Así fue el examen de la cúpula de la Fiscalía a García Ortiz: «Lo menos gravoso es no tener un fiscal general imputado»

Pese a que lo que se «vendió» en los primeros momentos desde la Fiscalía General del Estado fue poco menos que un cierre de filas en torno a García Ortiz, fuentes presentes en esa reunión lo negaron tajantemente en declaraciones a ABC. Partiendo de que sólo acudieron 31 fiscales de Sala y que cinco de ellos no intervinieron en su turno de palabra, lo cierto es que, de los 26 restantes, 13 (diez según otras fuentes ) cuestionaron la continuidad del fiscal general, la mayoría pidiéndole directamente que dimitiera por el bien de la institución.

Entre estos últimos estaban los cuatro del 'procés', apartados de la causa al no compartir el fiscal general que la malversación de los líderes independentistas esté excluida de la ley de Amnistía. Junto con Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, otros primeros espada de la carrera como Elvira Tejada, Rosana Morán, José Javier Huete, Alejandro Luzón, Pilar Martín Nájera, María José Segarra o Fernando Rodríguez Rey intentaron hacer ver al fiscal general el daño institucional que esta imputación implica para los más de 3.000 fiscales que conforman la carrera.

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De quien sí recibió García Ortiz el apoyo incondicional fue de los fiscales de Sala asociados a la UPF, de la que fue portavoz y que han sido ascendidos en los últimos años por él y por su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. Quien, precisamente, ha sido premiada, a su vez, por el propio García Ortiz con una silla en la Junta de Fiscales. De hecho la exministra de Sánchez fue una de las más firmes defensoras de la continuidad del fiscal general y le animó a seguir en el cargo para defender su inocencia. Otros fiscales de la UPF prácticamente recién aterrizados en la Junta, como Isabel Rodríguez, animaron a García Ortiz a rebelarse ante lo que calificaron de «capricho» del Supremo, y otros se atrevieron incluso a vaticinar «un escaso recorrido» a esta investigación, algo en lo que casualmente coinciden con ministros del Gobierno.

Todas las fuentes consultadas calificaron de «afable» el tono de la reunión, pese al duro contenido de algunas de las intervenciones que hicieron hincapié en que es el primer fiscal general objeto de una investigación penal en el Alto Tribunal. García Ortiz aseguró que su decisión de continuar estaba tomada y que únicamente les había convocado para informarles y escuchar lo que tuvieran que decirle.

Como hizo en un comunicado y en la entrevista que concedió antes de reunirse con la cúpula fiscal, volvió a defender su inocencia y a negar que hubiera cometido el delito de revelación de secretos que indiciariamente se le imputa. Defendió así su actuación en el marco de la labor informativa que atribuye el estatuto al Ministerio Fiscal y a la «necesidad» de desmentir un «bulo» (en referencia a que fue la pareja de Ayuso la que ofreció un pacto al fiscal y no al revés). Negó, además, que hubiera filtrado los correos electrónicos intercambiados antes incluso de la difusión de esa nota informativa. En su auto del miércoles el Supremo deja claro que al margen de los implicados en la negociación, es decir, el fiscal del caso y el abogado de González Amador, los únicos que tuvieron acceso a esos correos eran la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el propio fiscal general.

Varios fiscales han recordado a García Ortiz que no estaban debatiendo el objeto de la imputación del Supremo, y que «con todo el respeto a la presunción de inocencia» de la que goza, como cualquier otro ciudadano, lo que estaba sobre la mesa en esos momentos y el motivo de la reunión era su decisión de continuar al frente de la Fiscalía al ser, según él, lo «menos gravoso» y «más prudente» a medio y largo plazo. En este punto, y siempre según fuentes presentes en la reunión, uno de los fiscales partidarios de su dimisión le ha espetado que lo «menos gravoso» para la Fiscalía en estos momentos sería tener un fiscal general que no estuviera imputado.

Pocas horas después del encuentro con el generalato de la Fiscalía, García Ortiz pasaba por el mismo trance ante el Consejo Fiscal, donde la representación de la UPF sí responde a la realidad de la carrera, pues sus nueve vocales electivos son elegidos por ella. En este caso, seis de estos consejeros representan a la mayoritaria Asociación de Fiscales, dos a la UPF y uno a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Siete de los nueve vocales electivos de este órgano (los seis de la AF y el de la APIF) pidieron al fiscal general que reconsidere su decisión de permanecer en el cargo y presente su dimisión.

Según ha podido saber ABC de fuentes presentes en la reunión, al igual que por la mañana, García Ortiz volvió a defender que la actuación por la que se le imputa revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso se enmarcó en el deber de informar de los asuntos relevantes para «garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz».

Y, como en la Junta de Fiscales, los vocales le han recordado la necesidad de abstraerse del objeto del proceso seguido en el Tribunal Supremo y de sus argumentos para defenderse.

«Este debe ser el punto de partida para valorar si, en efecto, lo menos gravoso para el Ministerio Fiscal español es que el fiscal general del Estado se encuentre investigado en un procedimiento judicial que tenga por objeto aclarar su posible responsabilidad penal por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones», señalaron los vocales de la AF en un comunicado al término de la reunión. Consideran que «el perjuicio que se deriva para la institución al mantener este escenario supera con creces cualquier afectación producida por su conclusión, empezando por la propia anomalía que supone que quien está llamado a intervenir como parte del proceso en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, actúe bajo la jefatura superior del investigado en ese proceso».

Creen, además, que la decisión de continuar en el cargo pone en entredicho la credibilidad de la actuación de todos los miembros de la carrera, «mucho más allá del marco de este proceso, por efecto de los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación». «Nos resulta absolutamente inasumible el impacto que produce dentro y fuera de nuestras fronteras la imagen de un Ministerio Fiscal dirigido por un fiscal general del Estado imputado por el Tribunal Supremo. No puede, por tanto, haber una consecuencia más gravosa para el Ministerio Fiscal que sostener el progresivo deterioro de la institución».

Por su parte, los dos vocales de la UPF han apoyado la continuidad de García Ortiz al considerar, en contra del criterio del Supremo, que el fiscal general no cometió ningún delito y que se limitó a defender a un subordinado, en referencia al fiscal Julián Salto. Opinan que marcharse sería una «irresponsabilidad» que contribuiría al «debilitamiento» de la institución.