Los delitos cometidos por menores de 14 años crecen un 45%

En 2023 se archivaron 11.143 causas por ser menores de 14 años los encartados; esa cifra es un 45, 47% más que las 7.660 que hubo en 2022 y un 32,1% por encima de las de 2021. Aunque en su mayoría -destaca la Memoria de la Fiscalía General del Estado- se trata de delitos de carácter leve o menos grave es palmaria la preocupación de los fiscales por la participación de estos cuasi niños en otros delitos más graves como son el acoso escolar, contra la libertad sexual, la violencia intrafamiliar, y otros cometidos a través de las redes sociales como coinciden los Ministerios Públicos de Sevilla, Tarragona, Ourense, Huesca, Ávila y Madrid.

Los fiscales de Menores de todas estas provincias se refieren a la problemática de una sociedad «carente de mecanismos precisos para dotar a los menores de las herramientas necesarias para gestionar su frustración». Sin gestión del no, el siguiente paso es el delito.

Pese a esas edades participan en conductas violentas y sexualizadas, por lo que es urgente que se intervenga de una forma más contundente, temprana y multidisciplinar. La única intervención posible es desde el ámbito de la protección (son inimputables) por lo que los fiscales reclaman la mejora de esos recursos. En Aragón y Madrid existe un programa de inimputables en coordinación con los servicios sociales, pero no los hay en la mayoría de las comunidades, pese a la gravedad de algunos casos, asesinatos incluidos.

La delincuencia de los que aún no han cumplido 14 años es solo una parte de la protagonizada por menores de edad. Año tras año, los fiscales especialistas muestran su alarma y preocupación por esa violencia que despliegan y va al alza. Aumentan las palizas y vejaciones a padres, hermanos, abuelos…, las lesiones en general, los delitos contra la libertad sexual e Internet y las redes sociales se convierten en su particular campo de batalla para todo tipo de delitos con el acoso escolar a la cabeza, un hostigamiento que puede empezar en el colegio o no, pero siempre continúa en las redes.

El año pasado por primera saltó a la estadística una cifra alarmante: se superó el centenar de homicidios y/o asesinatos tanto consumados como en grado de tentativa cometidos en 2022. En 2023, la cifra se mantiene, es decir, la tónica ascendente continúa.

Las lesiones pasaron de 11.628 en 2022 a 12.394 en 2023, un incremento del 6,59% respecto al año 2022; aunque incluye las lesiones leves para los fiscales es una muestra de la «banalización que los menores otorgan al empleo de medios y formas virulentas en su comportamiento social». El mal como un juego.

También creció, aunque de forma leve la violencia doméstica hacia padres y hermanos (4.416 causas, lo que supone un ligero incremento de +1,94%) Este tipo de delito genera mucha preocupación porque refleja la salud familiar, es decir, la salud del entorno en el que el menor crece y es su referente.

La que sí sufre un aumento significativo es la violencia de género perpetrada por menores: 807 causas (un 11% más) y es la cifra más alta de los últimos cuatro años. Esta tipología penal resulta muy preocupante, pues junto con los que se cometen contra la libertad sexual evidencia que no están calando en los jóvenes los esfuerzos para formar en igualdad. «Predomina –señalan los fiscales- «una deficitaria educación en valores que el entorno educativo del menor no ha sabido paliar».

Es lo que se pone de relieve con las 3.185 causas por delitos contra la libertad sexual, un incremento del 8,07% y una tendencia, pues se lleva produciendo ese aumento desde el año 2017. Hay muchos factores, pero la Fiscalía señala que la etiología de estas conducta sexuales virulentas puede encontrarse en la falta de una formación ético-sexual, en el consumo de alcohol u otras sustancias, el acceso temprano a contenidos pornográficos inadecuados sin una adecuada educación sexual y en valores en general, así como la constatada banalización de las relaciones sexuales y de la intimidad en particular, como marcan las Fiscalías de Sevilla, Granada, Cáceres y Madrid.

Las medidas judiciales impuestas en 2023 ascendieron a 20.910. La más extendida es la libertad vigilada representando (46,10%) seguida del internamiento semiabierto que supone un 10,75% del total de las medidas y un 68,72% del total de internamientos. Las prestaciones en beneficio de la comunidad son la tercera medida en popularidad al suponer el 10,21% del total. Se acordaron además 3.721 internamientos, la medida más restrictiva, de los que 730 fueron en régimen cerrado para aquellos delitos especialmente graves.

Los fiscales destacan la relación existente entre la medida de internamiento en régimen terapéutico con el incremento de enfermedades mentales, medida que representa el 16,58% de los internamientos, y que es complementada con otros tratamientos en régimen abierto.

En otro punto abordan un problema reiterado: la insuficiencia del tiempo legalmente previsto de duración de la medida cautelar de internamiento, habitual en causas graves para culminar la instrucción, calificar y concluir con sentencia firme dado que en ciertos delitos la sustitución por otras medidas no privativas de libertad no siempre resulta adecuada ni suficiente.

A modo de ejemplo, hablan de lo ocurrido en Madrid. Se tramitaron el año pasado 105 expedientes de especial complejidad, del total de 326 a nivel nacional, de los cuales en cuatro de ellos se agotó el plazo máximo de internamiento cautelar (9 meses) durante la instrucción, y en tres de ellos no se logró obtener una sentencia firme antes de la finalización de dicho plazo, lo que hizo preciso la adopción de otras medidas cautelares no privativas de libertad.