Una empresa investigada por financiar al PSPV recibe dos millones en contratos de instituciones socialistas

En la cita de 2007 Carmen Alborch compitió infructuosamente por la alcaldía de Valencia contra la popular Rita Barberá. Y en la de 2008, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Valencia fue María Teresa Fernández de la Vega, que desde julio de 2018 está instalada en el Consejo de Estado –fue su presidenta hasta octubre de 2022 y ahora es consejera–.

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Adriana Cabezas

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La ley de financiación de partidos políticos prohíbe que las personas jurídicas (empresas) donen a los partidos para su actividad ordinaria. Para campañas electorales permite donaciones por un máximo de 10.000 euros, que además deben quedar registradas y ser declaradas ante el Tribunal de Cuentas. Y una de las prácticas perseguidas, por ser financiación ilegal encubierta, es que un tercero pague gastos de campaña de un partido político.

Justo eso es lo que, según el informe de la UCO, tejió el PSOE valenciano en 2007 y 2008: adquirió 'merchandising' a la empresa Cronosport por 332.588 euros, pero en vez de pagarlo el PSOE lo abonaron varias empresas privadas, entre ellas Sitra. Ésta habría costeado 108.344 euros, según ese informe de la UCO de la Guardia Civil vinculado al denominado caso Azud, que investiga presuntas prácticas corruptas, financiación ilegal y caja B en el PSOE valenciano, con la implicación de empresas susceptibles de beneficiarse de contratos públicos.

La empresa Sitra se dedica a aportar tecnología y servicios para la «gestión eficiente y sostenible del agua en la industria», según dice su página web. Los organismos públicos son solo una porción de su mercado. Y, según el registro oficial de licitaciones, en ese segmento las administraciones bajo control socialista son sus mejores clientes. Al menos así se desprende de los expedientes que figuran en esa base de datos oficial a los que ha tenido acceso ABC. De quince contratos públicos adjudicados en apenas cuatro años, once son de organismos bajo control socialista.

El listado arranca en la primavera de 2018: el 24 de mayo, Mercavalencia le adjudica un contrato de 355.597,56 euros, IVA incluido. Se presentaron siete licitadores y la ganadora fue Sitra, para ejecutar un proyecto de tratamiento de aguas. El accionista mayoritario de Mercavalencia es el Ayuntamiento de la capital levantina, del que ya por entonces era alcalde Joan Ribó (Compromís), con el PSOE en su gobierno municipal de coalición.

El 12 de abril de 2019, Sitra se hace con otro contrato público en el Ayuntamiento de Vall de Uxó, del que es alcaldesa la socialista Tania Baños. De entre cuatro licitadores que se presentaron, este Consistorio adjudicó a Sitra un contrato de un año, prorrogable por tres más, para la prevención, tratamiento, control y erradicación de la legionelosis en edificios municipales. El precio: 18.290,45 euros por año, IVA incluido.

El Aeropuerto de Castellón, controlado por la Generalitat valenciana, es un cliente recurrente de Sitra. El 7 de enero de 2021 le adjudicó un contrato para la retirada de aguas residuales de la depuradora del aeropuerto, por 22.302,72 euros, impuesto incluido. Se presentaron tres empresas. El 16 de noviembre de ese mismo año, el aeropuerto castellonense le dio otro contrato de 20.509,5 euros para el vaciado de una balsa de la depuradora de aguas residuales. Y a ello se sumaron otros dos contratos menores –sin concurso público– adjudicados a Sitra por el Aeropuerto de Castellón el 21 de enero de 2021 y el 31 de enero de 2022, por un importe total de 3.813,99 y 8.396,19 euros.

También consta entre sus clientes el Aeropuerto de Valencia, de Aena, sociedad con mayoría accionarial del Estado. En este caso fue un pequeño contrato técnico de 565,29 euros, adjudicado el 18 de diciembre de 2019.

En estos años, el contrato público más abultado le ha llegado a Sitra desde Baleares. El 3 de junio de 2021, la empresa municipal de aguas de Palma le adjudicó la redacción del proyecto de obras y la construcción y puesta en servicio de un sistema para el tratamiento integral de lixiviados procedentes de vertederos. El importe ascendió a 1.481.348,57 euros, IVA incluido. Esa empresa municipal depende del Ayuntamiento de Palma, del alcalde socialista José Hila.

Por otra parte, la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental, ente del Gobierno de Baleares que preside la socialista Francina Armengol, adjudicó a Sitra dos contratos menores –sin concurso–, en los que solo se manejó la oferta de esa empresa. Uno de ellos, por importe total de 48.365,12 euros, se le asignó el 22 de mayo de 2019 para la «obra previa a la puesta en marcha» de la desaladora de Ciudadela (Menorca). El otro contrato, adjudicado el 5 de julio de 2021 por importe de 18.080,93 euros, fue para reparar la electrobomba de esa misma desaladora.

Fuera de la Comunidad Valenciana y Baleares, en el listado de contratos públicos localizados por ABC figura también uno de la Junta de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE. El 28 de julio de 2020 encargó directamente a Sitra, por 14.520 euros, un «Estudio de tipologías y generación de residuos industriales y posibles sinergias en la gestión».