El Defensor del Pueblo denuncia el colapso del sistema de acogida
Las citas de protección internacional tardan 16 meses y dejan a los solicitantes «en la calle o en la precariedad»
El bloqueo del Gobierno colapsa la acogida de solicitantes de asilo en Madrid
El año pasado se registraron 118.842 solicitudes de protección internacional, la cifra más alta desde que se creó la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) en 1992. Supusieron un 81,5 por ciento más que el año anterior (65.482). Venezuela, Colombia, Perú y Marruecos fueron los principales países de procedencia de los solicitantes. De ellos, 21.309 eran menores y la mayoría no había cumplido 13 años.
Pero no todo son cifras. Detrás de ellas hay miles de historias humanas y miles de fracasos; también de la Administración, incapaz de dar una respuesta ágil a este volumen de peticiones. Es lo que denuncia el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en su Memoria anual presentada a mediados de marzo: el colapso del sistema de acogida internacional y el enorme retraso desde el momento en que los peticionarios aspiran a conseguir esa primera cita. Según se detalla, las mismas se pueden demorar hasta 16 meses y esa espera deja a los solicitantes «en la calle o en la precariedad».
En el informe se analiza el rol de la Dirección General de la Policía, que asume la gestión de la mayor parte de estas solicitudes, se encarga de asignar las citas previas y lleva a cabo las entrevistas y la expedición de documentos. Su papel, se afirma, «ha sido imprescindible para gestionar las solicitudes de protección» desde hace treinta años y su implicación ha resultado fundamental para asumir el imparable incremento.
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Pero, pese a esas tres décadas «no se acometen reformas estructurales para adaptar el sistema de gestión y tramitación a los estándares» del resto de países de la UE que gestionan un número similar de peticiones. Los obstáculos se perpetúan y a veces impiden el acceso al sistema.
Madrid, 47.000 solicitudes
Un número «indeterminado» de quienes quieren pedir refugio no pueden hacerlo, según la oficina de Gabilondo, debido a que el solicitante debe acudir a la comisaría del lugar donde se encuentre y ese reparto provoca «situaciones insostenibles» en algunos puntos. Ni siquiera se puede obtener cita por canales electrónicos, lo que aboca al candidato a no poder demostrar «su intención y las dificultades a las que se enfrenta». «Conduce a que durante meses no tengan acceso al sistema de acogida ni se hallen bajo el amparo del principio de no devolución», indica la Memoria.
Solicitudes para protección internacional
Solicitudes presentadas
118.842
Solicitudes
admitidas
Solicitudes
no admitidas
Solicitudes
denegadas
87.176
43
1.693
Resoluciones favorables
Resoluciones
desfavorables
Estatuto de
refugiado
Protección
subsidiaria
51.838
6.830
7.405
Razones
humanitarias
Solicitudes
archivadas
20.924
4.269
Solicitudes presentadas por país de origen
Por tramos de edad
Venezuela
45.748
0-13 años
16.798
Colombia
36.012
14-17
4.511
Perú
8.937
59.042
18-34
Marruecos
3.905
35-64
36.521
Honduras
3.017
Más de
65 años
1.970
Otros
21.223
Fuente: Ministerio del Interior / ABC
Solicitudes para
protección internacional
Solicitudes presentadas
118.842
Solicitudes
admitidas
Solicitudes
no admitidas
Solicitudes
denegadas
87.176
43
1.693
Resoluciones favorables
Resoluciones
desfavorables
Estatuto de
refugiado
Protección
subsidiaria
51.838
6.830
7.405
Razones
humanitarias
Solicitudes
archivadas
20.924
4.269
Solicitudes presentadas por país de origen
Venezuela
45.748
Colombia
36.012
Perú
8.937
Marruecos
3.905
Honduras
3.017
Otros
21.223
Por tramos de edad
0-13 años
16.798
14-17
4.511
59.042
18-34
35-64
36.521
Más de
65 años
1.970
Fuente: Ministerio del Interior / ABC
Los datos dan idea de este volumen inmanejable: en la Comunidad de Madrid se registraron el año pasado más de 47.000 solicitudes. Había trece puntos de atención, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y doce comisarías, que gestionaban 4.000 citas mensuales en las que el plazo medio de formalización era de 57 días. En la provincia de Barcelona se superaron las 7.000, y en la de Valencia se registraron 4.300. No hay patrones comunes, subraya la Memoria, y sí diferencias significativas en cuanto a los plazos dentro de una misma demarcación provincial.
En capitales de provincia pequeñas, con plantillas policiales más limitadas, la situación se agrava. A mediados de agosto del año pasado solo en trece provincias las citas se asignaban dentro de dicho año. En la mayoría de provincias, se dieron para 2023, con demoras de hasta dieciséis meses desde la fecha de petición. En cinco (Burgos, Cuenca, Granada, Salamanca y Navarra), la última cita asignada se había señalado para 2024, en algún caso para el mes de diciembre. Solo en Granada se estableció un plan de choque con el fin de acortar los plazos.
Estas dificultades estructurales motivaron muchas de las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo, que considera prioritario mejorar la coordinación entre la Dirección General de la Policía y la Dirección General de Política Interior.
El retraso se encadena. No son solo las citas; también afecta a la resolución de las solicitudes y tiene «graves consecuencias» para los afectados. Esa demora contribuye -se indica- a perpetuar «la grave situación en la que se encuentra el sistema de acogida, actualmente imposibilitado para ofrecer las plazas de atención necesarias». La conclusión es que si no se sabe cuántos quieren acogerse a esta protección no se pueden planificar las plazas de urgencia necesarias.
La dilación a la hora de resolver las peticiones, que supera con mucho el plazo legalmente previsto de seis meses, supone en la práctica que haya numerosísimos casos de personas que permanecen en el sistema de acogida por el plazo máximo permitido (dieciocho meses) «con lo que no es posible lograr un ritmo de renovación de los usuarios suficiente para atender a las necesidades actuales».
Solución de compromiso
La pandemia empeoró el panorama. Al no poder acudir a la Policía Nacional, se permitió el ingreso en el sistema de acogida, acreditando el intento frustrado de obtención de cita. Pero el pasado 15 de diciembre, la Secretaría de Estado de Migraciones dictó una nueva instrucción en la que se establece que solo se podrá solicitar plaza en el sistema de acogida cuando consta en los registros de la Policía la manifestación de la voluntad de pedir protección internacional.
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Explica el Defensor que se trata de una solución de compromiso para ofrecer cierta seguridad jurídica a las solicitudes que no pueden ser tramitadas en unos plazos razonables. Pero «incluso esta solución coyuntural también se ha visto colapsada». La conclusión de todo este retraso estructural es que muchas personas que buscan protección en España «se encuentran en situación de calle o de gran precariedad».
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