La fiscal rechaza que se impute a Rajoy en Andorra por la operación Cataluña

El escrito, al que tuvo acceso ABC y que firma la fiscal delegada de Cooperación Internacional en la Provincial de Madrid, desbroza a lo largo de 16 páginas las razones por las que considera que se debe rechazar una comisión rogatoria que fue admitida sin más trámite ni control de legalidad en junio de 2022 y que señala a Rajoy y Montoro, pero también al exministro Jorge Fernández Díaz, por delitos de chantaje, extorsión, falsedad documental y coacción a los órganos constitucionales andorranos.

Todo, bajo la presunción de que maniobraron utilizando a policías -a los que la petición del juzgado andorrano no identifica- para, de manera ilegítima, conseguir pruebas en Andorra contra Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras en una guerra sucia contra el independentismo.

La fiscal incide en «la carencia de elementos probatorios suficientes para colaborar judicialmente en la imputación de ciudadanos españoles a partir de querellas» que, además, han sido «presentadas por asociaciones que, si bien son andorranas, es público y notorio que guardan estrecha relación con asociaciones catalanas». En este sentido, subraya que es conocida «la unión» entre esas entidades «para la interposición de alguna de las querellas contra altos cargos políticos de España con una clara finalidad política».

Noticia Relacionada

La Audiencia Nacional rechaza indemnizar a los Cierco por la caída de Banco Madrid

Isabel Vega

Los dueños de la extinta BPA reclamaban al Banco de España 141 millones de euros

Y es esta precisamente una de las principales razones que sostiene para rechazar la cooperación que pide Andorra, pues encuentra «datos reveladores de la finalidad política que late en el procedimiento penal en el que se ha emitido la comisión rogatoria», que lo es por hechos entre 2016 y 2020.

La fiscal recuerda que en ese periodo Artur Mas «fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por delito de desobediencia al Tribunal Constitucional español», mientras «Jordi Pujol fue investigado desde el año 2017 por presuntos delitos de blanqueo y corrupción, entre otros, siendo incluso ordenada su prisión provisional en esos momentos por un juzgado central de instrucción, y Oriol Junqueras fue ingresado en prisión en el año 2017 por los delitos de rebelión, malversación y sedición y condenado en octubre de 2019 por los delitos de sedición y malversación por el Tribunal Supremo».

«Todos estos procesos fueron llevados por órganos judiciales españoles con las debidas garantías y, si tuvieron que obtenerse pruebas en Andorra, se hizo desde el más absoluto respeto a los derechos fundamentales. Así ha sido corroborado por nuestros tribunales. Si las querellas van encaminadas a poner en duda la forma de obtención de pruebas incriminatorias contra las citadas personas, ha de rechazarse además por afectar al orden público español», subraya el escrito.

Eso es lo que intuye la fiscal, porque, como subraya a lo largo del escrito, «se desconoce el contenido de las querellas y por lo tanto con exactitud cuáles son los hechos investigados» ya que la petición de Andorra las lleva anexas en un CD cuyas garantías nadie ha contrastado y ni siquiera adjunta «una resolución judicial de admisión a trámite que debería haber analizado el contenido de las mismas, su verosimilitud, indicios, la concurrencia de posibles causas de inmunidad de jurisdicción, de prescripción de los delitos, un análisis de los delitos que se entiendan cometidos e imputación concreta de hechos».

«Los términos genéricos y mínimos en que está redactada la comisión rogatoria son absolutamente insuficientes para aceptar la cooperación de las autoridades judiciales españolas en la imputación de hechos tan graves como los delitos que se enumeran, sin aportar un solo elemento indiciario o hecho concreto», dice el informe que la fiscal reprodujo íntegramente el pasado 16 de enero para sumarse a los recursos de Rajoy y Montoro contra la rogatoria. Su contenido no había trascendido hasta ahora porque el procedimiento había quedado en suspenso.

La querella fue presentada por la asociación Drets ante el Juzgado de Instrucción número 2 del Principado y se sumó el Institut dels Drets Humans d'Andorra (IDHA). Busca ampliar una investigación que había arrancado en el año 2016 por presuntas presiones de policías españoles sobre la cúpula de la Banca Privada de Andorra para conseguir información bancaria de Mas, Pujol y Junqueras, bajo amenaza de cerrar su buque insignia en España, Banco Madrid.

La filial finalmente acabó resuelta después de que el FinCen estadounidense emitiera un aviso sobre actividades de blanqueo de capitales. Los hermanos Cierco, propietarios de la entidad, sostienen que aquella alerta obedeció a información falsa enviada desde España en el contexto de una guerra sucia contra el independentismo.

En el caso de Rajoy y Montoro -representados ambos por el letrado Jesús Alonso, que defiende otros altos cargos del PP- , la partida se libra desde que llegó la petición de auxilio de Andorra en junio de 2022 y tanto en el orden penal, donde se tendrán que dirimir los recursos a los que se ha adherido de este modo la Fiscalía, como en el contencioso, donde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que durante un tiempo paralizó cautelarmente la rogatoria, debe decidir si se quebraron los derechos fundamentales de los políticos en todo este procedimiento.

La instrucción de la 'querella andorrana' es la única causa abierta sobre la operación Cataluña, de cuya existencia y alcance no hay aún verdad judicial dentro ni fuera de España. Aquí de momento no han prosperado las querellas presentadas, entre otros, por el primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, quien ha recurrido en la Audiencia Nacional porque el juez rechazó incluirle como víctima en el caso Villarejo pese a que él sostiene que sufrió maniobras análogas a las que refleja la operación Kitchen. También ha sido desestimada la querella del expresidente del F. C. Barcelona Sandro Rosell, que ha recurrido, y está viva pero perdida entre juzgados la de la familia Sumarroca.

Para el independentismo, la operación Cataluña es la piedra angular del 'lawfare' o uso político de la Justicia en su contra que siempre aducen, de ahí que el pacto para la investidura de Pedro Sánchez incluyese una comisión parlamentaria sobre este asunto.

Mientras, en Andorra los querellantes han pedido la imputación del exministro del PP Luis De Guindos y la juez ha impuesto abogado de oficio al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y su subalterno Bonifacio Díaz porque, estando querellados, no han comparecido.