Escepticismo entre los jueces sobre el pacto para despolitizar el CGPJ

Y ello porque a las trabas que el estudio de ese cambio de modelo puede encontrar dentro del propio CGPJ para que salga adelante con los doce votos necesarios, se junta la segunda variable: no hay ninguna garantía de que el Gobierno ni el Parlamento acaben aprobando un hipotético proyecto de ley o proposición de ley en ese sentido. La propia disposición adicional de la reforma sellada en Bruselas entre Félix Bolaños y Esteban González Pons deja la puerta abierta a que una vez «debatido» ese plan, finalmente no sea ni «tramitado» ni «aprobado».

«Hay que ser muy ingenuo para sostener que ese escenario va a tener lugar. Ni el acuerdo recoge tal extremo ni el actual Parlamento lo aprobará», señala el portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, en declaraciones a ABC. En su opinión, seguirán sin cumplirse las recomendaciones de las instituciones europeas. Cree que se ha perdido «una oportunidad histórica» y que «tristemente» se seguirá trasladando una imagen politizada del CGPJ.

Y es que, a su juicio, «el acuerdo consolida una forma de designación de vocales claramente politizada», lo que traslada a la ciudadanía que los partidos políticos no quieren perder su cuota de poder en el CGPJ. «Los vocales elegidos, de cuya profesionalidad no dudamos, carecen de apariencia de imparcialidad y apariencia de independencia. Y es tan importante ser como parecer. Se aprecia en la casi totalidad de los 12 vocales judiciales un evidente reparto de cromos entre PP y PSOE, ninguneando a la mayoría de la carrera judicial no asociada y a la AJFV, con más de mil asociados, que no tiene representación».

Para Oliva este dato es muy significativo, pues es precisamente su asociación, la que más ha defendido la independencia judicial en mayúscula, la que se ha quedado fuera del reparto «partidista». «Esperemos que los nuevos vocales sean capaces de avanzar en la mejora de las condiciones de salud laboral de los jueces y que en los múltiples nombramientos discrecionales que tienen que realizar, se mejore la objetividad y se ejecute una verdadera baremación del mérito y capacidad. Nuestra asociación judicial exigirá que así sea», señala.

La opinión de Foro Judicial Independiente es similar. Su portavoz, Fernando Portillo, valora que se haya renovado el órgano, pero no la forma en la que se ha hecho: «No transmite una mejor impresión a la ciudadanía sobre la justicia; lo que transmite es que es un botín de los partidos políticos, lo que es peor». Recuerda que esta forma de hacer las cosas «es contraria a las exigencias de despolitizar la imagen de la justicia frente al ciudadano medio y a los estándares europeos de independencia, separación de poderes y lucha contra la corrupción». A su juicio, habría que haber reformado previamente el sistema de elección antes de renovar para ajustarse a esos estándares.

Portillo tiene «dudas» de que esos acuerdos para cambiar el sistema de elección de vocales se alcancen, para empezar porque «en algunos puntos son bastante inconcretos, lo cual permite decir al PP que los jueces elegirán a los jueces y al PSOE que los jueces no elegirán jamás a los jueces».

«El modo en que está redactado puede dar lugar a equívocos», insiste. Y recuerda que esa reforma depende de grandes consensos que, si no se han alcanzado hasta ahora, no tienen por qué alcanzarse en el futuro. «Salvo que nos creamos que Europa va a estar vigilante para efectivamente garantizar que se cumplan los acuerdos». Somos pesimistas —lamenta—.

Ojalá nos equivoquemos y haya un antes y un después en la politización del Poder Judicial, pero creo que hay que ser precavidos porque el pasado lo que nos dice es que los partidos políticos nunca se han echado atrás en su conquista del Poder Judicial».

La opinión de las dos asociaciones de jueces que se han repartido diez de las doce plazas de jueces es más comedida. Desde la sobrerrepresentada Jueces y Juezas para la Democracia, su portavoz, Edmundo Rodríguez, cree que si se logra un amplio apoyo de la plural carrera judicial, podrían encontrarse fórmulas para «impedir la instrumentalización política del CGPJ». Ve «normal» que el acuerdo sea interpretado por cada cual de una forma. «Lo que es evidente es que se quiere cambiar el sistema, y que se ha encomendado al CGPJ que elabore un informe para abordar esa reforma. Luego cada cual tendrá su opinión, pero la encomienda es clara», dice.

Por su parte, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) tiene «confianza» en que los vocales lleguen a un acuerdo para el cambio de modelo, aunque reconoce que las mayores dificultades para hacerlo pueden encontrarse precisamente en el seno del órgano de gobierno de los jueces por la oposición que pueda plantear JJpD. Aun así ve factible que salga un texto del Consejo siempre que se entienda que esa «participación directa» de los jueces en la elección de los suyos incluya a todos y nadie se sienta infrarrepresentado. La presidenta de la APM, María Jesús del Barco, señala que los vocales de su asociación harán «todo lo que esté a su alcance» para consensuar ese texto y que si en esos seis meses no se logra, habrá que esperar a que un nuevo Gobierno cambie la ley.

Mientras, en el Congreso se vivió este miércoles la resaca del acuerdo, desde la pregunta de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, hasta las posteriores conversaciones en los corrillos que se suceden en el patio y los pasillos de la Cámara Baja. Las interpretaciones van por barrios y cada uno barría para casa, tras un pacto en el que ambas partes han cedido respecto a sus posiciones de máximos. Ahora, el análisis es cómo quedará el panorama de la legislatura tras cerrarse por fin el CGPJ. Fuentes del Gobierno apuntaban que nada cambiará tras este movimiento, porque, dicen, saben «quién es Feijóo y cuál es su actitud de oposición destructiva».

Desde La Moncloa creen que el PP cerró el acuerdo porque no hay elecciones en el horizonte y se muestran comprensivos con los 'celos' que ha levantado el acuerdo en sus socios habituales, pero insisten: «No cambia nada». En Génova, no obstante, hacen otra lectura y consideran que si el Ejecutivo ha aceptado ahora la mayoría de sus condiciones, se debe a que la Comisión Europea preparaba un informe durísimo contra la situación del Estado de derecho en España. Urgía, por tanto, actuar.

Sí coinciden el PP y el Gobierno en que esto cambia poco -en el PSOE incluso acusan a Podemos de ir «pasado de revoluciones» por decir que la legislatura vira ahora a una gran coalición-, y los populares achacan que se ha pactado con ellos el CGPJ a que el Ejecutivo los necesitaba. Ni más ni menos. Ven opciones de renovar fácilmente el gobernador del Banco de España y otros organismos pendientes, pero no RTVE, politizada, según el PP, con una presidenta socialista. En el resto de leyes, el Ejecutivo tendrá que mirar a sus aliados parlamentarios.

Este miércoles ya se registró la ley para reforzar la independencia judicial y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunció la celebración de sendos plenos los días 4, 11, 17 y 23 de julio. Ese último día se nombrarán los vocales del CGPJ, tras dos trámites previos.