La víctima del ex de Oltra no denunció los abusos por miedo y critica ante el juez que tuviera que convivir con su agresor
La joven declara como testigo en la causa que investiga la gestión que la Generalitat Valenciana hizo de unos hechos ocurridos hace siete años
El Supremo confirma los cinco años de cárcel para el exmarido de Mónica Oltra por abusar sexualmente de una menor tutelada
La joven tutelada por la Generalitat Valenciana que sufrió abusos sexuales continuados por parte de un educador ha reiterado ante el juez que tuvo miedo y vergüenza de denunciar lo ocurrido, entre 2016 y 2017, y temía que no la creyesen. El motivo: su agresor mantenía una relación sentimental con una mujer importante, en referencia a su entonces pareja, la exvicepresidenta autonómica Mónica Oltra. La joven, que tenía 14 años en el momento de los hechos, ha comparecido este miércoles como testigo en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.
Durante alrededor de una hora y media, Teresa T. ha tenido que responder a las preguntas del juez, el fiscal y los abogados de las acusaciones y los dieciséis imputados -Oltra y parte de su equipo- en la causa que investiga la gestión que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas hizo de estos abusos. En paralelo, horas antes, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Luis Ramírez Icardi a cinco años de prisión.
Fuentes presentes durante la declaración, que no ha aportado novedades al caso, señalan a ABC que no han sido pocas las ocasiones en las que la joven no ha podido contestar con claridad a lo que se le cuestionaba, teniendo en cuenta que se trata de unos hechos traumáticos que ocurrieron hace siete años. Los trámites posteriores, ha matizado, los ha ido conociendo por sus abogados y por la prensa.
También ha manifestado que no se sintió respaldada por las instituciones y ha lamentado que tuviera que convivir con el educador desde febrero -cuando comentó por primera vez lo que ocurría en el centro de acogida- hasta agosto, mes en el que la Conselleria empieza a actuar tras tener constancia Oltra -así lo indicó ella ante el mismo magistrado- de la denuncia que la menor había formalizado ante la Policía Nacional en junio. La menor fue trasladada a otra residencia y al monitor se le asignaron otras tareas administrativas hasta que pudo ser despedido una vez ya condenado.
Además, la víctima ha reconocido que Cristina Seguí -acusación popular a través de su asociación Gobiérnate- le ofreció trabajo y vivienda en Madrid, pero ha incidido en que no fue a cambio de que denunciara la supuesta desprotección de la Administración pública. Por su parte, Vox también ejerce como acusación en este procedimiento abierto a finales de 2021.
«Ganas de que todo termine»
A la entrada de la Ciudad de la Justicia de Valencia, uno de los abogados de Teresa T., Manuel Salazar, se ha mostrado satisfecho ante el fallo del Tribunal Supremo, aunque ha matizado que «hubiéramos estado mucho más si la Conselleria hubiera hecho lo que tenía que hacer», «velar porque aquello no se produjera. En su lugar, ha aseverado, «evitó y tapó» lo ocurrido, intentó que Icardi «saliera impune» y no intervino para que dejaran de compartir el mismo edificio. Su cliente, ha señalado, tiene «ganas de que todo termine y se haga Justicia».
La causa se inició a raíz de la denuncia de la víctima -bajo la representación del abogado y líder de España 2000, José Luis Roberto- tras señalar diversos pronunciamientos judiciales el supuesto desamparo sufrido por quienes debían tutelarla. La figura más relevante de Compromís dimitió de todos sus cargos y abandonó la política en 2022 como consecuencia de esta investigación. Ahora, ha retomado su labor como abogada.
El rastreo policial de las comunicaciones oficiales cruzadas por los investigados en momentos clave de los hechos terminó sin que se encontraran indicios de encubrimiento. Preguntado por los medios sobre la ausencia de directrices de Oltra a sus subordinados para ocultar lo abusos en esos correos intervenidos por el juez, Manuel Salazar ha indicado que «el informe policial no dice que Mónica Oltra no tuviera nada que ver, sino que no se han encontrado correos, porque cuando se borran no dejan rastro».
A la salida, Salazar -que no ha querido entrar en los detalles de la declaración- también ha recordado que, aunque obtuvo un trabajo en el hospital de Torrevieja, tras el paso de gestión privada -Ribera Salud- a pública, tanto Teresa como su entonces pareja fueron despedidos y posteriormente indemnizados por orden judicial.
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La de la víctima -a la que se ha retirado la custodia de sus dos hijos y está pendiente de un juicio por un presunto intento de estafa- es la última de las declaraciones previstas, tras desfilar por los pasillos de la Ciudad de la Justicia todos los imputados y algunos testigos durante el último año.
Hace unas semanas, el instructor prorrogó la causa hasta el 30 de abril de 2024, argumentando que estas actuaciones pendientes puede traer como consecuencia «la práctica de diligencias derivadas de las mismas, por lo que resulta imprescindible la prórroga que se acuerda, sin perjuicio de que la instrucción pueda finalizarse mucho antes, si no se dieran las circunstancias anteriormente señaladas».
Entre otras, la coordinadora jurídica nacional de Vox, Marta Castro, ha apuntado que su formación ha pedido al juez que tome declaración a los policías que atendieron a la víctima en junio de 2017. De momento, ha afirmado que estudiarán si solicitan también la comparecencia del educador condenado.
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