La contabilidad B de la trama: los chats apuntan que el guardia civil detenido recibía 2.000 euros al mes

Así se desprende de las conversaciones intervenidas a uno de los socios de Aldama, César Moreno, tanto en chats con el propio comisionista como en el grupo que compartían ambos con otros dos señalados -Ignacio Tapia y Javier Serrano- y que se denominaba «los 4 mosqueteros». Entre todos, llevaban una especie de negocio de test de detección de covid que les estaría generando importantes cantidades en efectivo, de acuerdo a las fotos de billetes que ellos mismos compartían.

En una de esas conversaciones, de diciembre de 2020, Aldama envía al grupo «un mensaje reenviado con los datos personales de una persona, para que le hagan hueco en la clínica el día 18 de diciembre de 2021 a las 10:00 horas, para realizarse una PCR, avisando de que 'es uno de Rubén'», mismo nombre de pila del miembro de la Guardia Civil detenido. Los datos que proporciona corresponden a un Teniente Coronel que sería «amigo» del mencionado.

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Sigue escribiendo y avisa de que ese amigo, «está en la clínica y parece que no tenía cita». Victor les dice que llamen porque «parece ser que ha pagado» y ordena que si ese teniente coronel sigue allí, «le devuelvan el dinero». «No podemos tener estos fallos con nuestra gente», subraya. Ya les abroncará otra vez más adelante por lo mismo. Habían «cobrado a un guardia civil que ha ido a la clínica». «Es el que os dije el otro día que no cobráramos, que parece que hacemos las cosas del revés, pero bueno. Que es el cuarto o el quinto que Rubén nos llama la atención porque va a la clínica y no hacemos lo que pide», subraya.

Hay más referencias a ese «R» o «Rubén» que los investigadores identifican como el mando de la Guardia Civil finalmente detenido y tienen que ver con el dinero que presuntamente, le habrían estado pagando. En febrero de 2022, por ejemplo, Aldama subraya al grupo que ha tenido una reunión con R «que flipas» y le ha hecho «una gestión en B que es la hostia». Nacho (Ignacio Tapia) contesta sobre R: «Es lo mejor que tenemos».

En esas mismas fechas, «Victor le dice a César en una conversación privada entre ambos, que le lleve los abonos del fútbol a la oficina y »lo otro«. Su interlocutor le pregunta si se refiere a »los 1.500« y Aldama contesta que sí. Lo de R 2 lo de todos los meses». El pantallazo de ese intercambio será reenviado después por César al grupo, donde harán números. «Nacho no tiene?» pregunta uno de los interlocutores y Javier Serrano contesta: «Pagaron a K ayer». La Guardia Civil identifica a K como Koldo García, el asesor de Ábalos.

Se esclarecerá el esquema en una nota que se envían el 1 de abril de 2022 con una lista de «gastos fijos» y suma 89.100 euros. Recoge la referencia «R 2.000». La Guardia Civil se detiene en otra anotación: «K 10.000» y la interpretación que hace es que se trataría de una lista de pagos en efectivo, incluyendo esa cuantía para Koldo García. El asesor llevaba a mano su propia contabilidad en B. En su casa apareció un documento en el que había apuntado bajo epígrafe de «ingresos» una entrega de 10.000 en metálico de enero y otra igual de marzo.

Según informaron a ABC en fuentes jurídicas, la referencia a los pagos y a su persona a lo largo de las conversaciones quedaron plasmadas este miércoles en el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional al frente del caso, Ismael Moreno, le puso en libertad con medidas cautelares, tras haber sido detenido por la Guardia Civil en una pieza secreta de la investigación diseñada ad hoc para evitar alertarle de que le estaban siguiendo la pista.

R.V. llevaba un tiempo destinado como agregado de la Embajada de España en Caracas, como informó este diario, y no se encontraba en territorio nacional cuando el 20 de febrero estalló la operación por las presuntas mordidas y el tráfico de influencias en la venta de hasta 53 millones de euros en mascarillas al Ministerio de Transportes, el de Interior y las comunidades de Canarias y Baleares.

De acuerdo a las mismas fuentes, esa resolución no relaciona a R con el chivatazo que, según comentaba Koldo García en una de las conversaciones intervenidas, había recibido de miembros de la Guardia Civil y en concreto, de la UCO, que le pusieran sobre la pista de la existencia de esta causa que arrancó con unas diligencias de la Fiscalía Anticorrupción en marzo del año 2022.