Conde-Pumpido aprovecha la expulsión de Macías para acelerar el fallo del Tribunal Constitucional sobre la amnistía

Será un tribunal integrado por la totalidad de sus miembros, es decir, los doce magistrados, el que decidirá sobre su admisión, que la mayoría progresista da por hecha al tratarse de un asunto de «especial trascendencia constitucional», exigencia legal que se introdujo en 2007 para reducir el número de recursos de amparo que se acumulaban en el órgano de garantías.

Sin embargo, y pese a que de la decisión sobre el fondo depende la inhabilitación del líder de ERC, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, no está previsto que el Tribunal Constitucional adelante su posición sobre estos amparos a la resolución del recurso de inconstitucionalidad del PP contra la ley de amnistía, tal y como informan a ABC fuentes del órgano de garantías. No será necesario. Y ello porque, al margen de cómo acabe la ofensiva legal que los populares han planteado contra la decisión -de dudosa legalidad- de extrapolar la recusación del conservador José María Macías a todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad relacionadas con esta ley, la expulsión de este magistrado ha logrado un doble efecto que beneficia a la mayoría progresista: además de reducir de cinco a cuatro los miembros de la minoría conservadora, se ha logrado que no sea el ponente de este recurso, lo que le correspondía.

El hecho de entregar el borrador de sentencia a la mano derecha de Conde-Pumpido, la vicepresidenta progresista Inmaculada Montalbán, permitirá agilizar la respuesta al recurso del grupo popular y que lo que con él se decida se pueda extrapolar al resto de recursos de inconstitucionalidad interpuestos por gobiernos y comunidades autónomas del PP (además del promovido por el Gobierno socialista de Page), y que son casi una veintena.

Por lo pronto, ya se ha creado un grupo de trabajo compuesto por seis letrados que apoyarán a Montalbán en la redacción de esta ponencia, un procedimiento muy similar al que utilizó en el caso de los ERE, en el que esta misma magistrada actuó como ponente de las sentencias que el año pasado desactivaron la malversación del fraude de las ayudas sociolaborales por el que el Tribunal Supremo condenó a dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellos al expresidente José Antonio Griñán.

Además de refuerzos, Conde-Pumpido ha dado un plazo de dos meses a este grupo de letrados para que tenga preparada una ponencia, algo que no habría podido ordenar si el ponente de este recurso hubiera sido Macías. En ese caso, y ante un eventual borrador de sentencia declarando la inconstitucionalidad de la ley y que no convenciera a la mayoría progresista, fuentes jurídicas recuerdan que la ponencia tendría que haber pasado a manos de otro magistrado con la lógica dilación en los tiempos, pues habría que haber redactado un nuevo texto.

Tras el debate sobre el recurso de inconstitucionalidad del PP, el Pleno del TC abordará el fondo de los recursos de amparo que los líderes independentistas han presentado contra el Tribunal Supremo por no aplicarles la amnistía, un debate en el que, por lo menos de momento, participarán dos de los magistrados que, sin embargo, no estarán en las deliberaciones sobre la constitucionalidad de la ley: Juan Carlos Campo (por su abstención) y el propio Macías (por su recusación). Fuentes del TC justifican la presencia de ambos magistrados en que se trata de la aplicación de una ley en el marco de unos recursos en los que no se les ha recusado.

Respecto a la presencia de Conde-Pumpido, quien en su día se abstuvo de los recursos relacionados con el 'procés' y cuya presencia crea suspicacias en el sector conservador, fuentes próximas a la presidencia recuerdan que los amparos de ahora versan sobre la aplicación de una ley nueva que no existía en el momento en el que él se abstuvo. Aquella abstención, añaden esas fuentes, se refería a unos asuntos concretos en los que, además, había sido recusado, algo que no ha sucedido ahora. El propio Pleno sentenció en octubre que la abstención en lo asuntos del 'procés' no afectaba a los procedimientos relacionados con la amnistía.