El decano de los abogados de Madrid ratifica ante el juez que García Ortiz quiso cerrar el capítulo de la filtración con una «declaración conjunta»

Así lo ha defendido ante el juez y también a su llegada al Tribunal Supremo para declarar como testigo en la causa en la que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, Ribón ha sostenido que el Colegio de Abogados tenía que intervenir ante el «daño irreparable» que la filtración de datos supuso para el derecho de defensa. Lo hizo a través de la denuncia interpuesta el 18 de marzo, una vez que se adoptó un acuerdo por su junta de gobierno. Los pilares esenciales «sobre los que se construye el derecho de defensa, que es el principio de confidencialidad y el secreto profesional», ha recordado también ante los medios.

El decano fue citado a instancias del juez Hurtado en relación con su intervención en los hechos que tuvieron lugar el 14 de marzo por la tarde, horas después de la nota informativa de la Fiscalía en la que se difundieron datos de carácter reservado relativos al procedimiento fiscal abierto a González Amador. Según revela el análisis del móvil de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, Ribón le escribió un WhatsApp expresándole su deseo de hablar con ella «de modo informal unos minutos», a lo que ella accede prolongándose la conversación entre ambos 12 minutos.

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A continuación, y tras colgar, Rodríguez realizó dos llamadas: una al teniente fiscal de la Fiscalía, Diego Villafañe, durante ocho minutos, y la segunda a la fiscal decana de delitos económicos, Virna Alonso, esta última de 17 minutos. «La inmediatez de las llamadas indicaría una preocupación sobrevenida o necesidad de informar de la situación» a sus dos interlocutores, reflejó la UCO en su informe. Poco después, a las 19.59 Rodríguez informaba a la jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Ana Isabel García León, que al día siguiente iría a Fortuny. «Ahora el Colegio de Abogados quiere cortar relaciones con la Fiscalía de Madrid por la nota de prensa, Porque hemos publicado conversaciones sobre conformidad!!», le avanza. Y dos horas después es Villafañe quien indica a Rodríguez que al día siguiente García Ortiz asistiría a una reunión con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, y Eugenio Ribón «a ver si calmamos las aguas».

Según reveló la fiscal Rodríguez en su declaración ante el Supremo, en esa reunión, por la que este viernes se ha preguntado a Ribón, ella asumió la responsabilidad de la nota (pese a estar presente el fiscal general). Este encuentro no consiguió frenar el malestar de la Abogacía madrileña, que el día 18 de marzo terminó presentando la citada denuncia.

La declaración de Ribón, que se esperaba breve, ha durado cerca de hora y media ante el «intenso interrogatorio» que le han hecho las defensas, según fuentes jurídicas.

Ribon ha declarado que en la reunión del día 15 los tres imputados (Garcia Ortiz, Pilar Rodriguez y Diego Villafañe) justificaron la nota «porque la Fiscalía tenía que informar» (desmentir un bulo, se dijo entonces) y por el carácter de personaje público de Gonzalez Amador (por ser pareja de Ayuso). Ha dicho además que los fiscales le propusieron hacer una «declaración conjunta» sobre la normalidad de las relaciones institucionales a lo que él se negó y que después de su negativa la reunión «tardó dos minutos en terminar».

La Abogacía del Estado ha anunciado que va a presentar una serie de documentos con los que pretende demostrar que las conformidades en España entre fiscales y abogados no se han visto comprometidas, ni mucho menos a raíz de este suceso.

Fuentes presentes en la declaración coinciden en que el clima de la declaración «ha sido tenso» y que en concreto en este punto ha habido un enfrentamiento tremendo entre la abogada de Pilar Rodriguez y el testigo, porque Ribón mantenía que «por supuesto» que estas comunicaciones se habían visto comprometidas y ella insistía en que no. La presión al decano y la «vehemencia» de la abogada del Estado ha sido tal que ha tenido que intervenir el magistrado y ha habido numerosas «protestas cruzadas» entre acusaciones y defensas.