El TC debe fallar quince recursos contra leyes que Campo apoyó

Entre todos estas cuestiones pendientes de fallo, las más polémicas son las que afectan a leyes en las que Campo tuvo participación como parte del Consejo de Ministros. Pedro Sánchez cesó al exministro en julio de 2021 y para esa fecha ya se había aprobado la reforma educativa, cuestionada por limitar la libertad de los padres para elegir el centro de sus hijos, o el cambio urgente del Estatuto de los Trabajadores sobre las condiciones de los repartidores de plataformas digitales, los llamados 'riders', sin que estuviera justificada esa tramitación exprés. También el decreto-ley que avaló la 'okupación' de viviendas en el marco del segundo estado de alarma pese a su posible vulneración de los derechos a la propiedad y a la tutela judicial efectiva. Tanto Vox como el PP, cada uno por un lado, recurrieron estos tres textos y se encuentran a la espera de respuesta por parte del TC.

Además, los populares llevaron al Constitucional las modificaciones del Impuesto de Patrimonio introducidas en los Presupuestos de 2021, aprobados en diciembre de 2020, para elevarlo y convertirlo en indefinido. Y también recurrieron por la misma vía el decreto-ley que aprobó el Gobierno para cargar al Tribunal Supremo la responsabilidad de juzgar las restricciones de movilidad adoptadas por las comunidades autónomas frente a la pandemia del coronavirus.

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Todos ellos siguen pendientes de fallo al igual que aquellos que presentó Vox contra la ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, la única redactada por el exvicepresidente segundo cuando estuvo en el Gobierno. En este caso, el partido de Santiago Abascal alegó que vulnera la libertad ideológica y religiosa y los derechos a la intimidad y a la tutela judicial efectiva. Dentro de este bloque, aún quedan otros dos por señalar. Son los recursos que presentó Vox contra el decreto-ley llamado 'Icetazo', y contra la reforma para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. El primero de ellos pretendía reducir la temporalidad en el empleo público, dando tres años a las administraciones para extinguir los empleos interinos eligiendo entre amortizar esas plazas o cubrirlas. En cuanto a la segunda, Vox cuestiona su constitucionalidad por limitar la capacidad de los progenitores separados a visitar a sus hijos discapacitados.

La implicación de Campo fue distinta en otras leyes que se encuentran recurridas, y esperan la decisión del TC, como la eutanasia y las reformas del Poder Judicial. Los socialistas tramitaron ambas a través del Grupo Socialista en lugar de hacerlo desde el Consejo de Ministros porque así pudieron evitar pedir informes a los órganos consultivos y, en concreto, a los jueces.

Pero Campo no dudó en apoyar ambas públicamente desde su posición de ministro de Justicia. «Se acaba de aprobar en el Pleno del Congreso la Proposición de Ley Orgánica de Eutanasia, un gran paso adelante en los derechos civiles en nuestro país», proclamó, por ejemplo, a través de Twitter cuando la Cámara baja dio luz verde a la muerte asistida. El asunto no es menor ya que tanto el PP como Vox han apuntado su posible inconstitucionalidad por atacar el derecho fundamental a la vida. En cuanto a la reforma del Poder Judicial, que impide que éste pueda realizar nombramientos mientras se encuentre en situación de interinidad, constan repetidas defensas por parte de Campo tanto en el Diario de Sesiones del Congreso como en el del Senado. Todas en la línea de señalar que era un cambio acorde con la Constitución y los estándares europeos del Estado de Derecho». La imparcialidad en todos estos casos no puede considerarse incuestionable.

La cuenta no acaba aquí ya que hay otros recursos pendientes de fallo que conciernen de una manera u otra a Campo. Y es que el Tribunal Constitucional también debe fallar sobre once recursos de amparo presentados por PP (nueve) y Vox (dos) contra acuerdos de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pareja sentimental del exministro. En este bloque se encuentran los recursos contra la decisión de la socialista de no repetir la votación de la reforma laboral tras el error informático alegado por el diputado popular Alberto Casero, o contra su aceptación de los vetos masivos del Gobierno a las enmiendas del PP a los Presupuestos de 2022. A ellos se suman los amparos solicitados por el PP ante la negativa de la presidenta de la cámara a solicitar al Gobierno la entrega de los expedientes completos de los indultos a condenados por el 'procés', o no dar audiencia a los jueces durante la reforma de las funciones del CGPJ.

Además de todo ello, el TC tiene sobre su mesa otros 13 recursos interpuestos por los dos citados partidos, poniendo en duda el encaje legal de leyes autonómicas que el Ejecutivo socialista consideró coherentes con el marco constitucional. Cinco de estos recursos van contra disposiciones que aprobó Cataluña. El resto, subraya la posible inconstitucionalidad de textos de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares (ambas presididas por socialistas), Islas Canarias y uno contra una ley de Galicia. Campo formaba parte del Consejo de Ministros cuando el Gobierno decidió no recurir dos de esas disposiciones catalanas que sí llevó después el PP al TC. Pese a la gravedad de la situación, fuentes parlamentarias bromeaban ayer sobre el papel que jugará Campo en el TC. «Nos va a salir caro, también económicamente... va a tener que abstenerse en más recursos que en los que va a poder pronunciarse...».