Los etarras logran la semilibertad con cartas de perdón que no han visto ninguna de sus víctimas

«Un perdón que no llega a su destinatario es un perdón a medias», reconoció Carlos García Berro, fiscal de la Audiencia Nacional encargado de esos terceros grados y que admitió dicha incongruencia. El sustituto de su tocayo Bautista aboga por explorar fórmulas que permitan a la víctima acceder a esa carta que facilita la semilibertad al asesino de su padre o hermana.

Tanto García Berro como Inés Soriano, magistrada y asesora del Gobierno vasco en esta materia, quisieron poner en valor que esas cartas ya no son meros formularios o equidistantes, como en épocas anteriores, sino que ahora los presos de ETA las escriben «de su puño y letra». Un supuesto avance de autenticidad o sinceridad que estos expertos reconocen imposible de acreditar y que en todo caso sólo le sirve al etarra, pero que en nada mejora la situación de la víctima al no tener ninguna posibilidad de acceder a esa hipotética petición de perdón.

Otro de los asuntos que destacaron en estas jornadas es la denuncia por parte de la presidenta de la AVT, Maite Araluce, sobre la creciente asfixia económica a la que el Ministerio de Interior viene sometiendo a la asociación de víctimas del terrorismo más antigua y más representativa en nuestro país, con hasta 4.800 miembros.

Ya de entrada, llama la atención que el departamento de Marlaska destine apenas un millón de euros al año para subvencionar la labor que hacen esta y todas las demás asociaciones de víctimas en un país tan golpeado por el terrorismo no solo etarra, sino también yihadista. Solo ETA y el 11-M ya suman de largo más de 1.000 víctimas.

El ministerio de Marlaska subvenciona cada vez menos proyectos de la AVT, sobre todo desde 2021, cuando estas víctimas clamaron contra el traspaso de las tres cárceles vascas al nacionalismo tras completar Interior el acercamiento de todos los presos de ETA que el propio ministro había descartado tras asumir el cargo en 2018.

Mientras la AVT ha seguido criticando los pactos de Sánchez con Bildu o la reciente reforma para descontar años de prisión a medio centenar de etarras, Interior le ha recortado más subvenciones: casi una cuarta parte (22,5%) en los tres últimos ejercicios. En cifras redondas, 64.000 euros menos cada año, lo que ya ha obligado a la AVT a prescindir de cuatro trabajadores que prestaban apoyo jurídico o psicológico a las víctimas.

Y, como el recorte es mayor cada año (44.000 euros sólo en el último), las dificultades son cada vez mayores. Y eso que, según denunció Araluce en estas jornadas, instituciones públicas como la Audiencia Nacional instan cada vez más a las víctimas a que recurran a los servicios de su asociación, por ejemplo para informarse acerca de un procedimiento judicial. No parece que, pese a ese 'castigo' económico de Marlaska, la AVT vaya a dejar de denunciar y criticar las componendas de Sánchez con Otegi.