Teresa Ribera aprueba la solución nuclear de Bélgica que Extremadura exige a Pedro Sánchez

En Bélgica, estaba previsto que sus reactores cerrasen este 2025, pero ya el año pasado comunicó a Europa su deseo de prolongar por diez años la vida útil de dos de ellos, Doel IV y Tihange III. Este viernes, tras analizar la situación, la Comisión Europea dio su beneplácito a una medida de la que se benefician Electrabel, Luminis y BE-NUC. Interesante esta última, porque es una empresa de nueva creación que es propiedad del Estado belga en un 50%.

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ADRIÁN GARCÍA

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Dentro de este acuerdo que permitirá a los dos reactores seguir funcionando, la transferencia de ciertas responsabilidades al Gobierno belga, por ejemplo, en materia de gestión de residuos, es importante para entender cómo puede traducirse lo ocurrido en ese país con lo que pasa en España y, concretamente, en Extremadura, con el cierre de Almaraz a la vuelta de la esquina.

Fuentes de la Junta de Extremadura entienden que Bélgica ha hecho justo lo que su presidenta, María Guardiola, pidió al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez. La presidenta extremeña, en una carta que no encontró respuesta, solicitó al Gobierno nacional estudiar alternativas y asumir responsabilidades. De ser cierto que es únicamente un problema de las empresas, argumentaba Guardiola, que el Estado «tome las riendas». Incluso, de ser necesario, que el Estado tomase el control de la central nuclear de Almaraz.

En el Gobierno autonómico concluyen que el paso al frente de Bélgica, en connivencia con la propia Comisión Europea, demuestra que pedir el mantenimiento de Almaraz no es una locura. Es posible, creen, dar marcha atrás en el Plan Nacional de Energía y Clima.

Dichas fuentes consideran que el Ejecutivo belga «ha asumido su responsabilidad como garante de la seguridad energética del país». Se ha tenido en cuenta, dicen, el «contexto geopolítico» para evitar que, en este caso, los belgas tengan que depender del gas de terceros países. No solo se trata de ampliar por diez años la vida útil de dos de sus reactores, sino que, además, hay un compromiso de «mantenimiento para asegurar su futuro».

Y es que ese papel que va a tener el propio Estado belga en todo este asunto es lo que podría dar alas, precisamente, a lo que plantea Extremadura. Se ha repartido la propiedad entre el Gobierno y una energética. Lo que, desde luego, tumbaría el mantra de que «todo es culpa de las empresas». Bélgica, como otros países, ha tomado las riendas para mantener la nuclear.

Ya el informe Draghi hablaba en positivo de la energía nuclear, dentro incluso de la lucha por la descarbonización, otro de los argumentos a los que se refiere con cierta frecuencia la Junta de Extremadura, que sigue tachando de «kamikaze» la postura inquebrantable del Gobierno de España y, en concreto, de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que mantiene el plan labrado por su antecesora Ribera. Todo, además, cuando es la propia Teresa Ribera la que, como vicepresidenta de la Comisión Europea, sostiene la energía nuclear en países como Bélgica.

Esta misma semana, la presidenta extremeña tuvo la oportunidad de mantener una reunión presencial con Ribera en Bruselas, donde Guardiola le pidió «interceder con el Gobierno de España» para evitar el cierre nuclear. Si bien la que fuese ministra de Transición Ecológica volvió a referirse a las empresas como responsables últimas del apagón.

Lo ocurrido en Bélgica precede a la cumbre que tendrán los próximos días 24 y 25 la madrileña Isabel Díaz Ayuso y María Guardiola en Mérida. Ambas presidentas, que visitarán Almaraz, quieren reivindicar que el cierre de la central no es solo un problema para Extremadura, sino para el resto del país. La Comunidad de Madrid, de hecho, entiende que se trata de una «decisión crítica para el suministro y desarrollo económico regional».

El 15% de la energía que consume la Comunidad de Madrid, de hecho, procede de Almaraz. La central extremeña produce el 7% de la energía nacional y da luz a cuatro millones de hogares. En Extremadura, da empleo directo a más de 3.000 familias, sostiene la riqueza de toda la comarca y deja más de 100 millones en impuestos. El pasado 18 de enero, miles de extremeños, de todo signo político, se concentraron en Almaraz para reclamar su mantenimiento y evitar un cierre programado para 2027.

La cumbre también abordará otros retos en materia de atención sanitaria o dependencia, víctimas de violencia contra la mujer, educación, emprendimiento, vivienda o transportes. Pero el foco principal se posará sobre la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre «pondrá en riesgo importantes retos a los que se enfrentan las sociedades de ambas regiones», según fuentes autonómicas madrileñas.