Doce sospechosos descartados antes de centrarse en Angelillo

La Policía ha seguido numerosas líneas de pesquisas en estos 18 años y ha investigado hasta a doce personas, que fue descartando una a una hasta llegar a Angelillo, vecino de La Parte de Bureba donde Salvador era alcalde pedáneo y acumulaba un patrimonio en tierras. El primero sobre el que se puso el foco fue Rodrigo Barrio, el hijo mayor del matrimonio. Tenía 16 años y estaba interno en el Colegio San Gabriel (en Aranda de Duero) de lunes a viernes. Los fines de semana los pasaba con su familia en La Parte donde solía ayudar a su padre en las tareas del campo. Llegó en autobús al colegio el 7 de junio sobre las diez de la noche; lo vio el Padre Abilio, encargado de despertar a los alumnos el lunes a las 8.30. Horas después se descubrieron los cadáveres.

El 3 de septiembre de 2004 los agentes pincharon el teléfono de Rodrigo por su posible participación en los hechos con la hipótesis de una vinculación con juegos de rol. Sus allegados lo definieron como un joven introvertido, que mostraba una relación normal con sus padres y su hermano de doce años. Hasta diciembre se mantuvo la intervención telefónica que no aportó indicios en su contra. Tras los asesinatos se traladó a vivir con sus tíos a Queirugás (Orense) donde reanudó sus estudios, interno de nuevo.

En 2007, los investigadores lo detuvieron en medio de una enorme división en el equipo policial. Antes de 72 horas se acordó su libertad y posteriormente fue exculpado. Vive en La Parte donde se ocupa, junto a su tío, de la gestión de las tierras de la familia.

Fue el propio Rodrigo quien dos días después de los crímenes señaló a otro vecino del pueblo como la persona a quien más le podía beneficiar la muerte de su padre, con el que tenía mala relación, y llegó a decir que podía haberle encargado las muertes a Angelillo. Ese hombre había estado implicado en un homicidio durante una jornada de caza. Uno de sus hijos era concejal del PP y se había presentado a alcalde en las elecciones que ganó Salvador. Se ofreció voluntario para que registraran su casa y tras varios gestiones más quedó descartado.

El tercero fue el propio Angelillo. El día del entierro de Salvador se dedicó a dar acelerones con el tractor y a molestar en la finca que lindaba con el cementerio. Luego se sabría que fue él quien hizo las pintadas ofensivas en el nicho de la víctima, por las que fue condenado. «Por su conducta y estado mental no se continuó la línea de investigación en esos momentos», recoge el sumario al que ha tenido acceso ABC.

El cuarto hombre bajo la lupa fue el dueño de una jauría de perros que guardaba en una finca de Salvador, de la que tenía las llaves. Era un exlegionario con antecedentes y al que se había retirado el permiso de armas. Salvador le había pedido que se llevara los perros porque le habían matado unas gallinas. Registraron su casa donde intervinieron ropa y dos cuchillos de caza; los análisis fueron negativos.

Un sobrino médico de Barrio fue otro de los primeros objetivos. Tenía un derrame en el ojo que achacó a la tensión, no intentó entrar a comprobar el estado de las tres víctimas cuando llegó con otros familiares al piso y se negó a dar su ADN y su huella (tuvo que hacerlo por orden judicial). También tuvo el teléfono intervenido hasta finales de septiembre.

Un subinspector de Hacienda fue otro de los investigados. Salvador trabajaba sus tierras y reconoció que no tenían buena relación porque creía que le cobraban demasiado por los trabajos. Incurrió en numerosas contradicciones para no reconocer -como al fin hizo- que pagaba al cabeza de familia en dinero negro. Su teléfono tampoco dio pistas.

Otro de los teléfonos intervenidos sin resultado fue el de un individuo que se relacionaba con ucranianos y que debía 500 euros a Barrio por trabajos agrícolas. Tenía otra deuda esta de 27.000 euros con una antigua empleada de hogar, que saldó parcialmente (22.000 euros) en agosto lo que despertó las sospechas.

Rodrigo Barrio, que tuvo que ser ingresado en un pabellón de psiquiatría del hospital al enterarse del crimen de su familia, puso en el disparadero a tres hermanos, enfrentados a su padre por un problema con las fincas. Otra línea sin salida.

Las familias de las víctimas fueron peinadas a fondo, tanto la de La Parte de Bureba (los Barrio), como la de Julia, en Galicia. Se revisó del derecho y el revés su patrimonio, su actividad laboral y sus vidas. Y se centraron en un sobrino de la mujer que tenía antecedentes por tráfico de drogas y era consumidor de estupefacientes.

Los dos últimos investigados de esa época fueron un exnovio de la mujer y el jefe de estudios del colegio San Gabriel. Desde 2014, Angelillo es el único sospechoso.