ERC solo asegura la elección de Illa en la investidura y exigirá más al PSC para mantener la legislatura

ERC considera este pacto como el mayor salto de autogobierno desde el pacto del Majestic (1996) entre CiU y el PP para que José María Aznar pudiera gobernar. Como los acuerdos de entonces, los alcanzados el lunes por republicanos y socialistas serán de aplicación progresiva y no será hasta 2026 cuando la Generalitat empiece a recaudar el 100% del Impuesto sobre la Renta, para ir añadiendo a su cesta el resto de impuestos nacionales.

La larga duración de la ejecutiva de ERC del lunes se debió a que primero se explicó el pacto con todos sus detalles, y a continuación cada miembro pudo dar su opinión. Se hicieron dos pausas. Faltaba todavía la garantía de que el PSOE iba a apoyar este acuerdo y a comprometerse en su cumplimiento. Varios miembros de la directiva republicana resumieron su temor a que lo acordado quedara en papel mojado diciendo que tenían que evitar un nuevo «apoyaré», en referencia a la promesa que Zapatero hizo a Pasqual Maragall en 2004: «Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña».

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Á. A.

Sobre la consulta a las bases, cuya pregunta se conoció este martes: «¿Estás de acuerdo que ERC vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución del conflicto político y el resto de medidas acordadas?», la dirección de ERC defiende que tiene un buen acuerdo que presentarle. «Todo depende de la mentalidad con que los militantes vayan a votar. Si votan el acuerdo, votarán que sí; si votan la investidura de Salvador Illa, lo tendremos más complicado», apuntaron fuentes de la dirección de los de Marta Rovira. De ahí que, al final, no se incluya el nombre de Illa en la pregunta. Desde este martes se están celebrando las asambleas territoriales del partido para que la dirección explique los detalles y despeje las dudas que puedan surgir del pacto.

Las mismas fuentes afirman que si las bases dan por bueno el acuerdo, un regreso de Carles Puigdemont la semana que viene, por aparatoso que sea y aunque sea detenido y encarcelado, no alterará el voto de sus 20 decisivos diputados autonómicos. Sobre la posible entrada de ERC en el Govern de Illa, la dirección asume su interinazgo e interpreta que no le corresponde tomar esta decisión.

Serán los dirigentes que resulten elegidos en el congreso que ERC celebrará el próximo 30 de noviembre quienes tendrán que establecer la orientación política y estratégica del partido para «superar el 'procés', teniendo en cuenta que estamos en un ciclo político nuevo en el que el PSC ha ganado las últimas cuatro elecciones y la mayoría independentista no existe».

Así, con el preacuerdo, si finalmente se firma por el PSC y ERC, la Generalitat calcula que tendrá unos ingresos de 60.000 euros anuales, casi el doble de lo que ahora gestiona. A esta cifra habrá que descontar 'la factura' que le pueda pasar el Gobierno por los servicios del Estado en la comunidad y lo que el Govern decida que aporta a la solidaridad del resto de regiones, que estará limitada y condicionada.

Será la Generalitat quien «gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña» y será esta administración la que «aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea», se cita explícitamente en el documento pactado por el PSC y ERC. La solidaridad estará condicionada a que los gobiernos autonómicos receptores de la cuota catalana «lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar» y «por el principio de ordinalidad». El primer impuesto que se traspasará será el del IRPF en 2026. Para llevar a cabo el nuevo modelo de financiación, que dejará a Cataluña fuera del régimen común, se modificarán la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la de Cesión de Tributos.

El texto incluye otras medidas a favor de la «soberanía» catalana. Por ejemplo, el lingüístico. El futuro Govern de Illa mantendrá y reforzará la inmersión lingüística obligatoria en catalán y rechaza el cumplimiento del bilingüismo. Además, se creará una oficina pública para coordinar la independencia deportiva a través de las federaciones que lo soliciten.