Cuenta atrás para la elección del presidente del CGPJ, que también lo será del Supremo

Por tanto, hoy los vocales se tienen que limitar a proponer nombres de candidatos susceptibles de ocupar este puesto, para el que se requiere ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del Tribunal Supremo o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad en el ejercicio de su profesión. El acuerdo se tiene que adoptar por mayoría de tres quintos de los miembros del Pleno (doce de los veinte vocales), por lo que esta será la primera prueba de fuego para un Consejo en el que a la fuerza será necesario el consenso.

En noviembre de 2013, Carlos Lesmes resultó elegido con 16 votos a favor frente a los cuatro que obtuvo la magistrada Pilar Teso, de nuevo en las quinielas para convertirse en la primera mujer al frente del Tribunal Supremo y el CGPJ.

Pero esta no es la única responsabilidad que tendrán los nuevos vocales del órgano, cuya gestión será examinada con lupa tras el compromiso de regeneración y despolitización que suscribieron Gobierno y PP en el pacto escenificado en Bruselas. Este Consejo tendrá en sus manos consensuar el nombramiento de un centenar de vacantes en la cúpula judicial como consecuencia de la ley que, promovida por el Ejecutivo de Sánchez para forzar al PP a negociar, recortó hace ya más de tres años las atribuciones del Consejo. De las consecuencias de lo que esta ley ha significado ya llevan tiempo advirtiendo tribunales como el Supremo, uno de los más afectados, con una de cada tres plazas vacantes. En total hay 98 nombramientos pendientes: 26 en el Alto Tribunal; 40 en tribunales superiores de justicia (de ellas, 8 son presidencias); 30 presidencias de audiencias provinciales y dos plazas en la Audiencia Nacional.

No menos importante es la tarea que tiene encomendada este Consejo de estudiar el cambio en el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial para dar mayor participación a la carrera en la designación de sus doce representantes en el órgano. En seis meses los vocales deberán consensuar una propuesta que será estudiada, debatida y, «en su caso», aprobada en las Cortes. La interpretación que horas después de la firma del acuerdo el Gobierno se ha dado a este punto, básico para el PP, ha sembrado una sombra de duda sobre la viabilidad del cambio de modelo.

A diferencia del último mandato, los veinte vocales del nuevo CGPJ volverán a tener dedicación exclusiva como consecuencia de la reforma de 2018, que no se llegó a poner en marcha por la prolongación del mandato del Consejo de 2013 durante todo este tiempo. En el órgano saliente, presidido por Vicente Guilarte, solo los siete miembros de la Comisión Permanente, el órgano fuerte del Consejo, tenían esa exclusividad.