El Congreso se deja en traductores casi 800.000 euros en menos de un año

La prebenda se concedió a los independentistas, que llevaban años reclamándola, a cambio de que apoyasen con sus votos la candidatura de Armengol a presidir el Congreso, invalidando a su vez la opción propuesta por el PP –ganador de las elecciones–, Cuca Gamarra. El PSOE consiguió con ello controlar los tiempos de cara a la investidura de Pedro Sánchez –también a la fallida de Alberto Núñez Feijóo–, para darle margen para negociar el otro y más relevante cambio de opinión: la ley de amnistía. Pero volviendo a la cuestión lingüística, el uso del catalán, el euskera y el gallego en una institución donde todos los presentes hablan perfecto castellano ha costado, en apenas diez meses, 780.546,18 euros a las arcas públicas.

En un momento delicado, donde Sánchez perdió los comicios, pero sumaba mayoría absoluta si añadía a Junts per Catalunya, el partido del prófugo Carles Puigdemont, a su ya complicada ecuación, la precipitación marcó la línea de acción de los socialistas, que borraron otra de sus líneas rojas por aquello de que no gobernase «la ultraderecha». Solo eso explica que el 19 de septiembre, el día que se debatía la toma en consideración de la reforma del 'Reglamento del Congreso' para incluir la posibilidad de utilizar lenguas cooficiales, ya se permitiese el empleo del catalán, el euskera y el gallego, entre fuertes protestas de PP y Vox –los diputados de Santiago Abascal abandonaron el hemiciclo–, y se estrenase un sistema de traducción simultánea.

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Para ello, del 19 de septiembre a diciembre del año pasado, el Congreso provisionó doce contratos menores a otros tantos intérpretes de hasta 18.149,99 euros: 14.999,99 más 3.150 de IVA. La cantidad, un céntimo menor de los 15.000 euros –sin tener en cuenta el impuesto sobre el valor añadido–, no es casual. Y es que el artículo 118.1 de la Ley de Contratos del Sector Público dice lo siguiente: «Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal».

Al trocear los contratos en doce diferentes, y no otorgar uno solo por los 179.999,88 euros sin IVA que suman todos ellos, el Congreso consiguió salir del paso y evitar la necesidad de someter a concurso público este nuevo servicio. El Partido Popular, ya entonces, denunció la treta de Armengol y se quejó de que estaba cayendo en una suerte de fraude de ley al esquivar una licitación al uso.

Esto no se limitó a la primera vez que se emplearon traductores en la Cámara Baja –antes de contar con el aval reglamentario–, sino que se ha repetido desde entonces, a la espera de que se adjudique la licitación. Entre el 19 de septiembre del año pasado y este 23 de julio, se han otorgado un total de 249 contratos menores por un total de 780.546,18 euros. «No se ha seguido el procedimiento más transparente y legal debido a las hipotecas de Sánchez con los independentistas, y a las prisas al inicio de legislatura para conseguir la Presidencia del Congreso y que los independentistas apoyaran con más cesiones a Sánchez como presidente», comentan fuentes del PP consultadas por ABC.

La Junta de Contratación del Congreso, el órgano encargado de gestionar las obras, servicios y suministros necesarios, acordó el 21 de marzo el procedimiento abierto y pliegos del contrato sobre el uso de lenguas cooficiales, pero aún no se ha adjudicado. En la práctica, ha pasado un año desde la promesa de Armengol y entre septiembre y julio se ha recurrido a contratos menores para que sus señorías puedan entender a los diputados que utilizan el catalán, el euskera o el gallego.

Fuentes cercanas a la Presidencia del Congreso garantizan a este diario que la licitación debería estar ya adjudicada «a finales de verano o principios de otoño» siempre que no haya impugnaciones ni recursos que la retrasen. En cualquier caso, ajenas a las críticas del PP, estas fuentes defienden el recurso constante a los contratos menores y el procedimiento seguido desde el compromiso adquirido por Armengol en su toma de posesión como tercera autoridad del Estado.

«Son [los contratos menores] la herramienta provisional que se ha utilizado para dar cumplimiento a lo que supuso la modificación del reglamento en septiembre. Desde el Congreso se ha trabajado mucho para conseguir sacar una licitación tan complicada, y sin precedentes, en tan poco tiempo. Y estamos muy satisfechos con el trabajo técnico que ha permitido sacar el concurso, con el que esperamos que se adjudique pronto para darle seguridad jurídica y administrativa a la medida», exponen desde el entorno de la presidenta Armengol.

Esa «herramienta provisional» va camino de su primer aniversario. Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, a los doce contratos iniciales, concedidos a tres traductores de euskera, cuatro de catalán y cinco de gallego, se suman un contrato a Ados Traducciones y Transcripciones SL, los auriculares Bosch y el alquiler de equipamiento de traducción simultánea (en total 62.049,12 euros); dieciséis concedidos el 21 de diciembre por 257.003,86; siete más el 7 de febrero por 12.826 euros; y 67 el 21 de marzo por 85.658,85. También 57 convalidaciones el 23 de abril por 55.184,47 euros; otras veinticinco el 28 de mayo por 23.958 euros; catorce el 25 de junio por 15.246; y otras 49 ya este verano, el 22 de julio, por 50.820 euros.

Al margen del aspecto meramente económico, el uso de las lenguas cooficiales ha llevado a situaciones polémicas como la decisión de los diputados de Junts de expresarse solo en catalán, incluso cuando conceden declaraciones a los medios en espacios sin traductores y reciben preguntas en español. También se han visto los problemas para implementar este sistema, que no se empezó a usar en las comisiones hasta enero, y que ha dejado alguna anécdota para el recuerdo, como el día que se alargó más de lo previsto la Comisión de Trabajo y los intérpretes se marcharon a la de Cultura obligando a sus señorías, quién se lo iba a imaginar, a hablar en castellano hasta el final de la sesión.