La Fiscalía pide volver a imputar en Púnica a los exconsejeros de Madrid Figar y Victoria
Recurre su exoneración como la de otras cuatro personas a las que el juez dejó fuera de la pieza sobre la financiación del PP de Aguirre
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión del juez Manuel García Castellón por la que fueron exonerados de la pieza de Púnica sobre la supuesta financiación irregular del PP madrileño los exconsejeros del gobierno autonómico Lucía Figar y Salvador Victoria, así como ha impugnado el sobreseimiento acordado para otras cuatro personas: el ex viceconsejero Manuel Pérez, el que fuera director de Medios en Madrid, Pablo Balbín; el empleado también de comunicación Luis Sánchez y la empresaria María Luisa de Madariaga.
El escrito, al que tuvo acceso ABC, los fiscales, que ya propusieron exonerar en esta pieza separada a varias decenas de personas, incluida la expresidenta Esperanza Aguirre, critican que en el caso de Salvador Victoria hay «más indicios» de su presunta implicación «en la forma en que debía de cobrar ciertos trabajos realizados para el PP de Madrid» que no se han tenido en cuenta al exonerarle.
«Tales indicios, desde la perspectiva de la fase de instrucción, justifican que se sigan los trámites del procedimiento abreviado frente al mismo, pues ponen de relieve, que él tenía relación directa con Alejandro De Pedro, que estaba plenamente al corriente de la deuda existente y del motivo de la misma y corroboran la versión de que llamó al Consejero Delegado de Indra para hacerle ver la conveniencia de que se abonase dinero», razona la Fiscalía.
En cuanto a Figar, Pérez Gómez, Sánchez Álvarez y Balbín los fiscales recuerdan que «ninguna de estas personas forman parte del ámbito objetivo» que se investiga en esta pieza y lo que hace el juez al dictar el sobreseimiento para ellos es pronunciarse sobre hechos que se están investigando en otra pieza separada, lo qeu «infringe todas las garantías procesales».
Indicios de contratación irregular
Considera que, al margen de esta cuestión de forma, hay también cuestiones de fondo a tener en cuenta en el caso de estas cuatro personas, que desde la Consejería de Educación que dirigía Figar se habrían involucrado en «una contratación administrativa cuyas irregularidades superaron los límites de las infracciones para constituir un reproche penal por los indicios de su arbitrariedad en asegurar la adjudicación de los trabajos en favor de las empresas de Alejandro de Pedro«. Entiende por ello que no cabe sobreseimiento.
Por último, en cuanto a Madariaga, que administraba la consultora El Laboratorio de Almagro, Anticorrupción interesa que se revoque su sobreseimiento porque aprecia indicios de su vinculación con uno de los contratos bajo sospecha y entiende que se debe continuar la causa contra ella «por su participación en un delito de prevaricación y malversación al igual que se ha acordado respecto de Borja Sarasola y Francisco Lobo» con los mismos hechos.
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