La asesora de Moncloa dice al juez que Begoña Gómez ordenó nombrarla

Así se lo hizo saber la propia Begoña Gómez, afirmó durante su declaración como testigo a preguntas del juez Juan Carlos Peinado y las acusaciones populares. La esposa de Sánchez ordenó, según se entendió de su declaración, su nombramiento como directora de Programas de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Un cargo público nivel 26 con un salario bruto anual de 49.000 euros. Álvarez explicó que en junio de 2018, nada más llegar Pedro Sánchez a La Moncloa, Begoña Gómez la telefoneó —Álvarez ya había trabajado como subordinada suya en la compañía de marketing Inmark, como desveló ABC— para trasladarle que podía disponer de un cargo de confianza y que quería que se encagara de esa labor que, según dijo la asesora al juez, la esposa de Sánchez le explicó que ya había existido en gobiernos anteriores.

Según su explicación a preguntas del juez y de la acusación popular Hazte Oír, desde que comenzó a trabajar, el 16 de julio de 2018, estuvo disponible las 24 horas de los 365 días del año para las necesidades de Begoña Gómez y facilitarle un entorno seguro, eficiente y discreto. Ese puesto de confianza implica, según sostuvo, hablar con los escoltas, el personal de seguridad y también con protocolo para gestionar los eventos de la mujer de Sánchez. Afirmó que, de todas sus gestiones, siempre ponía en copia a la propia Begoña Gómez en un correo privado de Gmail.

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Sobre un correo que Álvarez envió a Reale Seguros el pasado mes de febrero, en el que pedía que continuara patrocinando la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) que Gómez codirigiría en la Complutense, la asesora afirmó ayer ante el juez que se trató de un favor personal que hizo a su amiga.

Entre la documentación aportada a la causa del Juzgado de Instrucción 41, en la que Begoña Gómez está investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, figura el correo que Álvarez envió desde su cuenta personal a una responsable de dicha compañía pidiendo que no dejaran de financiar la iniciativa cuando vencían los cuatro años del convenio inicial y tocaba renovar: «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», escribió la asistente.

En 2022, también intercambió mensajes de WhatsApp con el entonces vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, sobre el software relacionado con la cátedra por cuyo registro el juez investiga a su jefa por presunta apropiación indebida. En este caso, achacó el intercambio de dichos mensajes a ser la persona de confianza a la que Begoña Gómez le indicó que debía dirigirse cuando ella no estuviera disponible.

Después de su declaración, las acusaciones populares Hazte Oír, Iustitia Europa, Manos Limpias, Asociación MRPE y Sergapp, aglutinadas en Vox, solicitaron al juez distintas diligencias, entre ellas la imputación de Álvarez, que ya habían pedido. Instaron al instructor a requerir a Presidencia del Gobierno una relación de puestos de trabajo de Moncloa desde junio de 2018 «para determinar los roles y cargos de los trabajadores y asesores». También le pidieron que encargue a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder a los dos correos aportados por la testigo para revisar y hacer copia de todas aquellas comunicaciones dirigidas a Begoña Gómez que le llegaron a ella.

Tras una intensa semana de declaraciones en la causa, con las comparecencias como investigados el miércoles de la propia Begoña Gómez y del directivo del Instituto de Empresa (IE) y exconsejero madrileño Juan José Güemes que instó a su contratación en el Africa Center de dicho centro privado de estudios, los representantes de las acusaciones populares se encontraron ayer con una notificación sorprendente.

El juez Peinado ha abierto una pieza separada en la causa dirigida contra los representantes de las distintas acusaciones y también contra el abogado defensor de Begoña Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, para la posible imposición de una multa por contar a los medios de comunicación lo ocurrido en la sala.

Por medio de una providencia de este jueves, Peinado trasladó que, «como está siendo notorio y de dominio público, al término de las diferentes diligencias que se vienen practicando en las presentes actuaciones, y más en concreto, de las declaraciones que prestan personalmente, en la sede de este juzgado, por parte de diferentes letrados de algunas partes procesales, se comentan y revelan el contenido de las mismas, en las inmediaciones de la sede del edificio de los Juzgados de Instrucción de Madrid». Para el juez, como afirma que ya trasladó a los abogados, con ello infringen lo previsto en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que «el abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario será corregido con multa de 500 a 10.000 euros».

Pero lo cierto es que es habitual que la prensa comente con fuentes jurídicas lo ocurrido en las salas de declaraciones de causas que tienen claro interés público, como es el caso de la abierta a la esposa del presidente del Gobierno o la que se instruye en el Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes también del Gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, por delitos de corrupción y en la que, por cierto, también hubo declaraciones de investigados esta semana: la del asesor del exministro, Koldo García, el martes y la del empresario que presuntamente les entregó mordidas, Víctor de Aldama, el lunes. En dicha causa, el instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decidió aunar a las acusaciones populares en la del PP y no permitió al resto de abogados entrar en la sala de declaraciones. Un asunto que los representantes legales, que pertenecen a las mismas acusaciones del caso Begoña Gómez, consideraron que merma sus derechos y los de los ciudadanos, puesto que ellos representan sus intereses. Tanto por ese asunto como por la posible multa por hablar con la prensa, que ven que pone en peligro la libertad de información tras las declaraciones del caso Begoña Gómez, solicitarán amparo al Colegio de Abogados de Madrid, según anunciaron ayer.