El confidente y socio del jefe de la UDEF le pagaba a través de dos sociedades

Según las pesquisas, constan pagos al funcionario de Policía realizados desde una sociedad que administraba Ignacio T. y desde otra de la que era apoderado, «enmascarados tras contratos de cuentas en participación, para ocultar la procedencia de esas cantidades, que sería el tráfico de drogas». Las conversaciones que habrían mantenido a través de Sky Ecc, uno de los chats encriptados que utilizan los narcos, apuntalan los indicios contra ellos.

Así lo recoge un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consultado por ABC, en el que se desestima el recurso que planteó el confidente contra la decisión del juez Francisco de Jorge de enviarle a la cárcel. Alegaba que, al estar la causa secreta, no se le había proporcionado la información necesaria para conocer los motivos de su imputación ni tampoco acceso a los «elementos esenciales» para poder impugnar su privación de libertad. Negaba, además, que existiera riesgo de fuga dado su «arraigo laboral y familiar en España».

No obstante, la Fiscalía Antidroga se opuso al recurso y la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, compuesta por los magistrados Alfonso Guevara, Jesús Eduardo Gutiérrez y Ana María Rubio, siguió su criterio al entender, al igual que el instructor del caso, que la «elevada pena que llevan aparejados los hechos investigados evidencia el riesgo de fuga» de Ignacio T. A ello se une, añade, que algunos miembros de la presunta organización criminal -al menos dos, los propietarios de la empresa exportadora de fruta donde se camuflaba la droga- se encuentran huidos y «podrían prestarle apoyo y cobertura en el caso de que decidiera sustraerse a la acción de la Justicia». El hecho de que la investigación siga su curso, razona, también pone de manifiesto que existe riesgo de destrucción de pruebas, lo que «sustenta», según los magistrados, la situación de prisión provisional del socio de Sánchez Gil.

En lo que respecta a la «escueta» información facilitada por parte del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional denunciada por el abogado del confidente, la Sala recuerda que la causa está secreta y concluye que «resulta ponderado el temporal sacrificio de los derechos a la defensa y acceso al expediente a fin de prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso sin perjuicio de poner todo lo actuado en conocimiento de las partes en su momento, una vez se alce el secreto».

Ignacio T. fue uno de los 15 detenidos que el juez De Jorge envió a prisión provisional el pasado 8 de noviembre junto a Sánchez Gil, su mujer -otra agente de Policía destinada en la Comisaría de Alcalá de Henares (Madrid)-, y su cuñada. Entonces, ante el instructor en la Audiencia Nacional, el confidente respondió únicamente a las preguntas formuladas por su letrado para explicar la procedencia de sus bienes.

Constan en la causa conversaciones en Sky Ecc, la aplicación de mensajería encriptada utilizada por delincuentes y narcotraficantes desmantelada en 2021, que comprometerían -según fuentes conocedoras de la investigación- a quien fuera el inspector jefe al mando de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. En lo que a él respecta, su defensa también ha recurrido la decisión del magistrado de enviarle a prisión, si bien su pretensión de quedar en libertad provisional ha sido desestimada, señalan las fuentes consultadas.

Mientras los investigadores continúan centrados en la investigación patrimonial, siguiendo el rastro de la fortuna que, sospechan, la organización criminal del exjefe de la UDEF pudo amasar en los años en los que operó, aparte de los más de 20 millones de euros que el agente había emparedado entre su casa de Villalbilla, su chalé de Denia (Alicante) y su despacho de la Jefatura Superior de Madrid. Los ojos están especialmente puestos en Dubái, escondite por excelencia de grandes capos de la droga, y posible base y lugar donde se podría haber ocultado parte del dinero que, reconocen las mismas fuentes, es difícil cuantificar.

Precisamente la segunda fase de la operación policial, explotada el pasado mes de diciembre, se saldó con la detención de cuatro presuntos blanqueadores de la red, de los cuales tres fueron enviados a prisión. De ellos, uno, el abogado Mario Pestaña Sartorius, considerado una figura clave en el entramado de blanqueo, acabó logrando su puesta en libertad tras pagar una fianza de 20.000 euros, una cantidad muy baja, señalan las fuentes consultadas, para quien trabajaba con una red de capacidad incalculable y teniendo en cuenta que las pesquisas le sitúan recibiendo de sus miembros bolsas de dinero en efectivo procedente del narcotráfico.