La familia de Couso contempla emprender acciones legales tras las revelaciones de Wikileaks
El hermano del cámara califica de «gravísimos» los datos publicados sobre la investigación del caso
Javier Couso, hermano del cámara de Telecinco José Couso, fallecido en Irak el 8 de abril de 2003, ha anunciado hoy posibles acciones judiciales, ha expresado su "indignación" y ha calificado de "gravísimas" las revelaciones de Wikileaks sobre el caso judicial de Couso. EEUU presionó al Gobierno español para "frenar o boicotear" las causas judiciales abiertas en España contra políticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en el caso Couso y otras causas judiciales, según documentos secretos y reservados filtrados por Wikileaks.
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Javier Couso ha asegurado hoy: "Siempre hemos sabido que existía connivencia por parte del Gobierno español..., lo sabíamos por la gente buena que todavía existe en los entornos judiciales". "Es algo que llevamos denunciando desde el primer momento", ha aseverado Couso. "¿Yo me pregunto ahora dónde queda nuestra soberanía nacional?", ha opinado el hermano del cámara de Telecinco, quien ha agregado que la familia iniciará acciones legales una vez analizados en profundidad los documentos relativos al "Caso Couso" en Wikileaks y comprobado que procede.
Un documento de 2007 destaca que el Gobierno estaba ayudando en el «caso Couso»
Además ha trasladado su satisfacción por el hecho de que hay órganos judiciales que sí les defienden. Un documento fechado en primavera de 2007 destaca que el Gobierno español estaba ayudando en el "Caso Couso". Así, en abril de ese año, en un encuentro entre el entonces embajador estadounidense en España, Eduardo Aguirre, y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ésta le aseguró que "estaba muy implicada en el seguimiento del caso" y que "una de las opciones que se estaban sopesando era la de presentar un recurso".
Además en enero de 2007, Conde-Pumpido mantuvo una entrevista con el embajador Aguirre para tratar el caso Couso. El fiscal general del Estado explicó q ue el Gobierno no podía hacer nada en este caso , pero que los fiscales "seguirían oponiéndose" a las órdenes de detención contra los tres militares implicados.
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