Contratos amañados y mordidas para Ábalos, Koldo y el PSOE: Aldama se ratifica en el Supremo

Lo primero, decía saberlo porque lo pagaba él. Según explicó, estableció un mecanismo por el que desde el año 2019 estuvo pasando el plato a una batería de empresas que entregaban entre el 1 y el 1,5 por ciento del contrato de obra que se les adjudicaba en concepto de comisión, aunque también había «hitos» que se cobraban aparte. De esa «recaudación», que ascendería en total a entre 3,5 y 4 millones de euros en dos años, una parte se la quedaba él mismo por hacer «de valija», otra se la entregaba a Koldo y otra al propio Ábalos. Refirió 170.000 euros en metálico en su casa de El Viso, a la que fue tres veces, y otras cuatro o cinco visitas con efectivo al ministerio.

En cuanto al partido, lo sabía por referencia. Aldama declaró que tanto Ábalos como Koldo le hicieron saber, y de forma «continuada», que una parte de aquellas mordidas iba para el PSOE, según informaron a ABC fuentes presentes en la declaración. No supo concretar más porque cuanto conocía lo sabía por ellos dos, que eran «su fuente», y prueba poca podía aportar porque se trataba de dinero opaco, pero tenía para sustentar su relato dos documentos sobre la mesa. En uno se reproducían whatsapps con Koldo en los que hablaba de adjudicaciones amañadas de ese tipo. En otro, el asesor había escrito un listado de su puño y letra con determinadas infraestructuras.

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Isabel Vega

Algunas coinciden con las que aparecían en la lista del presupuesto de la Dirección General de Carreteras de 2021 que también Aldama aportó en su día al Supremo para poder exponer que las obras subrayadas eran aquellas en las que mediaba comisión. Sólo disponía de ese papel, dijo este lunes, porque se lo dio Koldo García, pero no era una excepción. La mecánica habría estado funcionando desde, al menos, 2019, y no sólo en Carreteras. Sostuvo ante el magistrado del Supremo Lepoldo Puente que la mecánica afectó también a ADIF, en conservación y mantenimiento, y que su entonces directora, Isabel Pardo de Vera, estaba harta de que Koldo García le presionase con las obras.

Hubo una primera vez, según explicó a preguntas de su defensa. Como Aldama tenía experiencia en el área de la construcción, le propusieron que les ayudase a «organizar el tema», pero la primera vez fue casi un favor. Koldo García, siempre según la versión del comisionista, le pidió ayuda porque para «ellos» era «difícil coger dinero de la caja del partido» porque no podían después justificarlo, así que le solicitaron que aportase una cantidad que luego se le devolvería. Aldama dijo que no hacía falta que le restituyesen ese dinero (no concretó la cuantía ni el destino), pensando que así abría la puerta a una relación de confianza. Y funcionó. Se acabó institucionalizando el sistema, de hecho Aldama dijo este lunes que tal vez en Transportes había «otras personas» haciendo lo mismo que él, porque no controlaba a todas las adjudicatarias.

Dio media docena de nombres de empresas con las que habría intermediado y volvió a asegurar que el contrato de alquiler con opción a compra de un piso en Castellana que firmó con Ábalos lo fue en este contexto. Un acuerdo ficticio para garantizarle que esas empresas pagarían su mordida. A él la vivienda le había costado 526.000 euros y Ábalos nunca la iba a poder ocupar porque tenía un inquilino dentro, algo de lo que ambos siempre fueron conscientes, según Aldama. «No iba a pagar la renta», aseguró. Tampoco pagaría el piso de su novia en el centro de Madrid que pagarían más de dos años su socio, Koldo García, y su hermano Joseba. El comisionista aseguró ante el juez que fue así porque Ábalos lo pidió.

Sin salir del ámbito de la obra pública, Aldama se ratificó este lunes en su acusación contra el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el sobre con 15.000 euros que le habría dado Koldo García en su presencia para apaciguarle por una obra amañada en su territorio, el «cupo», que dijo en la Audiencia Nacional. Ante el Supremo, Aldama concretó que con la maniobra en favor de una constructora habían perjudicado a Acciona y así, enfadado a Cerdán, «ese electricista de mierda», en palabras de Koldo García. Por eso, pagó. Al entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, sin embargo, no. Aldama decía que le había pedido a través de Koldo García 50.000 euros y que se negó. Preguntado por este asunto, dijo que Koldo le mandó los pantallazos de Torres pidiendo el dinero.

A lo largo de toda la comparecencia, que fue «sólida» a ojos de los investigadores, Aldama dejó otras perlas, como que al Ministerio de Transportes entraba por la misma puerta que el ministro, que Ábalos selló la carta que debía acreditarle ante el opositor venezolano Juan Guaidó como si fuera «un ministro de exteriores», o que con las mascarillas se registraron otras ofertas para «cubrir el expediente» porque en realidad se las iba a quedar Soluciones de Gestión, en la que él intermediaba.

Y hablando de intermediación, reconoció que Koldo García era quien le abría puertas dentro de Transportes y que mantuvo relación también con el presidente de Correos y ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, pero aseguró que Ábalos lo hacía fuera. Según declaró, le hizo de puente para mover proyectos con la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la entonces titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera. También con la actual presidenta del Congreso y entonces del gobierno de Baleares, Francina Armengol. Según Aldama, fue Ábalos en persona quien intercedió para que la comunidad no reclamase a Soluciones de Gestión por las mascarillas 'fake' que les habían vendido. La razón, dijo el comisionista, que a veces Koldo estaba liado y algo era urgente y entonces recurría directamente al ministro.

Insistió el comisionista en este punto en imputarse un delito de tráfico de influencias pero el magistrado le dijo que no era su competencia decidir. En varios momentos se arrogó delitos, una estrategia que en la Audiencia Nacional le granjeó la confianza de Anticorrupción en que colaboraría con la Justicia y acabó por ello saliendo de prisión sobre la marcha. De momento, se le imputa organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en la causa en el Supremo, por lo que el instructor le retiró el pasaporte y le impuso acudir cada quince días a firmar.