Las Cortes piden al Tribunal de Cuentas que fiscalice al CIS y RTVE

Las Cortes han respaldado este martes la iniciativa de Partido Popular y Vox de solicitar al Tribunal de Cuentas sendos informes de fiscalización sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y sobre Radio Televisión Española (RTVE), centrados en la contratación de los últimos años, por el incremento de su gasto.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el órgano fiscalizador, celebrada en el Senado, ha respaldado por 20 votos, frente a 15 negativos y cero abstenciones ambas propuestas, a pesar de que tanto PSOE como PNV consideraron que no buscan transparencia, sino que se trata de «un juego político para embarrar el debate».

La propuesta de fiscalización para el CIS, que parte del PP, busca aclarar el incremento del presupuesto del órgano de encuestas sociológicas que pasó de 11,8 millones en 2022 a 15,9 millones en 2023, «el más alto en los últimos 15 años», denunció la diputada Pilar Alía, quien ha defendido la propuesta.

La parlamentaria ha afirmado que «a pesar de las numerosas polémicas y controvertidas decisiones del CIS, en numerosas ocasiones de forma arbitraria, el órgano fiscalizador no ha elaborado de oficio un informe de fiscalización en los últimos seis años».

Recordó que en octubre de 2018, mediante resolución del presidente, se delegó a la secretaría general del CIS la competencia de gastos de contratación de personal por valor de hasta 300.000 euros, que en 2022 se amplió a 950.000 euros. «Las partidas de personal se han incrementado más de 1,5 millones de euros y Tezanos en la Comisión Constitucional dijo que se han tenido que contratar 12 doctores y 5 catedráticos. Todo para cometer fallos reiterados en las predicciciones de voto. Según él se debe a que casi todo el mundo se decide en el último segundo. Para llegar a esa conclusión, les sobra personal. Para el PP es de especial interés la solicitud de este informe, revertir esta anómala situación analizando con rigor la contabilidad y evaluando la adecuación o no de los gastos de este organismo», ha defendido.

En cuanto a la propuesta de Vox sobre la televisión pública, lo que busca la formación de Santiago Abascal es que el Tribunal de Cuentas elabore un informe de fiscalización «de la contratación administrativa, laboral y mercantil de la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., correspondiente a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023».

El diputado Juan José Aizcorbe ha hablado de un «activismo y sindicalismo inaceptable» en RTVE, así como ha considerado que la situación de las audiencias es «una de las peores de su historia» como justificación de la solicitud del informe.

«No deja de ser llamativo que en una entrevista que se hizo a Sánchez se abordara el asunto de la regeneración de los medios de comunicación pero nadie habla de cómo se hará eso con la televisión pública, maleada por los distintos gobiernos hasta tal punto de dejarla exhausta y casi sin fuerzas para remontar. Porque hubo un tiempo en que sus profesionales hubiera protestado si alguno de sus presentadores pontificara sobre el Ejecutivo como lo hace Silvia Intxaurrondo por las mañanas», ha criticado el parlamentario. «Allí hay multitud de simpatizantes con la causa y jóvenes sabedores de que una palabra más alta que la otra podría acabar con su contrato temporal. Pocas voces critican las maniobras del Gobierno con la corporación. Huele a desastre en Prado del Rey», ha afirmado.

Tanto la diputada del PSOE Marta Trenzano como los de Junts y PNV, José María Cruset y María Dolores Etxano argumentaron la oposición de sus grupos a las propuestas en que ya existe una fiscalización de ambos organismos por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), así como una comisión mixta de RTVE y la Comisión Constitucional del Congreso donde comparece el presidente del CIS para pedirle explicaciones. Consideraron que las propuestas de PP y Vox van encaminadas al rédito político y no a aportar mayor transparencia.

Una vez la propuesta de ambos informes ha salido adelante con una mayoría de votos favorables de la Comisión Mixta, el órgano fiscalizador analizará su contenido y valorará, entre otras cuestiones, su viabilidad técnica.

La Comisión Mixta puede proponer las fiscalizaciones que considere oportunas y el Tribunal de Cuentas las incorpora a su programa anual de fiscalizaciones, aprobado al final de cada ejercicio, si del citado estudio entiende que es apropiado, informaron desde el órgano fiscalizador.