La Fiscalía denuncia dos pagos del Gobierno de Lambán por 260.000 euros en mascarillas

Tal y como publicó ABC el 30 de abril de 2022, la Cámara de Cuentas de Aragón había detectado en la fiscalización del Ejecutivo autonómico un pago de 254.000 euros (6.000 menos) por una mascarillas, que se hizo sin factura y sin constancia de que se hubiera entregado esa mercancía. En aquel momento, el ejecutivo socialista aseguraba que sí se entregó y que únicamente se habían detectado 10.000 mascarillas FPP2 defectuosas.

A raíz de esta información, el actual gobierno regional, que preside Jorge Azcón (PP), llevó el asunto a la Fiscalía el pasado mes de marzo y es ahora cuando el Ministerio Público ha abierto diligencias y ha remitido denuncia al juzgado de instrucción.

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Según consta en la misma, en el contexto de la crisis sanitaria del Covid-19, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) formalizó diversos contratos públicos de adquisición de equipos de protección individual (EPI) para el personal cuidador de residencias de mayores y de discapacitados en la comunidad autónoma de Aragón. En concreto, el 2 de abril de 2020, el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales resolvió declarar la emergencia de la contratación para la adquisición de equipos de protección individual con la empresa Escrow & Trust Europe Foundation, con sede en Ámsterdam (Holanda). «Estos contratos se instrumentaron a través de la contratación de emergencia, con pago anticipado y sin facturación electrónica», aseguran los denunciantes.

En primer lugar, el escrito presentado ante la Fiscalía de Zaragoza explica que la primera factura se fechó el 2 de abril de 2020 por un importe de 154.170 euros y que la segunda se emitió veinte días después por un importe de 106.518. De todo ello, resultaba un saldo pendiente de pago a favor de la empresa de 16.117 euros.

«Dado que los diferentes informes emitidos por el IASS en los expedientes de convalidación de gasto refieren que 'el suministro se realizó satisfactoriamente', cabe concluir que se recibieron las 10.000 unidades facturadas, sin perjuicio del problema detectado posteriormente con su calidad. Estas mascarillas no reunían los requisitos para ser consideradas FPP2 ni FPP3», aseguran.

Así, los denunciantes estiman que el perjuicio total sufrido por el IASS como consecuencia del incumplimiento del proveedor ascendería a una cifra total de 25.382 euros, lo que «supuso un correlativo beneficio patrimonial de un tercero, la empresa del Grupo Santacatalina y el señor Santacatalina». La firma investigada Escrown & Trust Europe Foundation forma parte de este grupo empresarial.