Dos entidades piden un código ético del Gobierno para evitar conflictos como el de Begoña Gómez

Ante esto, la sociedad civil se lanza con propuestas de autorregulación gubernamental, un campo hasta ahora poco transitado en España. En esa línea trabajan la fundación Hay Derecho, integrada por prestigiosos juristas y profesionales de otras disciplinas, que el pasado diciembre presentó más de 100.000 firmas en el Congreso contra la ley de Amnistía, y España Mejor, el 'think tank' fundado por Miriam González, abogada y mujer del ex viceprimer ministro británico Nick Clegg, quien ya se mostró muy crítica con la falta de sistemas para gestionar los conflictos de interés. Ambas entidades han elaborado un Código Ético del Gobierno para «elevar el listón» del presidente, vicepresidentes y ministros en esta faceta.

Si bien pretende regular desde las relaciones con los medios de comunicación hasta los viajes institucionales, es en el ámbito de los conflictos de interés donde este código pone especial énfasis, al calor de la investigación abierta a la esposa del jefe del Ejecutivo y ante la necesidad de contar con instrumentos de autorregulación más exigentes. El documento alude a «dudas razonables» sobre posibles interferencias que deben evitar los miembros del Gobierno y especifica que aquellos salpicados por intereses de sus cónyuges o familiares, «que den o puedan dar lugar a un conflicto», serían apartados de decisiones relacionadas con esa conducta.

El código incluye una serie de medidas que van más allá de la normativa vigente. Prevé, en caso de que no se pueda diseñar un «mecanismo para evitar el conflicto», que el familiar implicado renuncie al lucro o, de lo contrario, sea el miembro del Ejecutivo el que deje su cargo. De existir instrumentos similares, casos como el de Begoña Gómez se habrían resuelto preventivamente.

Mientras, el PP insiste en pedir responsabilidades políticas por el caso Begoña Gómez. El portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, pidió este lunes la comparencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, al que acusa de actuar «en servicio» de la esposa del jefe del Ejecutivo, «tanto para que esta obtenga ingresos económicos como mediante declaraciones públicas de apoyo y críticas al procedimiento judicial en curso». Así lo creen en el PP, tras declarar el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, ante el juez el pasado viernes que Gómez le citó en La Moncloa para proponerle la cátedra de Transformación Social Competitiva que la mujer de Sánchez codirige en esta universidad madrileña desde 2020.