La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para Tito Berni por una pieza separada del caso Mediador

La Fiscalía ha instado una condena de dos años y medio de cárcel para el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, por una pieza separada del caso Mediador en la que está acusado de un delito de falsedad documental en concurso ideal con otro contra la Seguridad Social por un presunto contrato ficticio que afloró durante las pesquisas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife.

El escrito, al que tuvo acceso ABC, se dirige contra Fuentes Curbelo, su mujer, María Jesús Rodríguez y el hijo de ambos, Domingo Fuentes, así como contra Raschid Zankti, ciudadano marroquí que en la época de los hechos estaba intentando renovar el permiso de residencia y trabajo en España y que habría requerido de la colaboración de los tres para conseguirlo. El fiscal pide la misma pena de prisión para todos ellos.

Según sostiene la acusación pública, Zankti, que ya había trabajado en el pasado para la ganadería de Tito Berni, le pidió que le diese de alta laboral durante al menos tres meses pagando él las cuotas de cotización a la Seguridad Social «para que apareciera ficticiamente como empleado de la ganadería mencionada» de manera que pudiera «conseguir cumplir con las exigencias legales previstas en la legislación nacional sobre extranjería y obtener la pretendida residencia en España».

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Y Fuentes Curbelo se puso en contacto con su hijo, como representante de la Gestoría Tetir que «tramitaba los intereses de las distintas empresas de la familia» para que «elaborara o encargara elaborar un contrato ficticio que cumpliera con las expectativas de Zankti y pudiera obtener con ello la finalidad perseguida».

«Para ejecutar el acuerdo alcanzado y proceder a la presentación de la documentación exigida -dice la Fiscalía- tras conseguir el contrato mencionado lo entregaron a la otra acusada», la mujer de Tito Berni, que es titular del cincuenta por ciento de la ganadería que ambos regentaban y la administraba. Ella «autorizó la tramitación de la documentación mencionada a sabiendas de su falsedad y con la evidente finalidad de que se presentara en el oportuno expediente administrativo».

El contrato «simulado», según el fiscal, figuraba que Zankti había prestado servicios en la Ganadería Tetir como peón ganadero en jornada a tiempo completo de 40 horas semanales entre el 15 de diciembre de 2020 y el 14 de marzo de 2021, lo que completaría «el ciclo legalmente exigido» para conseguir la renovación del permiso de residencia y trabajo y le daba, además, acceso a la prestación por desempleo.

De hecho, lo consiguió: el 4 de enero de 2021 renovó la autorización y cobró 2.184,27 euros en concepto de prestación del servicio Público de Empleo Estatal, «habiendo sido imprescindible para ello los tres meses de cotización a la seguridad social que se aportaron por la Ganadería Tetir en virtud del contrato de trabajo ficticio y que abonó el propio interesado».

Esta prestación por desempleo que se inició en fecha de 14 de marzo de 2021 se mantuvo hasta la fecha de 8 de agosto de 2021, según relata la Fiscalía, que pide multas de 3.000 euros para cada uno de los acusados.

Fue a partir de una de las conversaciones recuperadas de los móviles intervenidos en el caso Mediador como la Policía dio con los indicios de que en la Asesoría Tetir del entonces diputado y que administraba su hijo se podía haber confeccionado un contrato fraudulento a nombre de Zankti. El propio Fuentes Curbelo tenía mensajes intercambiados con el ciudadano marroquí preguntándole hasta cuándo quería el alta o informándole de que el importe de las cuotas de la Seguridad Social por tres meses eran «968,88 euros», como informó ABC.

«Este dato es de especial relevancia, ya que pone de manifiesto que dicho contrato ha sido fraudulento y que Zankti habría sufragado los costes de la Seguridad Social de dicho contrato para poder renovar su permiso de residencia en España», decía la juez instructora, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres cuando dirigió la causa contra el hijo de Tito Berni, conocedor desde la Asesoría Tetir de parte de las actividades presuntamente irregulares de su padre.