaban algunas de las parlamentarias del PP.

El proyecto de ley inicial buscaba simplemente establecer un tipo mínimo del quince por ciento para multinacionales y grandes corporaciones. Algo que podría haber salido adelante sin dificultades porque está de acuerdo con esa medida la práctica totalidad del arco parlamentario, incluido el primer partido de la oposición. El problema llegó cuando el Gobierno intentó abordar una reforma fiscal más amplia a través de esta norma, en la que vía enmiendas el PSOE pactó con Junts y PNV prorrogar el impuesto a la banca en los ejercicios de 2024, 2025 y 2026, pero dejar caer el de las energéticas.

Un asunto, este último, que ha soliviantado a los socios más a la izquierda del Ejecutivo, como se ha reflejado este mismo lunes en la comisión, cuando el diputado de Bildu Oskar Matute ha sacado a colación en varias ocasiones al presidente de Repsol y exlíder del PNV, Josu Jon Imaz. Los aberzales, pero también ERC, amenazaban con dejar caer el proyecto de ley si se daba por finalizado el gravamen a las energéticas. Sumar también era partidario de hacer permanentes los impuestos a la banca y a las eléctricas, pero el lunes de la semana pasada pactó nuevas medidas fiscales con los socialistas que, a su vez, generaron malestar a Junts y PNV. Una de ellas era la eliminación de la tributación fiscal de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi) y otra, el aumento impositivo a los seguros de sanidad privados. Ambos decaen, como el gravamen al diésel.

El impuesto a la banca también se ha rechazado por la alianza de PP y Vox, sumada a la abstención de ERC, Bildu y BNG. Estos últimos habían dejado claro desde el principio que querían añadir el de las energéticas en el lote, pero esto podía provocar que se alejasen Junts y PNV. En cualquier caso, a falta de que se vote el dictamen de la ley, la sesión ha permitido visibilizar la fragilidad del Gobierno, obligado a negociar 'in extremis' con sus socios en una tarde, ya noche, que ha rozado el esperpento.

A las cuatro y media de la tarde, era constatable el nerviosismo porque ni siquiera estaba claro si la comisión iba a suspenderse, como pasó el lunes y el jueves de la semana pasada ante la falta de apoyos del Gobierno. «No hay acuerdo. Vamos a tirar los dados y ver qué pasa», decían a esa hora desde Bildu. Este partido, igual que ERC y PNV, ofrecieron al PSOE su apoyo al proyecto de ley si se mantenía el texto original incorporando únicamente las enmiendas que corrigen el fraude a los hidrocarburos y que recuperan el decreto de Cristóbal Montoro que fue tumbado por el Tribunal Constitucional por una cuestión formal. El PP ya había trasladado que veía con buenos ojos esa fórmula, pero Junts pidió que saliese adelante el «paquete entero» y los socialistas mantuvieron su intención de negociar con todos sus aliados la totalidad de las enmiendas.

Pilar Vallugera, de ERC, ha llegado a decir en la comisión que si no se retiraban el resto de las modificaciones. Concluido el debate, pasadas las seis y media de la tarde, se ha formado el primer lío en la sala Cánovas de la Cámara Baja. El PSOE, Sumar y Junts han llegado con seis enmiendas transaccionales —la última firmada solo por la coalición del Gobierno— bajo el brazo y el resto de grupos han pedido un receso para valorarlas antes de votar. Quince minutos después ha empezado la votación de las transaccionales: se han aprobado cuatro y rechazado dos, entre ellas, el impuesto a la banca.

Tras esa votación se daba paso a la de enmiendas parciales, pero previamente se ha producido una discusión formal sobre si las modificaciones que habían servido de base para las transacciones debían votarse individualmente o no. Incluso, sobre si las transaccionales podían mantenerse vivas para volver a votarse en el pleno. Un guirigay parlamentario en el que ha tenido que intervenir el letrado de la comisión, Manuel Fernández-Fontecha, para quitar la razón al PP y a algunos de los aliados de Pedro Sánchez, como ERC. El veredicto: los cambios parciales se deben votar por separado independientemente de que sobre ellos se hubiesen construido las transacciones y, por otro lado, solo las enmiendas parciales registradas previamente pueden incluirse de nuevo en la discusión plenaria. «No hay manera de aclararse», se lamentaba Vallugera, quien ha denunciado que esa no es la práctica en todas las comisiones y ha pedido que la Mesa del Congreso unifique criterios.

Después de las transaccionales, se han votado una a una las parciales, incorporándose al dictamen tres del PNV, tres de Sumar, dos del PP y dieciséis del PSOE. Ha sido tras eso cuando el presidente Alejandro Soler ha anunciado un receso de «unos minutos» que se han convertido en más de una hora. En ese lapso de tiempo, se han visto conversaciones y carreras de varios diputados, llamadas de teléfono, confusión e impaciencia. Vallugera y Matute han conversado en el patio del Congreso con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y con miembros del Ministerio de Hacienda. También el diputado de Junts Josep Maria Cruset. A las diez menos veinte se ha anunciado que la sesión se suspendía hasta las once de la noche.